Publicado en línea el Domingo 17 de abril de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)


Recientemente, ATSA Rio Grande, UPCN, la Seccional de ATE Río Grande y Tolhuin resolvieron negociar por su cuenta con el gobierno de Rosana Bertone y levantar la carpa instalada en San Martín y Belgrano. Sin embargo, la dirigente de APOC, Elisa Dietrich, aclaró que no se rompió la unidad, “Seguimos todos unidos”, indicó. Por Patricia Rodríguez para ANRed


La protesta en Tierra del Fuego viene de larga data, desde hace 45 días se está llevando adelante distintas medidas como acampes, marchas, impedimento de paso a funcionarios, denuncias, escraches. El martes 12 de abril, en el marco del recrudecimiento del "plan de lucha", en función de exigirle a la gobernadora un canal de diálogo para que atienda los reclamos laborales, la respuesta desde la gobernación fue una sordera crónica que demuestra la falta de voluntad política. La profundización de las medidas de lucha fue una derivación ante la inacción del gobierno provincial. Los objetivos planteados para el día 12 de abril eran “parar políticamente” la ciudad y uno de los puntos estratégicos fueron los cortes en la planta Orión de YPF, que abastece a toda la provincia de combustible. En ese sentido, se estableció un diálogo con el sindicato de camioneros, ya que muchos de sus trabajadores en alguna medida, también se vieron afectados por el ajuste. Si bien, en un principio hubo acuerdo, luego el diálogo se tensó. Finalmente concluyó con fuertes agresiones a los trabajadores estatales y varios heridos.

Sin embargo, queda claro cuál es la lógica del sindicato de camioneros, sus características y sus intereses. Dicha actitud demuestra no sólo la poca solidaridad con los trabajadores estatales, sino también la clara intención de salir a bancar al gobierno provincial. Resulta paradójico que un gremio de trabajadores no apoye las medidas de los trabajadores y en oposición responda en forma patoteril.

El paquete de medidas aprobado en la madrugada del 8 de diciembre no sólo perjudica el régimen jubilatorio de los trabajadores, sino también se centra en un duro ajuste provincial, elevando los impuestos como el inmobiliario, automotor y creando, por impulso de los legisladores, el Impuesto a las ganancias en la provincia. Por lo tanto, queda en evidencia que la crisis la pagan los trabajadores, cuando ellos mismos la generaron al vaciar la caja del IPAUSS (Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social) entre otras cosas. En ese marco, desde hace 45 días se sostiene una lucha unificada, hecho inédito en la historia de Tierra del Fuego, porque por primera vez, distintos gremios acordaron en un marco de alianzas. Precisamente, ante el peligro que representa la unidad de los trabajadores, el gobierno intenta resquebrajarla, fragmentarla, utilizando distintas estrategias. Rosana Bertone, gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, electa con más del 60% de los votos, en la lista del FPV, es hoy una de las gobernadoras peronistas que pide “acompañar a Macri” en sus medidas. En ese camino, de fragmentar la lucha, recientemente, Bertone se reunió con ATE Río Grande, firmó algunos documentos, por lo que ya no se encontraban presentes en el acampe. La gobernadora juega al desgaste frente a los 45 días de paro ininterrumpidos.

A propósito de las estrategias utilizadas por el poder para romper la acción conjunta, la dirigente de APOC, Elisa Dietrich, en una asamblea aseguró que si bien preocupó la noticia sobre el acuerdo de ATE Río Grande con el Gobierno y la ruptura con el resto de los gremios, ellos no pueden sentarse ni hoy, ni mañana, con ningún representante del Ejecutivo en nombre de la unidad de gremios. Consideró que privilegiaron sus cuestiones sectoriales más que las cuestiones de la unidad, pero aclaró: "Los trabajadores estatales están de pie, luchando en la UNIÓN DE GREMIOS, para recuperar los derechos conculcados por leyes ilegitimas, sancionadas sin debate ni participación. Tierra del Fuego otra vez está atravesando un época oscura, con gobernantes que le temen al debate y pretenden imponer como moneda de cambio la pérdida de calidad de vida de todo un pueblo para consolidar los negociados a los que nos tiene acostumbrado la clase política”.


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