Publicado en línea el Lunes 18 de abril de 2016, por María Cruz Ciarniello - enREDando.org.ar

Por María Cruz Ciarniello

Foto: Lorena Almirón, secretaria adjunta de ATE Rosario

Se ajusta por el costado más débil. Siempre. El más desprotegido, el más criminalizado, el que más padece la precarización laboral. No hay demasiados grises en una historia que insiste en repetirse, y de una manera tan abrupta como brutal.

Jubilados, trabajadores, mujeres, jóvenes y niños son quienes pagan con el cuerpo y hasta con la propia vida, cada uno de los efectos devastadores que provocan las políticas deshumanizadoras de los gobiernos neoliberales. Recortes, ajustes, inflación, la economía se enfría y la lista de despidos parece interminable. Cada día se anuncian más. En el ámbito público, en el sector privado. Al cierre de esta nota, 2400 trabajadores de Atucha II podrían quedar en la calle.

Las consecuencias empiezan a ser visibles aunque no ocupen las tapas de los grandes medios.A los reclamos se los frena con represión o con un protocolo antipiquetes diseñado para criminalizar las movilizaciones populares, tal como el que aprobó el Consejo de Seguridad Interior a instancias del Ministerio de Seguridad de la Nación, en febrero de este año.

Las víctimas silenciosas de un modelo de exclusión en marcha ya tienen nombre, apellido, historias detrás. Melisa Bogarin era una joven comunicadora popular que se desempañaba en el Prohuerta de Las Breñas, una localidad ubicada en la zona sudoeste de la provincia del Chaco, a 257 kilómetros de Resistencia. Falleció producto de una descompensación que sufrió en medio de una negociación laboral cuando peleaba por la continuidad de su contrato precarizado y el de sus compañeros. Su marido ya había sido despedido de la Secretaria de Agricultura Familiar, otra de las dependencias que está siendo desmantelada , bajo las órdenes del nuevo Ministerio de AgroIndustria.

Melisa era una comunicadora que sabía con claridad cuales son las consecuencias de un política de ajuste. Que nada bueno nace de un endeudamiento feroz, de tarifazos que ahogan a una gran parte de la sociedad, de reducción de salarios, cierres de fábricas y despidos masivos en el Estado. Melisa era una militante además, que entendía a la comunicación como un derecho humano esencial. Así defendía su trabajo: el de multiplicar la palabra en las comunidades campesinas donde se desempeñaba desde hace 8 años.

Sus compañeros del Inta se expresaron con dolor, en una carta abierta que se difundió en las redes sociales: No era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías.

En eso trabajo en esos 8 años. Desde el ProHuerta y en Chaco, con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros de ProHuerta, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, como la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos. Impulsó talleres, formó a niños y adultos, gestionó la instalación de radios escolares, elaboró proyectos con las escuelas y con organizaciones de la agricultura familiar, escribió los procesos para que sirvieran de ejemplo en otros rincones del país, los compartió, se junto con otros en todo el país. Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo.

Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza.

Melisa tenía 30 años y una beba de un año y medio. Su contrato laboral había sido extendido por tan solo 3 meses pero no había ninguna definición en cuanto a su continuidad. En esa misma situación están los más de 200 trabajadores del Prohuerta en todo el país.

El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia, decía el último párrafo de la carta abierta.

Su muerte se suma a la de Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata. Sufrió un paro cardíaco tras conocer los engrosados descuentos que el gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado sobre su salario, de forma totalmente injustificada. Más de 6000 pesos le quitaron a una trabajadora de 60 años que desempeñaba tareas en la Escuela Especial 506. El gremio Soeme presentó una denuncia penal contra la gobernadora por “homicidio culposo”. Los medios, los más poderosos, nada dijeron de estos fallecimientos que no son producto de ninguna crisis en abstracto, sino como consecuencia de las deliberadas decisiones políticas de un gobierno.

“Te la debo, no estoy en tema”, fue lo que dijo el presidente Macri tras ser consultado públicamente por la muerte de Yolanda Mercedes.

Situación en comedores escolares

Desde la seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores del Estado convocaron a una conferencia de prensa el pasado martes 12, con el objetivo de dar a conocer una alerta que preocupa a quienes llevan adelante su trabajo en los comedores escolares de la ciudad. “Las partidas no alcanzan y crece la demanda”, anunciaron. El llamado de atención se enciende con dolor en la zonas más empobrecidas de Rosario.

En los barrios donde más urgente se hace una presencia efectiva del Estado, más se sufre la decisión política de ausentarse.

“Esta situación pone al desnudo la cara más dura del ajuste en marcha que se ejecuta desde los gobiernos nacional y provincial. Un ajuste que se plasma en las paritarias a la baja, en despidos, en tarifazos, en inflación, y que se carga sobre las espaldas del pueblo trabajador. El mismo pueblo que hoy debe mandar a sus hijos e hijas a almorzar a los comedores escolares, donde trabajadores también pobres deben hacer malabares para alimentarlos con 7,24 pesos por plato”, anunciaron desde Ate y Amsafé Rosario.

Hacen referencia no solo al incremento de niños y niñas que asisten a los comedores escolares sino además, a la insuficiente partida que destina el Estado provincial y Nacional para garantizar una alimentación saludable así como también, a las precarias condiciones laborales de quienes sostienen esta tarea cada día y en cada escuela.

“Hay una demanda en los comedores que sentimos como propia. Estamos exigiendo al gobierno que no solo las partidas vayan en aumento sino que también se discutan las condiciones de trabajo de esos lugares, que es la denuncia pública que venimos haciendo sobre la situación de los auxiliares escolares que vienen sosteniendo esta tremenda demanda que exige día a día una responsabilidad muy importante que es darle de comer a los chicos en las escuelas. Necestiamos que los porcentajes de las partidas aumenten y una discusión de las condiciones de trabajo”, sostuvo el actual secretario general de ATE, Raúl Daz.

Es que sumado a las partidas que no alcanzan, desde el gremio expusieron la situación de precaridad laboral de los auxiliares que son “los trabajadores peores pagos de la provincia”.

Desde Amsafé expresan que “el aumento de la partida fue alrededor de un 20%. 7,24 pesos para un plato de comida y 2,50 pesos para una copa de leche, con el refuerzo incluído de Nación. Pero con los costos que significan sostener un menú integral que para muchos chicos es el menu principal, hacemos malabares. Milanesas solo se pueden hacer 2 veces al mes. Los chicos no cuentan con el alimento nutricionario esencial. Además, hay un incremento, muchos días de lluvia los chicos no asistían y ahora sí lo están haciendo. Necesitamos una actualización en el costo de vida real.”

“Hoy, un plato de guiso sale entre 8 y 10 pesos. Y para hacer un menu diferente, implicaria 17 pesos aproximadamente. Y este aumento que recibimos sigue siendo insuficiente, porque veníamos desde el año pasado diciendo que habia que tener un aumento de emergencia producto de la devaluación. Hoy estamos peor que el año pasado. Consideramos que $7,24 es insuficiente, cuando un mínimo costo del menu sale de 15 a 17 pesos.”, explica con claridad Lorena Almirón, secretaria adjunta de ATE, quien además trabaja como auxiliar en un comedor escolar.

Para ser más precisos: el gobierno de la provincia destina 6 pesos por cada plato y 2 pesos por cada copa de leche. A esto se suma el refuerzo de Nación que es de 1,24 para el almuerzo y 50 centavos por cada copa de leche. La cifra es obscena por donde se la analice.

“En la región sexta que comprende Rosario, Constitución y San Lorenzo, son 127 mil copas de leche y 63 mil partidas de comedor”, señala Paula de Amsafé e insiste: “lo que recibimos es insuficiente para ofrecer una alimentación digna”. Y Daz acota: “Estamos preocupados porque lo mismo que sucede en Educación en cuanto al crecimiento de la demanda, lo mismo sucede en Salud Pública y vemos como esa capacidad receptiva hoy no está en condiciones porque las partidas presupuestarias no se priorizan en la educación y la salud. Nos preocupa en qué contexto vamos a discutir los próximo meses ante una política recesiva cada vez mayor donde hay tarifazos, remarcación de precios, desocupación, inflación. El equilibrio lo tiene que controlar quien gobierna y tienen las responsabilidad política para llevar adelante las políticas necesarias para que esta demanda no sea colapsada”.

Lorena Almirón además de ser delegada gremial, es ecónoma en un comedor escolar de un barrio periférico de Rosario, Santa Lucía. Conoce con exactitud la situación que se vive. Allí, nos dice, la demanda de los niños que asisten aumentó, aunque todavía el incremento no sea notorio en la Cocina Centralizada. Así lo explica: “Recién el mes que viene van a ver si esto ha aumentado, por ahora, ellos elaboran 10 mil raciones de comida, y las restantes se elaboran en las distintas escuelas donde funcionan comedores e inclusive en algunas de estas escuelas se cocina para otras escuelas. La situación es preocupante, porque tenés una partida de comedor muy ínfima para cubrir una nutrición del chico donde no se puede brindar la mejor calidad”.

En Santa Lucía o en las Flores, el 100 % de los chicos que asisten a la escuela también concurren al comedor. En la zona del sudoeste y noroeste, el aumento ha sido del 20 %. “Antes los días de lluvia los chicos no iban al comedor y hoy es evidente que la familia no puede resolver el plato de comida en su casa y hoy el pibe va al comedor, eso pasaba hace 14 años atrás. Hay un retroceso en lo salarial y en lo que respecta con la alimentación de los chicos”.

“En la administración pública, los asistentes escolares, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y los servicios generales de salud son quienes menos ganamos. Nuestros salarios son muy bajos, y el aumento que recibimos es del 18%, no tenemos carreras administrativas. Yo soy ecónoma de un comedor escolar de un barrio muy periférico, y esta es la situación de los barrios”, expresa Lorena, con preocupación.

El reclamo es para ambos niveles de gobierno: provincial y nacional. “Hemos logrado con la lucha que las partidas se cumplan en tiempo y forma, cosa que no sucedía. En la Nación venían con demoras de hasta 6 meses, esos refuerzos nutricionales son para cubrir gastos de carne y leche que son fundamentales para cualquier dieta. Con los aumentos, no estamos pudiendo dar un menú de calidad. Hoy las partidas, si cumpliéramos con la alimentación adecuada que un chico tendría que recibir, la partida debería ser de 25 pesos. Y pensemos que el comedor es un complemento, y hoy en muchos casos, es lo único que recibe”.

En una nota publicada en nuestro medio en el mes de marzo, Gabriela Alacid anticipaba de la misma manera esta situación que se esta sintiendo en los barrios, en este caso, en Nuevo Alberdi: “están volviendo a una nutrición muy complicada, con mucho hidrato de carbono, cero carne, con guisos aunque hagan mil grados. Se está volviendo al guiso de fideos, a la papa, a la polenta como base.”

Del mismo modo se manifestaba Ana López, del Movimiento Evita, quien se encuentra al frente del comedor Tupac Amaru en Barra y Arévalo: “Las cosas están cada vez más caras, es imposible lo que están subiendo los precios, y cada vez tenemos más personas en lista de espera para el comedor. Damos el almuerzo a 156 personas y ahora tenemos 40 más anotados. Y con el aumento de los precios ya no podemos darles el postre que les damos”.

A nivel nacional, la situación no difiere demasiado. En estos días, se conoció el recorte de más de 4 mil cupos de merienda y desayuno y 500 almuerzos para los comedores de Bahía Blanca, por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto decía Daniela Rodriguez, docente y delegada de Suteba en diálogo con Radio Sur Fm 88.3. “Los auxiliares de cocina hacen malabares para que los chicos tengan una comida como corresponde. Tratan de hacerlo poniendo plata de sus propios bolsillos, porque se mantuvo al mismo precio del año pasado que es $6,30 por chico, imaginate qué es lo que se puede comprar con eso hoy por hoy con la inflación que hay.”

El Observatorio del Derecho Social de la CTA-A contabilizó entre el 1° de diciembre de 2015 y el 4 de marzo de 2016, 68.563 despidos y amenazas (37.627 en el sector público y 30.936 en el sector privado). A los que se suman los 4800 producidos durante el tercer mes del año en curso, según informaron desde el ODS. Por su parte, la Unión Industrial Argentina afirmó que, a nivel general, puede haber alrededor de 200 mil puestos de trabajo en riesgo.

El impacto al bolsillo flaco de los jubilados llegó a través del PAMI quien anunció el quite de 163 medicamentos que hasta ahora eran gratuitos. Los jubilados deberán pagar hasta el 50% del valor de esos medicamentos.

La recesión, el ajuste, el desempleo en aumento y un gobierno nacional decidido a correrse de los lugares donde más se necesita una política de inclusión social, acceso a la justicia y derechos humanos, dibuja un panorama cada vez más desalentador. Como siempre, será la lucha y la organización popular las claves para hacer frente a un futuro que a corto y mediano plazo es, cuanto menos, preocupante.


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