Publicado en línea el Martes 19 de abril de 2016, por Ramiro Giganti

Los principales medios masivos ponen el principal foco en el consumo de drogas, remarcan que el lugar tenía capacidad para 13.000 personas y que había 10.900 entradas vendidas, omitiendo en el informe editado algunos comentarios que se escucharon de testigos hablando en directo por medios audiovisuales en los que denunciaron condiciones de hacinamiento. Que el lugar contaba con todas las habilitaciones pertinentes. Que había dos unidades sanitarias con ambulancias.

La página siguiente de algunos de los diarios más leídos suele contar con una nota que alerta sobre el consumo de drogas de diseño. Algún apartado colorea el informe con la historia de alguna de las víctimas, o recuerda otros casos de muertes vinculadas a la música electrónica y el consumo de este tipo de drogas. Remarcan un testimonio que dice haber visto a un chico con convulsiones en el piso durante 15 minutos sin que nadie haga nada, y que incluso se formó una ronda que bailaba alrededor de él. No se encuentran menciones a irregularidades institucionales o ilegalismos empresariales, más allá del acceso a drogas ilegales.

Otra cuestión fundamental es la relación y connivencia entre lo “ilegal” y lo “legal”, por ejemplo en la venta de agua mineral a precios que sin la necesidad por la deshidratación que generan las drogas sinteticas, no sería posible. Vemos en este caso como un negocio “legal” y “saludable” (¿qué es mas saludable que el agua mineral?) va prendido del ilegalismo de las drogas sintéticas que se venden y/o consumen dentro del evento. Un negocio legal prendido del ilegalismo (¿recuerdan los titulares de varios medios diciendo que “las cuentas offshore no son un delito en sí mismas”?).

Sobre el complejo Costa Salguero: “clientelismo para ricos”

Hace algo más de dos años, en marzo de 2014, la Fundación La Alameda presentó una denuncia en la Legislatura porteña contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que figura una lista de concesiones irregulares y vencidas, y el uso de ilegal de tierras. En este último caso se destaca el complejo Costa Salguero, que explota un terreno fiscal cuya finalidad legal es la de un espacio verde y acceso al río para todos los vecinos de la ciudad.

Por su parte, el titular de la empresa Telemtrix, que controla este complejo es Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de la Legisladora del PRO y vicepresidenta primera de la legislatura Carmen Polledo. Los nombres de ambos figuran en la lista de sociedades offshore dadas a conocer los pasados días en los “Panamá Papers”, como miembros de la sociedad “Rank International Corporation S.A”.

Los boliches de Costa Salguero y alrededores están muy ligados a los años 90’ y la segregación de ese entonces. Era sabido en aquellos años la fuerte discriminación ejercida por los porteros, donde tener el pelo largo, o ropa que no estaba “a la moda” eran motivos suficientes para negar el acceso. Es decir, discriminar. Circulaban rumores de que no permitían tarjeteros (chicos jóvenes explotados por los boliches que vendían entradas anticipadas con descuentos) que vayan a escuelas públicas. Pero también hubo elementos mafiosos en aquellos entornos, como lo fue el asesinato de “Poli” Armentano, conocido “rey de la noche” de los años 90´, propietario del boliche “El Cielo” en Punta Carrasco (vecino de Costa Salguero y de similares características). Tal vez la masificación haya quitado ciertos elementos de “distinción” o abierta y excesiva discriminación, pero lo que no parece cambiar es el entramado de dichos entornos vinculado a poder político y corrupción institucional.

“La droga” como escape u obstrucción de la realidad

“Los mató la droga” es un clásico comentario de sentido común. Algo así como “la crisis causó dos nuevas muertes”. “La droga” como abstracción impersonal que enmascara responsabilidades concretas. “La droga” como un ente viviente que actúa por sí mismo, sin negociados ni complicidades. “La droga” y su acentuada ilegalidad, que es presentada en los medios de manera mucho más reiterada que la ilegalidad de la explotación de las tierras en Costa Salguero mencionadas anteriormente. “La droga” y esa ilegalidad que también es la que le permite circular sin ningún tipo de regulaciones. “La droga” que se vendía adentro del festival mientras la seguridad se enfocaba en garantizar que nadie entre sin pagar. “La droga” como excusa para hacer allanamientos en la Villa 31, pero nunca en Puerto Madero, o Nordelta.

De Cromañón a Beara (y tantos otros)

No hay mucho que agregar sobre la conocida Masacre de Cromañón. Sólo recordar que existieron chivos expiatorios similares a “la droga”, como por ejemplo, “la bengala”. Las movilizaciones masivas de jóvenes sentenciaban: “ni la bengala ni el rocanrol a estos pibes los mató la corrupción”. El entonces Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue destituido y dejó abierto el camino para que dos años más tarde ese cargo sea ocupado por Mauricio Macri, cuyos legisladores habían impulsado el proceso de destitución. Actualmente Ibarra es Legislador porteño y no recibió condena alguna, pese a las probadas complicidades y hechos de corrupción por parte de muchos de sus funcionarios.

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Gentileza: Daniel Jayo (La Nación)

Pero esta terrible masacre no fue el último episodio. Las instituciones cargaron contra todo espacio o centro cultural independiente exigiendo licencias y abusando de clausuras, sin embargo, los episodios se repitieron. En el año 2010, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, un derrumbe en el boliche Beara, en el barrio de Palermo, terminó con la vida de dos jóvenes. Las investigaciones posteriores, al igual que en Cromañón, probaron la existencia de pagos ilícitos de dinero, para la habilitación de Beara.

Antecedentes de Cromañón hubo muchos. Desde la “Puerta 12”, hasta su similar “Masacre de Keivis”, un boliche del barrio de Vicente López, en el que murieron once chicos en un incendio durante una fiesta de egresados a mediados de los años 90´.

Las condiciones de hacinamiento siguen presentes en muchos espacios públicos y tuvieron episodios fatales. La masacre de Once, fue uno de ellos. Ahí, la excusa empleada por el entonces secretario de transporte, el ex macrista devenido luego en kirchnerista, Juan Pablo Schiavi fue “esa costumbre de ir en el vagón de adelante del todo”, buscando desligar responsabilidades institucionales. No tan diferente a “fue la droga”.

El maltrato a los jóvenes, otra miseria encubierta

Largas colas en invierno pasando frío para entrar a un boliche o recital, hacinamiento, malos tratos, y en muchos casos represión innecesaria, son situaciones a las que se suele someter a los jóvenes cada vez que buscan divertirse. Los casos de “patovicas” golpeando (en algunos casos hasta matar) jóvenes, son conocidos.

La culpa siempre intenta ser puesta en la joven víctima, como fue el caso, por ejemplo, de Rubén Carballo, quien murió asesinado en el año 2009 tras haber sido golpeado por la Policía Federal en las inmediaciones del estadio de Vélez, previó al recital de la banda Viejas Locas. La policía justificó la golpiza diciendo que Rubén había intentado colarse, pero en el bolsillo de su pantalón estaba la entrada que Rubén había comprado varios días antes. El caso de Rubén es muy similar al de Walter Bulacio, asesinado en las inmediaciones de Obras en 1991, durante la previa de un recital de Los Redondos, de cuya detención, tortura y asesinato se cumplen 25 años este viernes 22 de abril, y que será el emblema del lanzamiento de la Campaña Nacional Contra las Detenciones Arbitrarias.

El maltrato se repite en muchas y diversas instancias. El fútbol es otro caso emblemático, donde las medidas de seguridad rigen sobre el hincha que paga su entrada mientras las barras bravas gozan de total impunidad y una abierta convivencia con las instituciones gubernamentales y principales partidos políticos. Vale recordar el episodio del Legislador Roberto Quattromano, que en diciembre de 2014 amenazó en plena sesión a Marcelo Ramal diciéndole: “la barra te va a romper la cabeza”-

Tanto en el rock, como en la cumbia, la música electrónica, el fútbol, en el transporte público, o en la calle, el maltrato institucional a los jóvenes es moneda corriente. La impunidad en torno a la desaparición y posteriormente aparición sin vida de Luciano Arruga, quien se había negado a “robar para la policía”, la represión a chicos de una murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” en el Bajo Flores, y las arremetidas para legitimar aún más las detenciones arbitrarias, dan cuenta que la intención gubernamental no es terminar con el maltrato a los jóvenes, sino incrementarlo. Los episodios mencionados son solo algunos, y mencionar todos daría a esta nota una extensión impertinente.

Tal vez sea llamativo que ésta vez haya ocurrido en un evento asistido por una juventud de perfil social más próspero, o como suelen, decir “chicos bien”. Pero no se trata, al menos en esta nota, de recrear un “Pappo vs. Deró”, sino de señalar estos entramados de corrupción institucional, maltrato juvenil y encubrimiento mediático, que incluso puede atentar contra sectores de la propia clase dominante, sin por ello descartar el carácter de clase y estereotipos que suele existir en la mayoría de estos episodios. Tal vez en este caso sólo sea “la droga” y nos salvemos de expresiones abiertamente racistas o discriminatorias hacia sectores populares, pero por ello no deja de ser pertinente la denuncia y la necesidad de difundir información que nuevamente escasea en los medios masivos de comunicación.


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