Publicado en línea el Jueves 21 de abril de 2016, por Federico Dalponte - Notas.org.ar

Tras la sesión de sus respectivas comisiones de trabajo, diputados y senadores, cada uno por su parte, dictaminaron a favor de declarar la «emergencia ocupacional» en todo el país. Eso –palabras más, palabras menos– implicaría la tan mentada prohibición de los despidos sin causa.

Los proyectos

En el debate previo, la idea nunca fue regresar al esquema del año 2002. En aquel entonces, el despido sin causa continuaba siendo libre. Lo único que cambió tras el decreto de Eduardo Duhalde fue el monto de la indemnización. Pero nada más.

En esta oportunidad, en cambio, las propuestas incorporan una novedad: la consecuencia del despido ya no será el agravamiento de la indemnización, sino su nulidad. En otras palabras, la persona injustamente despedida deberá ser reincorporada a su puesto.

Para ello, por supuesto, será vital el rol del Poder Judicial, pues sólo un juez podrá examinar y evaluar si ha existido causa en el despido –o bien si la causa esgrimida por el empleador es realmente justa–, y disponer la consecuente reinstalación.

Pero a la vez, como todo derecho, no se pierde la voluntad: si el trabajador no quiere regresar a su puesto, nadie podrá obligarlo. A cambio, claro está, el proyecto prevé que se le abone una indemnización doble.

Para el final, la vigencia. El proyecto de diputados prevé prohibir los despidos sin causa –incluyendo las contrataciones irregulares– desde el 1º de marzo del corriente hasta el 31 de diciembre de 2017, tanto en el sector público como en el privado, con efecto retroactivo.

En el Senado, en cambio, el proyecto sólo prevé una vigencia de seis meses y no contempla a quienes ya fueron despedidos.

Inconstitucionalidad

La primera de las críticas absurdas llegó de la mano del diputado oficialista Daniel Lipovetzky. En una extraña interpretación de la ley, afirmó que la propuesta sería inconstitucional pues violentaría el derecho al libre ejercicio empresarial, con su consabida defensa –siempre anexada– del derecho a la propiedad privada.

Lipovetzky –vicepresidente del Colegio Público de abogados de Capital Federal– soslaya sorpresivamente el contenido del artículo 14 bis de la Constitución que, como bien debería saber, prevé que todo trabajador debe ser protegido contra el despido arbitrario.

Y, repetido esto hasta el hartazgo, nadie en su sano juicio puede pensar que proteger a alguien –como cuando uno se protege del frío o de una enfermedad– significa que el despido sea tolerado pasivamente por el trabajador bajo la promesa de cobrar luego una indemnización.

Proteger –del frío o del despido– a alguien implica impedir que la consecuencia indeseada se produzca. En definitiva, prohibir los despidos sin justa causa no sólo no es inconstitucional, sino que lo inconstitucional sería, precisamente, no proteger de ello a los trabajadores.

Jorge Triaca

El ministro de Trabajo declaró que está haciendo “todo el esfuerzo posible para sostener el nivel de empleo y generar las condiciones objetivas para que se produzcan más puestos de trabajo”. Y agregó: “Los proyectos que están presentándose en el Senado y en Diputados no ayudan en este momento a mejorar la empleabilidad de la gente”.

Siempre, en todo momento, cuando se concibe al trabajo como una fría suma de estadísticas se cometen deslices como el del ministro.

Cuando se despide a 30 mil trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y alrededores no se los compensa con la generación de otros 30 mil puestos en el norte santafesino. No. Jamás. Los nuevos puestos y los despidos no son niveles que puedan ser compensados entre sí.

La prohibición de los despidos sin causa apunta precisamente a ello, a proteger a quienes, de un día para el otro, dejan de contar con un ingreso periódico. Mal podría el Estado, como garante último de los derechos sociales, responderle a un despedido que espere paciente durante un año hasta que ingresen al país las ya famosas inversiones.

Una política de empleo es exitosa, en cualquier parte del mundo, si impide los despidos arbitrarios mientras genera nuevas fuentes de trabajo. La tasa de desempleo es apenas un indicador, pero detrás se esconden rostros, historias, angustias.

Los empresarios y la OIT

Se necesitan hacer verdaderos esfuerzos para no concluir que el de Cambiemos es un gobierno de neto corte empresarial. Frente a una propuesta reivindicativa del derecho a la estabilidad de los trabajadores, la respuesta oficial es que eso impedirá la creación de nuevos puestos.

Algo similar, por cierto, a lo que sucedió cuando se decretó en Argentina el pago del aguinaldo. Corría el año 1945 y los empresarios aseguraban que se irían a la quiebra. Pero nada de eso sucedió.

Ahora, en 2016, a la queja oficial se le suma el editorial del diario La Nación del pasado 14 de abril. Allí, bajo el sugestivo título “Prohibir los despidos desalentará el empleo”, se sintetizan una serie de argumentos que van a contramarcha de las premisas fijadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Ginebra, desde hace más de 30 años la OIT impulsa la prohibición de los despidos sin causa –y no, por supuesto, en tiempos de crisis, sino como legislación permanente–.

El editorial de La Nación se jacta así de que en Estados Unidos el despido es libre y su tasa de desempleo es del 5%, mientras que en Francia no y su índice es del 10%.

Sin embargo, como siempre que se pretende esconder la ideología detrás de las estadísticas, se terminan afirmando incoherencias. En rigor, el despido también es libre en Zambia y su tasa de desempleo es del 13%, al igual que en Georgia, donde es del 15%.

Argumentar entonces que el desempleo es del 5% en Estados Unidos gracias a su legislación es, como poco, una arbitrariedad y, como mucho, tosquedad. Así planteados, los dogmas empresariales poco aportan.

En 2009, por su parte, la OIT evaluó la realidad de 55 países y observó allí que la gran mayoría protege a los trabajadores contra el despido arbitrario. Y concluyó, sin mayores vueltas, que ese tipo de políticas no necesariamente atentan contra el empleo.

El trámite

El proyecto que avanza en Diputados debe conseguir dictamen favorable en la comisión de presupuesto y hacienda, donde es presidente Luciano Laspina, del PRO. Y si bien la mayoría opositora es notoria, no siempre es sencillo forzar su tratamiento.

En el Senado, en cambio, los opositores parecen decididos a llevar la votación al recinto lo más rápido posible. Mientras tanto, Cambiemos reclama realizar consultas previas al ministro Triaca como modo de dilatar la discusión.

Sin embargo, lejos por ahora están las chances de debatir los proyectos en sesión plenaria. Y así, más lejos aún está el incierto despacho presidencial, cuyo veto sería el único que podría frenar –tarde o temprano– un proyecto con amplio respaldo legislativo.

@fdalponte


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