Publicado en línea el Jueves 21 de abril de 2016, por María Paula García - Notas.org.ar

El primero pertenecía al Ejército Argentino e iba a ser destinado para la construcción de un centro materno infantil que brindaría contención a mujeres víctimas de la trata de personas y de la violencia de género y sus hijos e hijas. En el segundo se iban a construir viviendas sociales para dichas mujeres.

La medida fue dispuesta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través dos resoluciones firmadas por su presidente, Ramón Lanús, y su vice, Pedro Comín Villanueva. La entidad explicó que la medida obedece “a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vistas a su mejor aprovechamiento y utilización”. Según declararon, tras la recuperación serán destinados “a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.

Pero además de la intimación por los terrenos, el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, dijo haber descubierto en los acuerdos firmados entre el gobierno de Cristina Fernández y la Fundación de Trimarco un pago irregular. La acusan directamente de haber recibido 5,6 millones de pesos del Estado y nunca haber entregado la rendición de cuentas y el certificado de inicio de obras.

El diario La Nación publicó el día martes declaraciones en las que Susana Trimarco asegura que devolverá los predios en el plazo exigido. Según la nota, Trimarco sostiene: “Siento que soy una perseguida política y que los únicos perjudicados son aquellas mujeres que iban a tener un hogar y un centro de atención y contención”. “Me están persiguiendo, pero las cosas no son mías, son de la gente y nosotros ayudamos a la gente que necesita. Me cansé de estas chicanas políticas”, añadió relatando asimismo que había hablado sobre el trabajo de su Fundación y sobre las obras que se habían proyectado en los dos terrenos del Ejército con la vicepresidenta Gabriela Michetti durante su visita a la provincia, la semana pasada.

Sin embargo, al final del día, la Fundación María de los Ángeles publicó en su cuenta de Facebook un comunicado de prensa en el que aclara: “No soy una perseguida política y aunque quieran entreverarme con la política, sólo soy una madre que busca su hija y en ese camino he ayudado, y lo seguiré haciendo, a miles de víctimas de trata. Con el actual gobierno he mantenido numerosas reuniones desde que asumió y todas ellas se desarrollaron en un marco de cordialidad y compromiso”.

Más allá de las aclaraciones, la intimación y las declaraciones contra ella existieron. Y las razones de las mismas no son la preocupación por preservar el patrimonio estatal e investigar supuestos pagos irregulares: se trata claramente de una maniobra vergonzosa que apunta a desprestigiar la figura y la obra de una mujer que hace 14 años busca a su hija, Marita Verón, y es una exponente de la lucha contra la impunidad.

Una simple empleada y ama de casa a la cual un día le cambiaron dramáticamente su vida y tuvo que salir sola, sin apoyo estatal alguno, a investigar el paradero de hija y buscarla por las rutas y los burdeles, infiltrándose incluso como tratante. En el camino vendió bienes, perdió a su marido y crió a su nieta. Y rescató a miles de chicas, gastando zapatos en los tribunales para que la y las escucharan para descubrir que los mismos que les tomaban las denuncias eran asiduos concurrentes de los burdeles donde estaban privadas de su libertad.

A Susana Trimarco el pueblo argentino le debe el haber tenido que hacer cuentas con una realidad invisiblizada: que en el país del Nunca Más, en plena democracia, muchas madres buscan a cientos de chicas secuestradas y desaparecidas por redes de trata para la explotación sexual. Y le debe que la trata de personas se haya convertido en un delito federal y exista una ley que, además de no diferenciar entre menores y mayores de 18 años, no contenga la polémica figura del consentimiento.

El gobierno de Mauricio Macri y su fuerza política tienen como práctica cotidiana la realización de convenios de muy dudosa rigurosidad legal y administrativa con fundaciones, ONGs y empresas. Nunca han dado vuelta atrás en ningún contrato firmado e incluso jamás han intimado a nadie la restitución de diversos terrenos fiscales cedidos pese a las críticas y denuncias. Si de pagos irregulares con fondos públicos hablamos con el PRO podemos hacernos un festival. La cuestión es otra.

No casualmente la senadora nacional de Cambiemos por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, hizo referencia “al mecanismo de cooptación de las organizaciones sociales que el kirchnerismo ejerció durante los últimos 12 años, a través de la chequera y la sesión de bienes del Estado”. Sin dar nombres pero en clara alusión a Susana Trimarco, agregó que “muchos referentes y organizaciones sociales que lucharon por causas importantes quedaron subsumidos por los gobernantes y orientaron su accionar a la militancia partidaria”.

No sorprende que la embestida de los hipócritas cruzados de la moral, la anti corrupción y la estigmatización de la militancia le llegue ahora a Susana Trimarco. Porque si hay algo que jamás hizo fue limitarse a armar una fundación de ayuda a víctimas y necesitados, de esas con las que les encanta trabajar al PRO y sus jóvenes líderes emprendedores. Por el contrario, es quien fue punta de lanza contra la connivencia de los funcionarios políticos, las fuerzas de seguridad y el poder judicial con las redes de mafiosos y proxenetas, los denunció y les gritó en sus caras sus verdades.

Cuando un tribunal emitió el fallo infame que dejaba libre a los secuestradores de Marita, su reacción generó el apoyo de cientos de miles de personas en todo el país. Y todo eso se paga caro, como su apoyo público a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández por haber sido los que la ayudaron y la apoyaron.

Golpear a Susana Trimarco es intentar golpear una de las causas más nobles por los derechos humanos de las mujeres en la actualidad. Nada inocente en este momento político a nivel nacional y continental.

La mujer que supo sortear amenazas de muerte y hacer frente a las peores mafias y sus cómplices dijo en sus momentos más difíciles no tenerle miedo a nada: “Ningún mafioso me va a decir lo que tengo que hacer porque sólo yo sé cómo tengo rotos mi alma y mi corazón”.

Mientras tanto el comunicado de prensa finaliza diciendo que se pone “a disposición del gobierno para que revise todos los papeles de la Fundación que presido con orgullo, para de esa manera seguir en esta lucha que es el motivo de mi vida”.

@MariaPaula_71


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