Publicado en línea el Viernes 22 de abril de 2016, por Agencia Periodística Timbó

Víctor Gómez declaró: “Llevamos una nota, un documento, y presentamos nuestro problema. Pedimos que se revisen las causas que iniciaron contra 48 dirigentes y miembros de las comunidades de Pampa del Indio, por reclamos y manifestaciones en los años 2012 y 2014. Queremos que se anulen los juicios y que se intervenga la Fiscalía del Departamento General San Martín”.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Las causas judiciales que se mencionan en el documento son iniciadas a partir de la criminalización de diferentes protestas sociales. Gómez hace referencia a dos situaciones: por un lado, a la represión policial desatada contra la comunidad qom y campesina criolla que cortaba la ruta provincial N° 3 el día 11 de julio de 2012, pidiendo que se cumpla lo prometido durante las campañas políticas. Por otro lado, el desalojo brutal también en la ruta provincial N° 3 el 19 de febrero de 2014, cuando referentes de diferentes organizaciones reclamaban principalmente por la falta de agua en sus comunidades. En cada caso, luego de la represión, vino la judicialización.

A su vez, el dirigente menciona el caso de la familia Adriani Berdún, de la que tres hermanos junto a cuatro dirigentes se encuentran en un proceso judicial por haber resistido al desalojo de su territorio ancestral en el año 2010. Este procedimiento, que llevaron adelante la fiscal Gladys Acosta de Scarel y personal policial, viola la Ley N° 26.160 que prohíbe los desalojos a comunidades indígenas.

Víctor Gómez expresa: “Estas causas nos arman a los que estamos reclamando por lo que es justo para nuestra comunidad. Si nosotros aceptamos lo que dice la Justicia, las imputaciones que nos hacen, no nos quedaría nada, ya no tendríamos más derechos”.

AUDIENCIA

En la reunión con la Comisión de Derechos Humanos, se encontraban el Sr. Orlando Charole, y la Sra. Claudia González, entre otros. Víctor Gómez se mostró expectante con respecto a las futuras acciones: “En la reunión, los diputados trabajaron y llegamos a un acuerdo para que revisen la situación y pronto tener novedades y que los juicios caigan. El documento abarca toda la provincia de Chaco, porque los diputados nos informaron que no es sólo en Pampa del Indio que está sucediendo esto, sino que llegan reclamos desde Castelli y otras localidades. Tanto las comunidades qom como los campesinos criollos y también algunos maestros están sufriendo por esto”, dijo.

Por último, agregó: “Ese día, frente a los diputados, pusimos la mano en el corazón y contamos lo que está pasando, para que caiga esto. Porque nuestro reclamo es justo, estamos pidiendo agua para nuestra comunidad”.


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