Publicado en línea el Miércoles 27 de abril de 2016, por Notas.org

Es conocida la historia de exterminio, invisibilización, colonización cultural, despojo territorial, discriminación y pobreza estructural de los pueblos indígenas en Argentina. Sin embargo, una de las consignas convocantes en esta segunda marcha fue: “Sin nosotras no hay país”.

Entre los reclamos más importantes figuraron la denuncia de la violencia contra mujeres indígenas, como las wichis que están presas en Salta por oponerse al avance sojero y a los desmontes, el asesinato de una mujer guaraní, Tatiana Brizuela, y el de la activista trans Diana Sacayán. También pidieron la derogación del código minero, la solución a la crisis hídrica de muchos territorios indígenas y la restitución de los “espacios sagrados”.

Pudieron verse carteles que le hicieron lugar a otros reclamos y denuncias: libertad para la machi Francisca Lincolao, encarcelada por el gobierno chileno; justicia por Reina Maraz, una mujer de origen quechua, migrante boliviana, que sin comprender bien el español fue juzgada en Argentina por el asesinato de su marido y condenada a prisión perpetua, sin intérprete durante el juicio.

También se hizo presente Salvador Cáceres, el hijo de la activista indígena hondureña recientemente asesinada, Berta Cáceres. Así, en esta segunda marcha se visibilizaron denuncias sobre los femicidios contra mujeres indígenas.

Al igual que el año pasado, las mujeres originarias, organismos de DDHH, organizaciones ecologistas, personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas y personas que acompañaron, primero se concentraron en el monumento a Julio Argentino Roca y de ahí marcharon hasta el Congreso. Allí, distintas referentes se subieron a un escenario que consiguieron con apoyo de la CTA para contar a qué comunidad y lucha representaban, además de sostener los reclamos que las agruparon.

Resonaron las denuncias de la contaminación de aguadas y ríos en territorios indígenas a causa de la megaminería, la criminalización de activistas y dirigentes comunitarios, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y a derechos como salud y educación intercultural, amplias dificultades y trabas para concretar las personerías jurídicas de las comunidades, un recurso fundamental para que los pueblos indígenas puedan volverse interlocutores visibles y negociar sus derechos y demandas ante el Estado.

Otro de los reclamos fue el del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado antes de que se realice cualquier acción o proyecto dentro de sus territorios y comunidades.

El año pasado, además, se presentó un anteproyecto de Ley del Buen Vivir para crear un Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir que realice un “proceso de consulta, participación, información y difusión a fin de elaborar y proponer normativas y políticas que garanticen y efectivicen el buen vivir”.

Una cuestión que señalan varias investigaciones es que las mujeres originarias priorizan los reclamos por el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (consagrados en la mayoría de las constituciones nacionales de América Latina que ratificaron el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo -OIT-), y recién en segundo lugar las problemáticas que tienen que ver con su condición de género. A menudo este posicionamiento les trajo conflictos con otros movimientos de mujeres y con las feministas.

Las mujeres indígenas estructuralmente son afectadas por una triple discriminación: por ser indígenas, pobres y mujeres; mucha de la violencia estatal y paraestatal se descarga sobre sus cuerpos pues, como señala la antropóloga Rita Segato, las agresiones contra los cuerpos e identidades de las indígenas representan una agresión contra el tejido comunitario de sus pueblos.

A pesar del dificilísimo panorama de los pueblos originarios en Argentina, durante las últimas tres décadas las mujeres indígenas comenzaron a hacerse más visibles en las luchas de sus comunidades y en la militancia de sus organizaciones, también en el movimiento de mujeres post-dictadura. Al mismo tiempo, los indígenas (como sujetos y actores sociales) comenzaron a ser reconsiderados como ciudadanos con derechos colectivos y con una prexistencia anterior a la creación del Estado-nación argentino.

En cada marcha, protesta, parlamento o reunión las/os representantes indígenas repiten que la constitución nacional y las constituciones provinciales reconocen derechos colectivos pero que sólo es letra muerta: los territorios y las comunidades continúan siendo invadidas y violentadas por diferentes medios. Y muchas veces estas noticias no llegan a Buenos Aires donde, como dicen muchos/as indígenas, “atiende Dios”.

Esta vez la marcha terminó con una ceremonia que incluyó una ronda entre todas las personas allí presentes alrededor de un fuego sagrado, pases de una pipa de tabaco entre las originarias y gritos guerreros de ¡marichiweu! Al finalizar, Moira explicó que organizarse para venir a Buenos Aires les cuesta mucho, es difícil conseguir apoyos materiales y lograr repercusión en los medios.

No es fácil lograr la visibilidad de las mujeres indígenas en un país con amplios sectores que desconocen la presencia de estos pueblos en nuestra historia y en nuestro presente. Para organizar la Primera Marcha en el 2015, Moira previamente recorrió durante un año distintas comunidades de todo el país, con el fin de realizar un “llamamiento” a distintas mujeres representantes de comunidades y pueblos diversos.

De ahora en más, en vez de invertir esfuerzos en venir hasta aquí, apuntarán a profundizar el trabajo territorial en los frentes de lucha que sostienen contra las empresas y las políticas que atentan contra sus vidas, cuerpos y territorios.

Mariana Gómez, antropóloga y autora del libro Guerreras y Tímidas Doncellas del Pilcomayo. Las Mujeres qom del oeste de Formosa

Foto: Daiana Zaccaro


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