Publicado en línea el Miércoles 27 de abril de 2016, por teleSUR

El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, fue uno de los que decidió el precio de referencia con el que se cancelaron los contratos del Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX), el comercio de futuros más grande de Argentina.

Quintana días antes de asumir como funcionario de Gobierno de Mauricio Macri fue director de Farmcity y CEO del Fondo Pegasus que, entre ambos, compraron 11 millones 480 mil dólares a futuro, según medios locales.

De acuerdo con la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, ante el juez Claudio Bonadio, que investiga la causa, hubo una reunión que se realizó "el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía".

"En esta última reunión (...) se acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) iba a honrar sus obligaciones", relató Fernández el 12 de febrero en el juzgado federal número 11.

Los asistentes a ese acto fueron, según Fernández, Mario Quintana y Luis Caputo, éste Secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda.

"Las futuras autoridades de la nación sostenían que el mercado podía quedar bloqueado en forma indefinida, que se iba a armar una comisión investigadora para ver las operaciones y que se iban a impugnar las operaciones entre el período de septiembre a diciembre, generalmente decían con una acción de lesividad", amplió Fernández.

El dato

La ley de ética pública plantea que los funcionarios deben “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los que estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.

En contexto

Los futuros del dólar son contratos que se operan en un mercado por el que dos partes se obligan mutuamente, una a comprar y otra a vender, una cantidad determinada en una fecha futura convenida a un precio fijado de antemano.

Según el juez Bonadio, “entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención”.

Esto, presuntamente implica que el Estado obligó a pagar a sus acreedores una suma indeterminada en pesos tomando como referencia el dólar, pero no a su valor de octubre de 2015 sino a marzo de 2016.

Según los denunciantes, los imputados cometieron fraude en perjuicio de la administración pública, un delito penado con entre dos y seis años de prisión.

El juez federal argentino citó a declarar al exministro de Economía, Axel Kicillof, y a la expresidenta de la nación, Cristina Fernández, como presuntos sospechosos de cometer supuestas irregularidades en los contratos de dólar a futuro, al final del pasado período presidencial.

La exmandataria calificó fuera de lugar que Bonadío busque imputarla por supuestamente haber participado en los delitos de lavado de dinero y desvío de fondos públicos de la nación, mientras que los compradores del dólar futuro siguen sin ser investigados.


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