Publicado en línea el Jueves 28 de abril de 2016, por republicado / ECOS Córdoba

La foto es clara. El trabajo de un equipo de profesionales de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Córdoba, estimó el año pasado que hay casi 120 mil viviendas en asentamientos en Córdoba.

Se trata de barrios donde el hacinamiento es lo normal, las casas carecen de todo, las familias conviven con los desechos cloacales y los basurales decoran el paisaje, a mano de cualquiera de los niños del lugar.

Pero rara vez algún funcionario judicial relaciona este panorama con los derechos que asisten a esas familias, hasta el punto de exigir su cumplimiento en función de lo que establece la Constitución y los Tratados Internacionales.

Esa anomalía surgió en Córdoba cuando la defensora oficial de la Justicia Federal, Mercedes Crespi, presentó un amparo colectivo en representación de los menores que habitan en una villa denominada Las Tablitas, con el fin de exigir que el Estado en sus jurisdicciones nacional y provincial se hagan cargo de forma efectiva de resolver la situación.

La funcionaria lo fundamentó ante “el estado de vulnerabilidad” de los chicos, según planteó ante un juez federal, después la Cámara de apelaciones y ahora la Corte Suprema, en este último caso apoyada por la Defensora Oficial de la Nación y la Procuración General.

De avalar la Corte el planteo de Crespi, el caso creará un antecedente que puede obligar al Estado a afrontar una avalancha de reclamos similares, dado que Argentina cuenta con un cuerpo legal que reconoce derechos sociales que durante décadas no muestra correlato en las políticas públicas para hacerlos efectivos.

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No por repetida la situación deja de conmover ni de alarmar. Las Tablitas, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, es un asentamiento con 10 años de existencia, que se vio judicializado cuando el Banco Nación –propietario del lote– quiso desalojar a las familias del lugar.

“Como muchos barrios en situación de pobreza, esta villa, donde el 50% de la población es menor edad, se encuentra en una buena zona para el desarrollo inmobiliario”, explica Marcela Rodríguez, cabeza del equipo multidisciplinario que asesoró a Crespi, y de dilatada experiencia en estudios sobre problemáticas urbanas desde la Escuela de Trabajo Social, donde dirige la cátedra de Planificación Social Estratégica y el Seminario de Gestión Social y Hábitat.

Ante la amenaza de desalojo, la defensora oficial presentó un amparo que frenó la medida. “Resulta que el Estado no cumple con la obligación de garantizar los derechos de los niños y las familias y al mismo tiempo, a través de un organismo oficial con el Banco Nación, quiso mandarlos a la calle sin alternativa”, dice Crespi. Pero concluyó que no era suficiente y presentó otra medida similar de carácter colectiva, reclamando que el Estado ahora mejore el barrio en representación de los derechos vulnerados de los menores.

Para fundamentarlo, hizo un convenio con Trabajo Social que encomendó a la licenciada Rodríguez hacer el relevamiento.

Un equipo multidisciplinario dio un diagnóstico de la situación social que viven los chicos, cuyo no pudo ser más crudo. “La vulnerabilidad habitacional está relacionada con la convivencia cotidiana con la basura, los líquidos cloacales y el agua contaminada porque la red pública está rota. Una sola familia de 100 tiene tanque de agua para almacenarla, el 46% no tiene una pileta dentro de la casa ni para hacer la higiene de los alimentos ni personal y por eso sólo utilizan palanganas y fuentones. Tienen tres lugares adentro del barrio de foco de basura; 26% de las familias utilizan letrinas, que son un pozo a cielo abierto”, describe Rodríguez.

Y suma datos: “el nivel de hacinamiento se expresa en que la mitad de las familias vive en un ambiente plurifuncional que hace las veces de comedor, dormitorio y cocina, con muy poco mobiliario. En general no hay sillas ni camas suficientes para la cantidad de personas. Encontramos familias sin muebles donde sentarse, en un nivel de extrema precariedad económica; la calidad deficitaria de las viviendas se expresa en que las tres cuartas partes no tienen cimientos ni vigas en los techos”.

El 71,9% tienen piso de cemento no alisado – lo que dificulta la limpieza y el mantenimiento de la higiene, a la par de no ser un material adecuado para las actividades del desarrollo motor infantil- y las restantes tienen piso de tierra; el 81,2% carece parcial o totalmente de revoques en las paredes; el 26,3% tienen aberturas construidas con desechos o materiales en desuso; el 10,5% no cuenta con ningún tipo de aberturas. “Además, el terreno es inundable porque está debajo de la cota de la calle, situación que se puede solucionar con la nivelación del terreno y un esquema de desagües, según los arquitectos que integran nuestro equipo”, agrega.

En términos de salud y alimentación el panorama no es mejor. Hay una proporción alta de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, producto de un círculo vicioso integrado por la mala calidad del agua, las excretas y la basura.

Las encuestas socioambientales con las familias detectaron dos fallecidos por enfermedades que podrían estar causadas por la desnutrición: dos niños menores de cuatro años y una joven de 18 años.

Este panorama se completa con una cantidad de personas discapacitadas entre los habitantes que duplica la media nacional, con un 19,4%. “En la franja de adultos hay mucha gente con enfermedades crónicas (como hipertensión o diabetes) y la mitad está sin tratamientos médicos. Pero también nos encontramos con familias que no están en condiciones de afrontar, como por ejemplo, una dieta para una enfermedad. Cuando analizamos el componente nutricional de la dieta habitual de la población, el 86 % está ligado a los hidratos de carbono y la harina, la mitad de los niños no consumían ningún tipo de lácteos”, asegura Rodríguez.

Es prueba

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Crespi explicó a Veintitrés que el informe es clave para dar fundamento procesal al amparo colectivo. Ese paso fue fundamental para probar el estado de situación y dar viabilidad al reclamo judicial. “Es como la prueba en el proceso penal”, compara la funcionaria.

Un punto importante del proceso que se realiza en tribunales fue determinar que el amparo es colectivo. “Ya el procurador Víctor Abramovich dictaminó ante la Corte que como defensora oficial puedo actuar legítimamente en representación de los niños porque todos sufren la misma situación. Hay jurisprudencia de la Corte que aprueba este tipo de planteos y facilita los reclamos de un conjunto de la población que esté afectada por un mismo problema”.

Otro aspecto de la discusión judicial está relacionado con la capacidad de la defensora de representar a los niños sin el aval expreso de los padres. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara con asiento en Córdoba habían dictaminado que no podía hacerlo, pero Abramovich defendió el accionar de Crespi.

Además, el procurador protegió a los padres al afirmar que está actitud no debe ceñirse a causas como negligencia, desidia o conflicto de intereses porque la inacción puede ser resultado “de factores sociales que actúen como barreras para la actuación de dichos representantes y que estén más allá de su responsabilidad directa”.

Como la garantía de esos derechos en los niños es primordial, funcionarios como Crespi tienen la potestad de actuar en su representación.

En la demanda para exigir la solución habitacional a los vecinos de Las Tablitas la defensora oficial considera que el primer obligado es el Estado provincial, aunque el reclamo se hace extensivo a la Nación porque es garante en última instancia de los derechos de los menores.

Políticas públicas, Justicia y judicialismo

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El informe titulado “Políticas Habitacionales y Desafíos de la Provincia de Córdoba” que realizó la Cátedra de Planificación Estratégica de la Escuela de Trabajo Social, en base al censo del Indec de 2010 y a datos de la Dirección Provincial de Vivienda y de la ONG Un Techo para Mi País, sentencia que el 11.8 % de las viviendas de la provincia (118.811) se encuentran en asentamientos informales, las conocidas como villas miseria, y señala que el número se incrementó entre 2001 y 2010, a la par del momento de bonanza económica del Estado.

Esto da cuenta del déficit de políticas públicas en la materia tanto a nivel nacional como provincial. De hecho, solo en la villa Las Tablitas aumentó la cantidad de familias radicadas entre 2013 y 2014, pasando de 76 a 100.

La reacción de una funcionaria judicial como Mercedes Crespi no debe sacar de perspectiva que el Poder Judicial no está en condiciones de afrontar la exigibilidad de derechos de miles de cordobeses, situación que se hace extensiva a nivel nacional, en forma estructural.

Sucede que, como explica Crespi basada en las interpretaciones del reconocido jurista Roberto Gargarella, “la reforma de la Constitución del ‘94 tuvo un fuerte impronta de ampliación de derechos que no ha tenido el acompañamiento de los poderes ejecutivos en las políticas públicas para hacerlos efectivos. Eso abre la puerta a la justicia a que reclame su efectivización para que no sean letra muerta. Yo creo que es la tarea de los tribunales: abogar por la efectivización de derechos, colectivos, individuales, los que sean”.

Pero esto corre el riesgo de caer en lo que Eugenio Zaffaroni denomina ‘judicialismo’. Con motivo de su presencia en Córdoba en 2011, cuando fue nombrado doctor Honoris Causa de la UNC, el ex juez de la Corte evaluó que la Justicia toma relevancia en las políticas sociales porque “los políticos en función política no siempre están en condiciones de hacer transformaciones de carácter estructural”. Y consideró que “el poder judicial no puede sustituir a las decisiones de carácter político, puede empujar, puede decir ‘usted tiene esta gama de soluciones y alguna debe aplicar. Lo que no puede hacer es no aplicar ninguna’”. Eso es obligación del poder político, ausente en este sentido desde hace décadas.

(*) Este articulo se publico en una versión reducida en Revista Veintitrés.

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