Publicado en línea el Jueves 28 de abril de 2016, por Campaña Contra las Detenciones Arbitrarias

Difundimos documento único consensuado leído en Plaza de Mayo al finalizar la marcha:

Lanzamiento Campaña contra las detenciones arbitrarias

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS DETENCIONES ARBITRARIAS

El 19 de abril de 1991 la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocaba en el estadio de Obras Sanitarias. Era la preferida de Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi que laburaba para ayudar a su familia mientras terminaba el secundario en el colegio Nacional Rivadavia. Tenía 17 años. Ese día Walter llegó a las inmediaciones del estadio para ver a su banda como tantos otros y otras miles lo hicieron. Al momento del ingreso, en cambio, se encontraron con una gigantesca razzia (detención masiva) que los y las esperaba.

Celulares, patrulleros, colectivos, camiones hidrantes y cientos de efectivos de la Policía Federal, la brigada Antimotines, la división de Canes y la guardia de Infantería esperaban la orden, en un operativo semi privatizado, contratado por la organización del espectáculo a través del mecanismo de “servicios adicionales”.
Hubo más de un centenar de detenidos dentro de los estuvo Walter, que, como tantos otros, llegó apaleado a la Comisaría 35ª, jurisdiccional de la zona y a cargo del jefe del operativo, el comisario Miguel Ángel Espósito.

La palabra testigo se haría inmortal en la pared de la comisaría, donde aún yace escrito: “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS. 19/04/91”. Parados por ir a ver a su banda. Parados, como ayer u hoy, cuando llegan los efectivos policiales y detienen a cualquier pibe o piba por averiguación de antecedentes.

A raíz de los golpes recibidos, Walter murió el 26 de abril; una semana después de la detención. Había estado 15 horas en la comisaría antes de ser llevado al hospital.
El asesinato de Walter provocó las movilizaciones populares más masivas que se veían en la Ciudad de Buenos Aires desde las multitudinarias marchas contra los indultos, y sacaron a la calle a una generación de jóvenes y estudiantes que se apropiaron de las calles y las plazas para decirle al Estado, y al gobierno que lo administraba entonces, con Menem a la cabeza, que no nos íbamos a quedar inmóviles frente la represión; que las detenciones por portación de rostro, las torturas, el hostigamiento, y el gatillo fácil también eran responsabilidad material, política e intelectual del Estado, y que nuestras respuestas no iban a ser otras que la organización y la lucha. Desde entonces, desde antes, y hasta el día de hoy, nunca más abandonamos la calle.

Hoy, a 25 años de la detención y tortura seguida de muerte de Walter Bulacio, seguimos luchando contra el sistema de detenciones arbitrarias, que hace más de diez años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Argentino derogar y que ninguno de los gobiernos constitucionales desde entonces cumplió, y contra todas las prácticas represivas del aparato de Estado.

Históricamente, cada una de las administraciones del Estado Capitalista han garantizado sus intereses políticos, económicos y sociales mediante la implementación de un plan represivo adecuado a su etapa y a cada sector de la sociedad.

En Argentina, cada uno de los gobiernos que se han sucedido desde 1983 hasta la fecha, han desplegado su política de “seguridad” sobre las mayorías populares con el objetivo de garantizar el control social: a través del gatillo fácil, la muerte y tortura en cárceles y comisarías, la desaparición de personas, las causas armadas, las detenciones arbitrarias y la militarización de los barrios a lo largo y ancho del país con sus consecuentes resultados, que son: la administración o connivencia del narcotráfico, el robo organizado, el contrabando, las redes de trata, la prostitución y las zonas liberadas. Al mismo tiempo, cada vez que el pueblo trabajador se ha organizado la respuesta fue la persecución política e ideológica, la represión directa, la tercerización de la represión con patotas o grupos de choque, el espionaje y la criminalización de la protesta social en todas sus formas.

Estas prácticas fueron llevadas a cabo por un aparato represivo de Estado integrado por los mismos agentes que actuaron en la última dictadura militar, preservados por todos los gobiernos constitucionales y reforzados con las nuevas camadas de efectivos que fueron formados por los anteriores. Desde entonces, la política represiva del Estado se ha robado la vida de más de 4.700 víctimas en democracia.

Con Alfonsín, el discurso de la “primavera” pretendía convencernos que la represión era cosa del pasado. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, junto a la teoría de los dos demonios, llegaron para orientar el Nunca Más hacia la desmovilización y el olvido. Eso significaba: Nunca Más la fuerza, el movimiento y la convicción. Nunca más organizarse. Nunca más la transformación social.

Así, se intentó invisibilizar los primeros casos, como el de José Luis Franco, desaparecido en 1983 cuando tenía 23 años. Pero no toda la cortina surtió efecto, y hubo elementos que no pudieron taparse aunque se quisiera: como la Masacre de Budge en 1987, o el fusilamiento de treinta y dos combatientes del Movimiento Todos por la Patria en los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano, en la localidad de La Tablada, después de haber presentado su rendición tres veces, y tras haber sido torturados y atacados con fósforo blanco en 1989. Cuatro de ellos, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, siguen hasta hoy desaparecidos.

Con Menem, al compás de las privatizaciones, el vaciamiento de fondos públicos, el crecimiento del endeudamiento externo, la desocupación y la miseria, llegaron las primeras puebladas, como el Santiagazo, los fogoneros de la Patagonia, el Cutralcazo, y tantos otros. Por primera vez desde 1983, cayeron asesinados compañeros en movilizaciones populares, como Víctor Choque y Teresa Rodríguez, y se sumaba al contexto como coletazo final de las leyes de impunidad, con el decreto presidencial del indulto a los militares y los primeros intentos de leyes antiterroristas, que fracasaron, en 1997, frente al repudio y la movilización popular.

Con De La Rúa, los ejemplos empezaron apenas siete días después: la Gendarmería Nacional, por orden del Poder Ejecutivo, reprimió y desalojó el Puente General Belgrano en Corrientes con un saldo de centenares de heridos de bala, y dos compañeros asesinados: Mauro Ojeda y Francisco Escobar. Pocos meses después, las represiones en Tartagal y General Mosconi se llevaban tres compañeros más, entre ellos, a Aníbal Verón.

Las políticas de hambre orquestadas según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional estallaron los días 19 y 20 de diciembre, después que el presidente decretara el Estado de Sitio, con la rebelión popular más masiva de las últimas décadas, comosíntesis de una década de luchas y organización, y una expresión de repudio generalizado a las instituciones que terminaba con un gobierno que escapaba por los techos. La represión alcanzó todos los puntos del país. Murieron 39 compañeros y compañeras, entre ellos Carlos “Petete” Almirón.

Con la renuncia presidencial y la designación de Duhalde como encargado de sostener el interín preelectoral, la crisis había llegado a su punto más alto.
El 26 de junio, el gobierno -a través de su entonces Secretario General de Presidencia, Aníbal Fernández- ordenó disponer de todo su aparato represivo y dio luz verde a la represión para desalojar las calles y desarticular el movimiento organizado. El corte del Puente Pueyrredón, en Avellaneda fue el epicentro, con un operativo multifuerza que incluyó policía bonaerense, federal, gendarmería y prefectura. Centenares de heridos y detenidos, y dos compañeros fusilados, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Al día siguiente, el titular de Clarín tituló “la crisis causó dos nuevas muertes”. Pero no había sido la crisis. Habían sido las balas, con responsables materiales y políticos.

Con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los primeros hechos represivos que ocurrieron en 2003 y 2004 no tuvieron repercusión, o, a lo sumo, fueron presentados como “desbordes inorgánicos” de algún integrante de las fuerzas de seguridad. El episodio más significativo, y el más silenciado de todos, empezó en octubre de 2003, cuando cayó fusilado Luis Marcelo Cuéllar, joven militante de la CCC. A eso le siguieron la militarización de la ciudad de Las Heras en 2005, los operativos de gendarmería amparados por una jueza federal, las detenciones masivas y la tortura, que desembocaron en la criminalización de los trabajadores petroleros, hoy condenados a prisión perpetua por su lucha contra la desocupación, la tercerización y el impuesto al salario. La segunda desaparición de Jórge Julio López en 2006, el asesinato del docente Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén en 2007 y de Mariano Ferreyra en 2010.

Al mismo tiempo, la saturación de los barrios con efectivos de todas las fuerzas de seguridad, todas ellas, además, involucradas en las más variadas formas de criminalidad de uniforme, desde el crimen organizado hasta la explotación del crimen del chiquitaje, tuvo su expresión en el crecimiento notable de las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, las torturas en comisarías y las zonas liberadas, y también en el aumento de la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes, como Iván Torres y Luciano Arruga.

Las designaciones del ex carapintada, Sergio Berni, a cargo de la Secretaría de Seguridad -para reprimir la lucha de los sectores organizados-, y del genocida César Milani al frente del Ejército, la sanción de ocho leyes antiterroristas, el proyecto de una ley anti piquetes acordada y aplaudida en la asamblea legislativa por el oficialismo y la oposición patronal, la renovación de la ex SIDE con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, el Proyecto X.

Finalmente, llegamos al contexto actual, con la asunción de Macri como presidente, y su batería de medidas que vinieron a descargar sobre las espaldas del pueblo trabajador el ajuste, el saqueo y la represión en menos de tres meses.
Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y de la mano con la declaración de emergencia en materia de seguridad nacional, el traspaso de la Policía Federal al ámbito metropolitano, y la aprobación del protocolo antipiquetes, viene cobrando particular importancia el fortalecimiento y ampliación de las facultades policiales –y de las demás fuerzas de seguridad- para detener personas arbitrariamente.

A lo largo y ancho del país, las fuerzas represivas Federales y Provinciales han recibido directivas para usar a fondo todas las herramientas existentes para interceptar, pedir documentos, requisar y detener personas en cualquier momento y lugar (averiguación de antecedentes o detención para identificar, faltas y contravenciones, etc.), en una escalada que incluye respaldos judiciales, como el fallo de principios de enero del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, o el posterior de la Corte que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser.
La sucesión de denuncias de hechos concretos que han circulado en las últimas semanas en redes sociales y medios de comunicación popular permite medir la gravedad de la situación, que pone a cualquiera, especialmente los más jóvenes, los trabajadores y las trabajadoras, personas en situación de calle o vulnerabilidad, en una permanente situación de “libertad vigilada”, con la posibilidad de ser parados, requisados, golpeados y detenidos en cualquier esquina.

Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- pueden detener a cualquiera, por lapsos que varían de 10 a 24 horas, según la jurisdicción, con la detención para “averiguar antecedentes” o “identificar”. En todas las provincias y la CABA rigen los llamados “códigos de faltas” o “códigos contravencionales” -”código de convivencia” en Córdoba- que castigan como si fueran delito conductas que no lo son. El sistema se completa con las “razzias” (detenciones masivas), habituales en los barrios más vulnerables, en las zonas rojas, y en lugares de gran concentración de personas, como partidos de fútbol y recitales de música popular, y las distintas modalidades de detenciones de pibes y pibas de menos de 18 años por el solo hecho de serlo y estar en la calle.
Cuando un juez o un fiscal quieren ordenar la detención de alguien, deben tomarse el trabajo de fundamentar por escrito, al menos con cierta apariencia, las razones y pruebas en que se basan. Un efectivo policial, en cambio, no necesita otro argumento que su propia decisión. Una vez en la comisaría, él y sus superiores adecuan la detención a lo que mejor cuadre según la situación. Para eso tienen a su disposición ese largo menú de opciones, desde la averiguación de antecedentes o las faltas y contravenciones hasta la imputación de algún delito como “atentado y resistencia a la autoridad” si el o la detenida están muy golpeados. Pocos jueces cuestionarán la afirmación policial de que “fue necesario aplicar la fuerza mínima imprescindible”, con lo que cortes y hematomas se convierten en simple secuela, y nunca son suficiente evidencia de torturas.

El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial son víctimas de alguna de estas herramientas para el control social. Dicho de otro modo, más de la mitad de los detenidos y las detenidas que hay en cualquier comisaría, no está allí por una acusación penal.
Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en situación de prostitución y trabajadoras sexuales, artistas callejeros y todos los y las que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o ser hostigado u hostigada sistemáticamente con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna trompada que recuerde al infractor que mejor que denunciar es arreglar.

Las fuerzas de seguridad violentan, detienen y persiguen constantemente a la juventud, los pibes y pibas de barrio, al pobre, al trabajador y la trabajadora, los y las afro descendientes, los y las migrantes y a quienes tienen algún tipo de discapacidad psicofísica; del mismo modo lo hacen con el colectivo travesti, trans, marica y lésbico, como han dado cuenta los casos de persecución y tortura de compañeras y compañeros en La Plata, Salta, Mar del Plata, Miramar y Tucumán, en el último tiempo.

El sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos y muertas en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”. Eran, según el eufemismo policial/judicial, “demorados” o “contraventores”, no detenidos, arrestados o aprehendidos por orden judicial o delito flagrante.
Por eso, cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y de la de nuestros pibes y pibas, que nos convoca a organizarnos cada vez más.

El año pasado, decíamos en esta Plaza a los pibes de los barrios que no cambien la visera por la gorra; que no cambien las zapatillas por los borregos; que no cambien el equipo de gimnasia por el uniforme. No queremos que nos roben el barrio, la esquina, la plaza, los amigos. Que nos hagan creer que perdimos la calle. Las calles son nuestras.

Ellos quieren controlarnos, que nos quedemos en nuestras casas, que desconfiemos de nosotros y nosotras mismas, y, peor aún, que nos apuntemos con el dedo entre nosotros y nosotras.

Saben que la fuerza real está del lado del pueblo trabajador, y no atrás de un escritorio en un palacio, una oficina o una comisaría, ni atrás de un uniforme, sea de azul, oliva, camuflado o de saco y corbata.

Nosotros y nosotras sabemos que, cuando nos organizamos y logramos confiar sólo en nuestras propias fuerzas, dejamos de ser víctimas para convertirnos en luchadores por nuestros derechos y nuestra dignidad.

La historia la escriben los pueblos. Y son los hechos los que escriben con ellos.

La muerte de Walter Bulacio, hace 25 años, desató las movilizaciones masivas más importantes en democracia contra la criminalización de la juventud y la pobreza, la tortura, la persecución y las detenciones.

Hoy nos encontramos en esta Plaza para reafirmarnos por cada uno de ellos y ellas, por los y las que ya no están, y por los y las que estamos.

Pongamos en pie esta Campaña Nacional, con la fuerza necesaria para enfrentar cada atropello, cada avance, cada detención, cada ausencia y cada presencia.
Porque, así como el amigo de Walter escribió en la pared de la Comisaría 35ª que cayeron por estar parados, seguimos de pie por todos y cada una, y porque sabemos que la única manera de avanzar para que las cosas cambien, no va por otro camino sino por y con la unidad, la organización y la lucha que nos trajo acá.
Adelante, compañeros y compañeras. Las calles esperan.

A 25 AÑOS: POR WALTER Y POR TODXS
¡BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS!


Album completo de la movilización

FB de la Campaña: Basta de Detenciones Arbitrarias


“Es por la defensa de nuestra vida y de la de nuestros pibes”

Se lanzó la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias con una movilización de cientos de personas desde Congreso hasta Plaza de Mayo.

Alertados por el aumento de la represión policial y al cumplirse 25 años del asesinato de Walter Bulacio organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles denunciuaron que actualmente hay en la provincia de Buenos Aires un exceso de ocupación de fuerzas de seguridad en los barrios populares y el accionar se ha endurecido en los últimos meses.

Maria Del Carmen Verdú, Integrante de la CORREPI

Susy Shock, integrante del Colectivo Diana Sacayán

Julio, de HIJOS La Plata

Sandra Gómez, mamá de Omar Cigaran

Lectura del comunicado de los Medios Comunitarios Alternativos Y Populares


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