Publicado en línea el Viernes 27 de mayo de 2016, por Marco Ramírez Colombier

La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas ordena al Estado apoyar de oficio a los familiares de desaparecidos del conflicto armado interno (1980 – 2000).

El Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia de 1980 al 2000. Esta iniciativa legislativa, promovida por la Defensoría del Pueblo, posibilitará que el Estado inicie de oficio la búsqueda de los desaparecidos civiles, policías y militares.

El texto de la Ley señala que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá implementar y ejecutar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como centralizar, actualizar y administrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro.

La Ley aprobada ordena la participación de los familiares en el proceso de búsqueda. Los familiares de las personas desaparecidas recibirán acompañamiento psicosocial, material y logístico durante la búsqueda.

La Ley se sustenta en el derecho de los familiares de las personas desaparecidas “a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la situación de la persona desaparecida, incluido su paradero, o, en caso de fallecimiento, las circunstancias de su muerte y el lugar de inhumación”.

15 731 personas todavía están desaparecidas por causas relacionadas al conflicto armado interno de 1980 al 2000, según cifras del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Fiscalía de la Nación.

Mujeres indígenas, en búsqueda de reparación

El conflicto armado interno fue un período doloroso de la historia peruana que evidenció las graves brechas que todavía existen en el país. La Comisión de la Verdad y Reconciliación constató que la violencia política afectó especialmente a la población en situación de pobreza, a los pueblos indígenas y a las mujeres.

Según estadísticas de la CVR, más del 40% de las personas muertas y desaparecidas por la violencia política eran naturales de la región Ayacucho. Asimismo, el 79% de las víctimas reportadas vivía en zonas rurales, y el 75% hablaba una lengua indígena.

Por otro lado, el informe final de la CVR indica que “las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que difieren de aquellos infligidos a los varones”.

La aprobación de la ley reivindica el esfuerzo de las asociaciones de familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia, entre ellas la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP).

Crédito de fotografía: www.comisedh.org.pe


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