Publicado en línea el Lunes 27 de junio de 2016, por Vice News

El lugar se ve afectado por un proyecto que, según los habitantes, amenaza con devastar no sólo a la flora y fauna del lugar, sino también el tejido social de las comunidades que ahí se encuentran, la salud de sus habitantes y los cultivos con los que subsisten.

Se trata de un basurero de desechos tóxicos que pretende administrar el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV (CITSU), una compañía propiedad de José Cerrillo Chowell, empresario minero, accionista de varias casas de cambio y ex dirigente de la Cámara de Mineros Mexicanos.

Se pretende que en el rancho privado de Cerrillo Chowell, CITSU pueda confinar 185.000 toneladas de residuos industriales producto de la minería como lo son el cadmio, el cianuro y el mercurio, los cuales están relacionados con enfermedades graves como el cáncer y ponen en riesgo a la vegetación y a los animales de la zona, dicen los afectados.

'Nuestra casa no es basurero de nadie, no vamos a permitir que tiren desechos en ella'.
En una conferencia de prensa, realizada el día de ayer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Coronado, miembro del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo — agrupación creada a finales del año pasado para detener la construcción del basurero —, aseguró que el proceso legal con el que se pretende realizar el proyecto está plagado de irregularidades.

"Hubo falsificación de firmas para que se pudiera cambiar el uso de suelo y se le pudieran otorgar a la empresa los permisos de construcción. Además, nunca se consultó a la población sobre si queríamos este basurero, no hubo una consulta pública", expresó Coronado, el activista ambiental.

También dijo que la mayoría de las comunidades del lugar se dedican a la agricultura y a la ganadería. "La empresa dice que nos va a dar empleos y que el proyecto va a generar la construcción de hospitales y carreteras, pero nuestra casa no es basurero de nadie, no vamos a permitir que tiren desechos en ella".

El Comité explicó que la obra afectaría directamente a 20.000 personas de al menos cuatro municipios: Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos.

En ese sentido, investigadores del Colegio de San Luis, quienes colaboran con los defensores de la zona han expresado su preocupación por el proyecto avalado incluso por la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), institución del gobierno federal que se encarga de proteger el ecosistema del país.

Señalaron que unos de los problemas que generaría la operación del basurero sería el desabasto de agua en las comunidades afectadas, algo que ya es un problema debido a la mala distribución del líquido vital.

"Los riesgos de contaminación son bastante amplios y también afectarían severamente el recurso hídrico de la zona. Tanto el gobierno del estado como las autoridades municipales, organismos operadores de agua y asociaciones civiles tienen el deber de buscar que se modere la desigualdad que hay con respecto al acceso al agua, pues las personas de escasos recursos económicos obtienen muy poca y de mala calidad", dijeron los investigadores.

La zona de Wirikuta es famosa por los usos y costumbres indígenas, así como por sus leyendas entre las que se cuenta que ahí fue donde se creó el mundo, además del tradicional consumo del peyote, un alucinógeno que usan para buscar una experiencia mística con sus antepasados.

Pero no es la primera vez que la gente del lugar se organiza contra proyectos que afectan su vida comunal. Han llevado una lucha constante contra las concesiones mineras que el gobierno mexicanoha otorgado a distintas compañías en su territorio.

En diciembre de 2011, se anunció el Proyecto Universo, un plan minero de la empresa canadiense Revolution Resources, que pretendía explotar a cielo abierto para la extracción de minerales 59.678 hectáreas de la zona, el 42 por ciento del área natural protegida, pero desde octubre de 2013 — luego de una intensa campaña a nivel nacional para detener el proyecto — un juez federal ordenó detener los trabajos de la empresa minera.

Finalmente, los miembros del Comité señalaron que las autoridades locales por un lado dicen apoyar a la comunidad para detener al basurero tóxico, pero por otro favorecen a la empresa con concesiones territoriales a su favor.

Actualmente el caso se encuentra en manos de la justicia local, cuyos funcionarios están revisando si efectivamente existen las irregularidades que se denuncian, por lo cual la obra, está detenida y aún no inicia formalmente su construcción. La SEMARNAT no se ha pronunciado recientemente sobre el tema.

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