Publicado en línea el Jueves 7 de julio de 2016, por podemosdev

Hoy hemos amanecido con la noticia del asesinato en Marcala, departamento de La Paz, Honduras, de Lesbia Janeth Urquía, fuerte opositora a la construcción de represas sobre los ríos de ese departamento.

Lesbia Janeth Urquía se incorporó al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a partir del Golpe de Estado del 2009 y desde entonces fue consistente en su oposición a que se concedieran licencias pata la construcción de varias represas a la empresa del esposo de la presidenta del Partido Nacional y Vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

Desde PODEMOS queremos expresar nuestra condena del asesinato de Lesbia Janeth y nuestra repulsa de este tipo de situaciones que, lamentablemente, se han repetido en Honduras en los últimos años y especialmente desde el Golpe de Estado del 2009. Es fundamental que el gobierno hondureño tome las medidas necesarias para terminar con el clima de impunidad en que se producen estos asesinatos. Esperamos, asimismo, que el gobierno español emplee todos los mecanismos que la cooperación internacional permite para avanzar en este sentido.

Además, este asesinato coincide con una jornada de consulta que se realizó en la ciudad de Marcala, por parte del gobierno y con apoyo de las Naciones Unidas, sobre el anteproyecto de Ley Marco de Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

Según algunas fuentes, este asesinato podría tener el propósito de amedentrar a la población en su participación en otra consulta que se celebrará este domingo en Santa Elena, La Paz sobre la construcción de otra represa. Esta consulta ha sido promovida por el pueblo Lenca que es mayoritario en ese municipio y el Centro Hondureño para Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).

Desde Podemos reiteramos nuestro firme apoyo a las organizaciones sociales que hacen efectivo el derecho a la consulta de las poblaciones originarias en este tipo de obras y proyectos de infraestructuras. Este derecho, recogido por la legislación internacional, debe asegurarse de una manera fehaciente por los poderes públicos y las instituciones internacionales.


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