Publicado en línea el Jueves 1ro de septiembre de 2016, por Marco Ramírez Colombier

Autores de masacre en Accomarca fueron condenados a 10 y 25 años de cárcel.

El 13 de agosto de 1985, dos patrullas militares llegaron al centro poblado de Accomarca, en la provincia de Vilcas Huamán, en Ayacucho. Al día siguiente, bajo el pretexto del combate de la subversión, asesinaron de manera brutal a 69 moradores, entre ellos niños y ancianos.

Treintaiún años después, el Poder Judicial condenó a los autores de masacre en Accomarca a 10 y 25 años de cárcel. Los tenientes Telmo Hurtado, Juan Rivera Rondón y el general Wilfredo Mori fueron condenados a 23, 24 y 25 años de prisión, respectivamente, como autores mediatos de la masacre. Otros 10 acusados todavía están prófugos de la justicia.

Los hechos de Accomarca constituyen uno de los casos emblemáticos de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado interno. En declaraciones a El Comercio, el fiscal Pablo Landa, encargado del caso, ha señalado que la matanza no fue un hecho aislado, sino parte de una política diseñada por el Estado Mayor del Ejército en la zona.

Pese a la visibilidad del caso, la acusación fiscal solo se concretó en el año 2015 y el proceso penal se ha extendido por un año. Esto se debió a la huida del país de Telmo Hurtado, quien fue extraditado de Estados Unidos a Lima en el 2011.

Como se recuerda, en el año 1989, Telmo Hurtado solo fue condenado por “abuso de autoridad” y en 1994 se acogió a las leyes de amnistía dadas por Alberto Fujimori. El jefe de la patrulla que perpetró la masacre vivió en la impunidad hasta que el caso se reabrió en la justicia civil en el 2002, gracias a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a la dilatación del proceso, la masacre de Accomarca se ha mantenido en la memoria colectiva del pueblo quechua de Ayacucho. La sentencia judicial no representa solo un castigo para los victimarios, sino también un reconocimiento a las víctimas y sus familiares, que nunca cejaron en su lucha de décadas por la justicia.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, como en el caso de Accomarca.

Para la CVR la reparación tiene profundas implicancias éticas y políticas, y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional. Al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos, pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir atención preferente por parte del Estado.

Foto: Andina.


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