Publicado en línea el Martes 28 de marzo de 2017, por David Perejil Bricio

El pasado 24 de marzo tuvo lugar una manifestación en la ciudad de El Aaiún convocada por la Confederación de Saharauis Desempleados, para exigir empleo ante el elevado desempleo en la población saharaui y los derechos sociales. Las protestas se iniciaron cuando un grupo de desempleados saharauis de la empresa Fosbrucaa ocuparon un autobús de la compañía, en la que los manifestantes afirman que se les impide trabajar por ser saharauis. Posteriormente, centenares de saharauis se sumaron a las protestas de los desempleados con pancartas en contra de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. La manifestación finalizó con varios manifestantes saharuis heridos, entre ellos al menos cerca de una decena de parados saharuis y media docena de mujeres, y un número de detenidos aún por determinar, en acciones de la policía y ejército de Marruecos.

Las protestas coinciden con la celebración en Rabat de los juicios contra 25 integrantes por la protesta pacífica de Gdeim Izik, condenados por un tribunal militar en 2013 a penas de 20 años y cadena perpetua y que llevan 6 años en prisión. Tras ser anulado este juicio militar por el Tribunal de Casación de Marruecos ante las irregularidades denunciadas por organizaciones de Derechos Humanos, ahora el juicio se repite ante un tribunal civil, tras numerosos aplazamientos. Según las informaciones de los observadores internacionales en los juicios, Marruecos debe asegurar las garantías judiciales, la igualdad de trato entre los abogados de la Defensa del Procurador del Rey y los abogados de los acusados, así como permitir la presencia de observadores y juristas internacionales.

Ante estos hechos, desde los Grupos Parlamentarios Unidos Podemos En Comú Podem En Marea y Compromís exigimos que cese la represión de las manifestaciones de saharauis en El Aaiun, que Marruecos respete sus derechos de manifestación, libertad de expresión y sus derechos como pueblo que reclama su libre determinación así como exigimos garantías judiciales y observación internacional en los juicios de Gdeim Izik.

41 años después del proceso de descolonización del pueblo saharaui, España debe cumplir con su responsabilidad histórica con la libre determinación del pueblo saharui y el compromiso de la sociedad española, mediante una propuesta que fije una fecha definitiva para la celebración de un referéndum en el que se conozca y respete la libre determinación del pueblo saharaui, tal y como establecen los acuerdos firmados en 1991, así como, en estos momentos en que España se postula como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras su paso por el Consejo de Seguridad en 2015-2016, no hay ninguna razón para que nuestro Gobierno no impulse que la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas encargada de velar por el alto el fuego y organizar el referéndum, cuente con competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

Por último, España debe acatar y hacer cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, donde se establece que los acuerdos de comercio, asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sáhara Occidental ya que, según el derecho internacional, es ilegal cualquier actividad comercial con el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.

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