Publicado en línea el Miércoles 5 de abril de 2017, por juanluis

Gabriel Moreno González – - El diario.es

Un nuevo entramado de instituciones opacas y alejadas de los tradicionales parámetros de la democracia constitucional está comenzando a doblegar jurídicamente la voluntad política de la soberanía popular en Europa

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Nunca como hasta ahora se había puesto tan evidencia la artificiosa complejidad de la esencia de la Unión Europea, de la maquinaria que subyace a sus objetivos y de los fundamentos teóricos que le dan soporte, convertidos en un verdadero galimatías difícil de desentrañar. Y es que, incluso para quienes se dedican exhaustivamente al estudio de la Unión, explicar sucintamente su evolución y los elementos esenciales que vertebran algunos de sus ámbitos de actuación, se convierte en una empresa difícil y alejada del lenguaje común de los mortales no iniciados. Como nos enseña El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos”.

En la Unión Europea, la mal llamada “austeridad” y todos los mecanismos a ella aparejados se han elevado en la clave de bóveda de un nuevo maremagno de normas, previsiones e instituciones alejadas por completo de los referentes simbólicos de los ciudadanos. Es por ello que la tarea de “descomplejización” que ha de llevar a cabo el jurista crítico se vuelve más que necesaria y pertinente en estos tiempos. Desenmarañar lo que, una vez desvestido de aparatosidad técnica y lenguaje inextricable, no es más que un cuerpo desnudo de decisiones políticas. Porque en efecto, detrás de todos los ampulosos términos de la gobernanza económica, de las reglas de estabilidad presupuestaria o de los Memorándums de Entendimiento, lo que existe es un simple y llano voluntarismo político asentado en férreas convicciones ideológicas. Los árboles del lenguaje y de la apariencia tecnocrática no nos dejan ver el bosque de lo político y de la política.

Precisamente ése era uno de los objetivos del movimiento ordoliberal, quizá el conjunto teórico-económico que más ha influido en la construcción de las bases de la Unión Europea y del mercado interior: disfrazar con la neutralidad de lo técnico lo que en esencia es decisión política y, por tanto, susceptible de cambio. Y ello, además, en la creencia de que el marco jurídico-institucional esté en todo momento alejado del pluralismo político y de los cambiantes vaivenes de las mayorías sociales, protegido en una esfera indisponible que garantice la existencia de los elementos vertebradores del libre mercado y del orden de competencia. Por tanto, lo que se intenta es llevar al Derecho (a lo jurídico con pretensión de inmutabilidad y de permanencia) y a lo técnico (lo no disponible por las mayorías ni por el procedimiento democrático), lo que en esencia es político (lo contingente que puede cambiar al albur de las decisiones democráticas en juego).

Esta operación se llevó a cabo, con no pocas interferencias y dificultades, en el proceso de integración europeo, que pareciera haber estado diseñado para el triunfo de algunas y nada desdeñables tesis neoliberales. Si en el marco de los Estados, éstas tendrían que haberse enfrentado aún a los tradicionales mecanismos democráticos, en el de la Unión Europea pudieron inocularse sin problema al estar la propia Unión alejada de las decisiones populares.

En este contexto, vigorizado por la crisis económica y la sorprendente (por ineficaz) respuesta que a ella da la Unión Europea, es donde debemos situar a los nuevos mecanismos de gobernanza económica, que se intentan “vestir” con los ropajes de lo técnico y lo necesario cuando en verdad responden a la voluntad de los Gobiernos de los Estados miembros, de las élites burocráticas de la UE y de unos ya más que desligados representantes políticos.

Así, aunque la crisis económica por la que atravesamos se debe fundamentalmente a los excesos de la banca y del sector financiero privado, la respuesta institucional de la Unión se ha centrado en el gasto público y en los presupuestos de los Estados, queriéndolos monitorizar desde postulados pretendidamente técnicos que esconden una ideología neoliberal empíricamente inútil e incrustada, con pretensiones de inmutabilidad ordoliberal, en el corazón de la UE.

Esta finalidad y esta respuesta contradicen el propio marco institucional de la UE, pues se alejan del Parlamento Europeo y del resto de mecanismos democráticos en el continente, y se sitúan en una nueva esfera de “desbordamiento” por arriba. Simplemente, los “antiguos” instrumentos comunitarios, creados en ocasiones con el objetivo de esquivar la discusión y posibilidad de cambio que se dan en el interior de los Estados miembros, se ven a sí mismos insuficientes para una nueva fase del capitalismo en Europa. La creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), cuyo objetivo es “facilitar” financiación puente a los Estados en dificultades mientras éstos son obligados a realizar profundos programas de ajuste para corregir sus “desequilibrios” (aumentarlos, en verdad), es uno de los mayores ejemplos.

La nueva institución es un auténtico monstruo jurídico en el corazón del proceso de integración, donde participan instituciones ajenas a ésta (como el FMI) y donde la toma de decisiones no sigue el procedimiento común que se da en las competencias de la UE. Y es este monstruo jurídico el que impone las condiciones a los países “rescatados” por la UE, y cuya lectura es, simplemente, escalofriante: rebaja de las pensiones, más privatizaciones, liberalización de las profesiones (erosionado la figura del contrato de trabajo) o la práctica supresión de la negociación colectiva. A estas imposiciones, que aparecen nítidamente en el último memorándum con Grecia, se ha de sumar, además, la obligación de que “el gobierno ha de consultar y acordar con las instituciones (acreedoras) todos los proyectos legislativos en los ámbitos pertinentes con suficiente antelación antes de someterlas a consulta pública”.

Esta institucionalización de mecanismos de coacción económica desde el nuevo entramado jurídico de la Unión Europea, lejos, como decimos, del debate público y la discusión política que se daría al menos con una participación más efectiva del Parlamento Europeo, también se refleja en el “Semestre Europeo”, un nuevo instrumento para controlar los presupuestos de los Estados.

Durante los primeros seis meses del año, la UE se encarga de monitorear los presupuestos que presentan los diferentes gobiernos, elaborando la Comisión Europea una serie de recomendaciones por países que beben directamente de la neolengua de la mal llamada austeridad, que son refrendadas por el Consejo y el Consejo Europeo y donde se imponen modificaciones presupuestarias a los Estados que incumplan con los objetivos de déficit; recomendaciones siempre presididas, como el propio diseño jurídico del Semestre indica, por la búsqueda de reformas estructurales y la “prevención de desequilibrios económicos y presupuestarios”. O lo que es lo mismo: medidas encaminadas a perseguir las mismas condiciones que hemos visto en el memorándum a Grecia, suavizadas en el lenguaje pero generalizadas para todos los países de la Unión, aunque no hayan recibido “rescate” alguno del MEDE o el BCE.

Por si fuera poco, este desbordamiento por arriba de la Unión Europea, esta creación de nuevos espacios de decisión alejados de los tradicionales marcos de la propia Unión, se complementa y potencia por la búsqueda incesante de una red de acuerdos con terceros países que implican en realidad una nueva cesión competencial y de soberanía, pero esta vez desde la propia UE (doble cesión). Estos acuerdos, centrados fundamentalmente en Estados Unidos (TTIP, ahora en la cuerda floja) y Canadá (CETA), contemplan nuevas instituciones (mecanismos de cooperación reguladora) que, completamente alejadas ya del marco de la Unión (de por sí, poco democrático en ocasiones) y, por supuesto, del de la soberanía popular de los Estados miembros, pretenden acercar y homogeneizar la regulación entre ambos lados del atlántico desde estándares de protección más reducidos y más funcionales, en consecuencia, a la depredación que implica el libre comercio sin límites.

La instauración de procedimientos de arbitraje para resolver los conflictos entre las multinacionales y los Estados en aplicación de estos tratados, creando una desigualdad en el acceso a la justicia y esquivando así a la función jurisdiccional misma y al propio Estado de Derecho, se convierte en el paradigma de esta huida de la Unión hacia afuera y de la voluntad de los núcleos de poder de separar los centros de toma de decisiones de la ciudadanía y de los esquemas jurídicos que, con mayor o menor intensidad democrática, hasta ahora los habían presidido.

MEDE, Semestre Europeo, CETA, TISA… Un nuevo entramado de instituciones opacas y alejadas de los tradicionales parámetros de la democracia constitucional está comenzando a doblegar jurídicamente la voluntad política de la soberanía popular. Y esto es, únicamente, la punta del iceberg. El proceso no ha hecho más que comenzar, y la lucha por otra Europa, democrática y de los pueblos, se aventura cada vez más necesaria y urgente. Comenzar desde la denuncia de las contradicciones mismas de una Unión Europea que se aleja de sí misma para revestir jurídicamente el expolio soez a la ciudadanía y a las clases trabajadoras, puede ser un buen comienzo.


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