Publicado en línea el Martes 23 de febrero de 2016, por Trabajadores INAI

Frente al anuncio de despidos por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Raúl Ruidíaz, en la reunión mantenida el 12 de febrero pasado, con nuestrxs delegadxs gremiales de ATE, lxs trabajadorxs de este Instituto nos pronunciamos firmemente en contra de esta medida, sosteniendo que no debe haber ningún despido entre quienes venimos trabajando día a día desde hace años, en el desarrollo, promoción y gestión de la política pública indígena.

Mientras los nuevos funcionarios aducen el “sobredimensionamiento” de la planta de personal como justificación de los despidos, lxs trabajadorxs, que tenemos muchos años de trabajo con los pueblos originarios de nuestro país, consideramos que éste es un argumento funcional a la política de reducción general del Estado.

Lxs trabajadorxs sabemos -por nuestra experiencia en el territorio- que muchas de las deudas pendientes con los pueblos originarios que tiene el Estado Nacional, están relacionadas con la falta de recursos humanos y económicos para trabajar las demandas en pos de hacer efectivos sus derechos. En consonancia, son los propios pueblos originarios quienes vienen planteando desde hace tiempo la necesidad de creación de un Ministerio que lleve adelante la política indígena en la Argentina. Frente a esto, la tajante propuesta del presidente Ruidíaz es: reducción de la planta y achicamiento del INAI.

En respuesta a los despidos anunciados, el colectivo de trabajadorxs del INAI se propone defender el puesto de trabajo de todxs y cada unx de lxs compañerxs, con medidas tendientes a que la actual gestión revea este inaceptable anuncio y comience a trabajar en propuestas concretas, ligadas a las incumbencias del Instituto.

Se adjunta para una mayor comprensión del conflicto una retrospectiva de las acciones del INAI desde su creación y un detalle del conflicto desencadenado

Contacto prensa: 11-6-365-7194

RETROSPECTIVA DE LA POLITICA PÚBLICA INDÍGENA

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS

Desde la conformación del Estado Argentino (proceso que llevó 70 años del siglo XIX, con la derrota del proyecto popular de San Martín, Artigas y otros patriotas latinoamericanos) hasta la actualidad, la mirada y la política hacia los Pueblos Originarios de nuestro país fue variando. Los decimonónicos constructores del Estado, en tanto arquitectos de un programa de corte liberal en lo económico (modelo agroexportador mediante) y conservador en lo político (con la idea de constituir ciudadanos capaces de aceptar la situación imperante), imbuidos además de una clara vocación europeizante, marginaron a amplios sectores populares de la ciudadanía, no sólo de la discusión y participación política, sino de la vida nacional en sí. Es así como hasta hace muy poco tiempo el Estado Argentino ha venido proponiendo una política pasiva y poco específica con respecto a los Pueblos Indígenas, salvo excepciones históricas en las cuales los sectores populares pudieron tomar el control político del Estado.

Al sancionarse la Ley Nacional N° 23.302 en 1985, se materializa el anhelado sueño de los Pueblos Originarios argentinos de estar insertos en la estructura del Estado, para poder viabilizar y hacer realidad de este modo una política pública específica dirigida hacia ese sector tan negado y postergado de nuestra sociedad.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo del Estado Nacional encargado de implementar la política pública indígena en todo el país, basada en la efectivización de derechos consagrados en la Constitución Nacional y normativa concordante, la cual tiene como particularidad estar destinada a un sujeto colectivo de derecho: las Comunidades Indígenas y los Pueblos Indígenas a los que pertenecen, garantizando a su vez la participación y consulta de los mismos en su diseño y ejecución y articulando con las provincias.

Sin embargo, desde la ley de creación de 1985 hasta entrado el siglo XXI, el INAI se mantuvo como una oficina activa pero de poco alcance efectivo nacional, en el marco de la Secretaria de Desarrollo Social, inserto a su vez en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y luego transitivamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, siempre como un modesto organismo descentralizado.

En ese lapso, y conforme con la tónica de la década de los noventa, la oficina del INAI se dedicaba a articular y monitorear programas diseñados y subvencionados por organismos financieros internacionales, o bien a financiar otros cuya aplicación y desarrollo corría por cuenta de diferentes ONG, al mismo tiempo que no consolidaba una estructura territorial (planta formalizada con cargos concursados) que abarcara las múltiples realidades y necesidades de los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país.

En este marco, durante los 90 y principio de los 2000 se desarrollaron programas como el CAPI (Componente de Atención a Pueblos Indígenas) y luego el Proyecto DCI (Desarrollo de Comunidades Indígenas), ambos diseñados y dependientes del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), los cuales fueron cerrándose paulatinamente al mismo tiempo que el Instituto consolidaba algunos espacios propios por primera vez desde el año 85. Así el CAPI cierra en 2003 y el DCI en 2006, sumando los recursos humanos capacitados en esta actividad específica a la Dirección de Desarrollo Comunitario del INAI. Con el Decreto N° 410/2006 el INAI oficializa la creación de dos Direcciones: Desarrollo de Comunidades Indígenas y Tierras y Registro Nacional de Comunidades indígenas (Re.Na.C.I.), a las cuales en 2010 se le sumaría una tercera, Afirmación de Derecho Indígena, mediante el Decreto N° 702/2010.

Con la sanción de la Ley Nacional N° 26.160 en 2006, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, el INAI logra un crecimiento exponencial en su planta de personal, acorde a la trascendencia de dicha ley y a la nueva realidad de las Direcciones, el cual sin embargo no consigue verse reflejado y contenido en un organigrama institucional acorde, paliándose de modo deficitario esta falencia con una estructura informal precaria, armada a través del mecanismo de programas y convenios con universidades nacionales.

Pese a que en todo este proceso el crecimiento del personal del INAI fue de aproximadamente un 150%, el mismo resultó insuficiente para abordar adecuadamente tareas de semejante envergadura institucional.

A pesar de eso, se produjo un avance notable de la política pública y la legislación destinada a los Pueblos Originarios, inédito e histórico en nuestro país, consolidado por la férrea voluntad de los trabajadores del Instituto y de las Organizaciones Indígenas territoriales, actores principales de dicho crecimiento. La magnitud de la tarea y sus resultados quedan plasmados en las casi 1.000 Comunidades Indígenas relevadas entre 2009 y 2014, contabilizando más de 5.700.000 ha., y las más de 1.350 Comunidades con personería jurídica inscripta en el INAI y en los organismos provinciales competentes, pertenecientes a 35 Pueblos Indígenas diferentes y asentadas en todas las provincias del país. A ello se suman los numerosos proyectos socioproductivos desarrollados, los trabajos en salud, educación y cultura y la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI), espacio institucional de consulta y participación conformado por representantes elegidos por las Comunidades Indígenas, por Pueblo Indígena y por provincia (actualmente lo integran 131 representantes). De esta forma se pudo promover, facilitar y extender la llegada efectiva del Instituto y otros organismos del Estado Nacional a los territorios, con una participación y acompañamiento activos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Todo esto sin una infraestructura propia y acorde en las provincias, sólo un puñado de agentes territoriales dispersos en las mismas, ligados a los compañeros centralizados en la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo del 2015, con la coyuntura de un año electoral intenso, las funciones del Instituto bajaron en densidad, no así la planificación y el diseño de actividades por parte de los trabajadores. Con la llegada de la nueva gestión y con la excusa del traspaso y ordenamiento se dejó de asignar tareas a gran parte del INAI, quedando a evaluación todo el personal. Cabe destacar que la supuesta evaluación la estarían realizando funcionarios sin ningún tipo de experiencia en política pública indígena ni en la temática en general.

Ante la exposición de la agenda de trabajo y planificación de los equipos del INAI, los funcionarios de Cambiemos mostraron desidia, apatía y postergación, dejando entrever que la planta del Instituto estaba sobredimensionada y que planeaban una reducción drástica. Mientras tanto sigue la inacción del INAI y congelada la política pública destinada a los Pueblos Originarios.

Cronología:

1985 Creación del INAI / Ley N° 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes

1989 Decreto 155 reglamentario de la Ley 23.302

1992 Ley Nacional Nº 24.071, ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

1994 Reforma Constitucional. Artículo 75 incisos 17 y 22.

1995 Resolución Ex SDS Nº 781/95 del 22 de Marzo del 1995 creó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.)

1996 Resolución Ex SDS Nº 4811/96 en su Art. 4º prevé la suscripción de Convenios con los gobiernos provinciales en orden a homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías jurídicas de las Comunidades Indígenas

1998 Convenio con la Secretaria de Desarrollo Social (Jujuy) Incorporación de Personerías Jurídicas Res. N° 249

2000 Convenio con la Provincia de Rio Negro. Incorporación de Personerías Jurídicas Res. N° 156

2003 Final del CAPI (Componente de Atención de Pueblos Indígenas) Comienzo del DCI (Desarrollo Comunidades Indígenas)

2004 Creación del CPI (Consejo de Participación Indígena) por resolución INAI n° 152

2006 Ley 26.160 emergencia en materia de posesión y propiedad de territorios tradicionales indígenas. Relevamiento Técnico Jurídico Catastral. PACI (Programa Acompañamiento de Comunidades Indígenas) Decreto PEN Nº 410/06 en su Anexo I establece las responsabilidades primarias y las correspondientes acciones de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.)

2007 Convenio con el Gobierno de la Provincia de Salta. Incorporación de Personerías Jurídicas. Res. N° 379

2008 Convenio UNSE (Santiago del Estero) Universidad Nacional del Sur Ambas relevamiento técnico jurídico catastral Convenios UNT (Tucumán) Universidad Nacional del Sur (B.Blanca) Secretaria DDHH (Jujuy) Relevamiento Técnico Jurídico Catastral. Convenio con el Ministerio de Economía y Obras Públicas (Santa Cruz) CODECI (Rio Negro) Ambos Relevamiento Técnico Jurídico Catastral Convenio IDACH (Chaco) IPPIS (Salta) Ambos Relevamiento Técnico Jurídico Catastral

2009 Ley 26.553 prórroga de la 26.160. Hasta 2013. Relevamientos Técnicos Jurídicos catastral Centralizados (Equipos de Buenos Aires + Territoriales) Convenio Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Relevamiento Técnico Jurídico Catastral

2010 Dirección de Afirmación de Derecho Indígena a través del decreto 702; Decreto 700 (Comisión de Análisis instrumentación de ley de propiedad comunitaria); decreto 701 (INAI como articulador de la Ley 25.517 de restitución de restos indígenas) Programa de Instrumentación de Prop Comunitaria Indígena (Jujuy)
Creación del RENOPI (Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas) mediante resolución INAI n°328

2011 Reglamento del CPI mediante resolución INAI n° 113 Convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano (Salta) Relevamiento Técnico Jurídico Catastral Convenio Subsecretaria Desarrollo Social (Santiago del Estero) Defensoría del Pueblo (Tucumán) Relevamiento Técnico Jurídico Catastral.

2012 Convenio Ministerio de Gobierno (Chubut) Min. Coord. Gabinete Seguridad y Trabajo (Neuquén) Relevamiento Técnico Jurídico Catastral Convenio Ministerio de DDHH (Misiones) Relevamiento Técnico Jurídico Catastral / Convenio Min Bienestar Social (La Pampa) Personerías. Res N°846

2013 Ley 26.894 Prorroga de la Ley 26.160 hasta 2017. Convenio Gobierno de la Provincia de Neuquén. Personerías Res N° 1137 Convenio Universidad Nacional de Chaco Austral (Chaco) Ministerio de Gobierno (Rio Negro) Ambos Relevamiento Técnico Jurídico Catastral

2014 Resolución INAI n°737 modificación del reglamento de CPI. / Convenio Secretaria DDHH (Provincia de Bs. As.) Personerías Res N° 167 Convenio Ministerio de DDHH (Misiones) Secretaria de DDHH (Buenos Aires) Ambos Relevamiento Técnico Jurídico Catastral

2015 Convenio Ministerio de Gobierno (Chubut) Relevamiento Técnico Jurídico Catastral


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