Publicado en línea el Sábado 20 de mayo de 2017, por amalia

Miguel Ángel Llamas – ATTAC Castilla y León

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La propuesta de la candidatura de Susana Díaz consistente en crear una “Renta Garantizada a los Jóvenes” ha causado sorpresa y estupor en el debate público. Según el programa de la candidata andaluza, la propuesta se implementaría “a modo de crédito fiscal”, la concesión estará condicionada “a un proyecto formativo, de inserción laboral o emprendedor” y las cantidades se “devolverán sin intereses a lo largo de su vida laboral, en el marco del impuesto sobre la renta, durante un período de 10 a 20 años, de forma flexible y siempre en aquellos casos que perciban rentas superiores a los umbrales mínimos declarables”.

Los analistas políticos suelen citar, entre otros, dos factores principales de la pérdida de apoyo electoral que sufre el PSOE. El primero, la incapacidad para conectar con los jóvenes que sufren las consecuencias de la crisis. El segundo, la ausencia de un proyecto político alternativo al neoliberalismo que permita redistribuir la riqueza y garantizar los derechos sociales frente a las presiones competitivas de la globalización. La mal llamada propuesta de “Renta Garantizada a los Jóvenes” resulta paradigmática en este doble sentido porque ahonda en los errores del PSOE cometidos en las últimas décadas. Veamos por qué.

La idea de los préstamos renta no es novedosa en España. En 2007, el Gobierno de España creó el sistema de Préstamos Renta Universidad para financiar el acceso a los estudios de posgrado, toda vez que el máster adquiría rango de enseñanza oficial. El resultado de este programa, derogado por el Partido Popular al llegar al Gobierno, puede tildarse de catastrófico. Las condiciones de los préstamos renta fueron desvirtuándose en sucesivas convocatorias y más de 12.000 titulados universitarios se hallan ahora en una situación de precariedad y sobreendeudamiento. Además, este tipo de programas normalmente cuenta con la colaboración de las entidades financieras, que, como sucede en el caso de los Préstamos Renta Universidad en España, se han caracterizado por cobrar todo tipo de comisiones, aplicar cláusulas y prácticas abusivas y, en definitiva, enriquecerse injustamente con el dinero público y la precariedad de la ciudadanía. Nada nuevo: en países como Estados Unidos sabido es que la deuda estudiantil supone un lastre para millones de personas.

Podría aducirse desde la candidatura de Susana que en este caso los préstamos serían verdaderos “préstamos renta”, es decir, que sólo se devolverían si se obtiene una renta futura (en todo caso no especificada). Pero la experiencia del programa del Gobierno de Zapatero nos dice que la “letra pequeña” resulta fundamental para determinar la exigencia o no de devolución de los préstamos. Sin ir más lejos, en casos como el de Susana Díaz, que tardó diez años en acabar la carrera de Derecho, difícilmente los estudiantes podrían acogerse al umbral de devolución. El programa del Gobierno socialista, que actualmente es objeto de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación, es suficientemente esclarecedor del riesgo de sobreendeudamiento que entrañan estos instrumentos de financiación y ha puesto de manifiesto notables deficiencias en la gestión y la información sobre su alcance real. En este sentido, llama la atención que el documento de Susana Díaz emplee la denominación de “renta garantizada” en lugar de hablar de “préstamos o créditos”, una información falsa que bien podría calificarse como publicidad engañosa. Los dirigentes políticos deberían mostrar mayor rigor y responsabilidad cuando se trata de informar de políticas públicas que pueden condicionar la vida de las personas.

Recientemente, el Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición presentada por Unidos Podemos, por cierto, con el voto favorable del PSOE, por la que se insta al Gobierno a tomar medidas de apoyo a los posgraduados endeudados que padecen las malas prácticas del Ministerio de Educación y los bancos. Los más de 12.000 jóvenes afectados se preguntan cómo es posible que, con el dolor que aún les causa el anterior programa de Préstamos Renta Universidad, una dirigente política pueda volver a plantear semejante ocurrencia.

La propuesta de la candidata del PSOE no sólo es un buen ejemplo para explicar el desprecio de su partido para con la juventud, sino que también pone de relieve la renuncia del Partido Socialista a cuestionar el modelo neoliberal de deterioro del Estado Social y Democrático de Derecho. Los préstamos no son ayudas o instrumentos sustitutivos de las becas. Como bien explican los expertos en economía de la educación, las becas, amén de garantizar la igualdad real y efectiva, contribuyen a redistribuir la renta, ya que las capas más pudientes de la población financian con impuestos progresivos las necesidades presentes de los sectores más desfavorecidos. Los préstamos, en cambio, generan un riesgo de sobreendeudamiento que puede conllevar a la exclusión social y constituyen instrumentos regresivos en tanto que son los propios estudiantes quienes pagan sus estudios, privatizando de facto la financiación de la universidad. Las becas realizan el Estado del bienestar, mientras que los préstamos lo deterioran: sabido es que en Estados Unidos la deuda estudiantil supone un lastre para millones de personas. Más aún, la ampliación del sistema de préstamos a programas de inserción o proyectos empresariales parece confirmar una apuesta decidida por el endeudamiento privado como motor económico, un patrón que ha conducido al desastre y que resulta temerario si se tiene en cuenta que estas medidas se dirigen a jóvenes precarizados.

Miguel Á. Andrés Llamas es abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad.


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