Publicado en línea el Viernes 9 de junio de 2017, por Patricia Monreal

Morelia, Michoacán. Incremento de la deuda estatal, una reestructuración a la administración pública que no se ha podido aterrizar, rotaciones constantes dentro de su gabinete, conflictos sociales desbordados, la reactivación de los grupos delincuenciales, desencuentros con el Poder Judicial, excesos en el actuar de las autoridades y falta de resultados son algunos de los elementos que tiñen la administración de Silvano Aureoles Conejo a cuatro meses de que deje la gubernatura según lo anunciado el jueves 8 de junio.

Las constantes reuniones fuera de Michoacán derivaron en que Aureoles Conejo –quien en su toma de protesta anunció que sería un gobernador de tiempo completo- anunciara el jueves en entrevista que se separará de su cargo entre octubre y noviembre próximos para buscar la candidatura de su partido a la presidencia de la República.

Oriundo de Carácuaro, Aureoles Conejo arribó a la gubernatura el primero de octubre de 2015 luego de su segundo intento por arribar a la titularidad del Ejecutivo Estatal. Un año después anunció un primer bloque de cambios dentro de su gabinete en la titularidad de las secretarías de Seguridad Pública, Educación, Desarrollo Rural, Salud, Turismo, Cultura, y Pueblos Indígenas, así como en la secretaría particular.

Apenas si pasaron seis meses cuando el mandatario estatal anunció –en abril pasado- nuevas mutaciones: otra vez en la titularidad de la Secretaría de Salud. Además hubo cambios en la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y fueron relevados los titulares de Telebachillerato, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, del Servicio Estatal del Empleo, la subsecretaría de Finanzas, la subsecretaría de Desarrollo Humano, de Sí Financia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la coordinación de asesores.

Durante la veintena de meses que lleva en funciones, Aureoles Conejo no ha podido aterrizar legalmente la reforma a la administración pública que tenía proyectada, primero bajo la idea del sello particular de su gobierno, luego argumentando razones económicas y de austeridad.

La iniciativa del mandatario arribó al Congreso del Estado hasta abril de 2017 con motivaciones de tipo económico, previo a ello anunció que las modificaciones permitirían al Estado un ahorro de 800 millones de pesos, sin embargo en la información turnada a la Cámara sólo se reportaba una contención del gasto por 33 millones de pesos.

Los argumentos de austeridad se vendrían abajo en mayo pasado, cuando arribó al Congreso el Primer Informe Trimestral sobre las finanzas públicas estatales, en donde los estados financieros evidenciaban que prácticamente la totalidad de las dependencias que se preveía desaparecer se habían gastado su presupuesto anual en los tres primeros meses del año, es decir, cuando Aureoles Conejo presentó su iniciativa argumentando ahorro ya no había presupuesto.

Las áreas previstas a desaparecer son las secretarías de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico; de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad; y de los Pueblos Indígenas. Además se suprimirán la Coordinación General de Gabinete y Planeación –creada por el propio Aureoles a principios de su administración-, entre otras.

En su propuesta el mandatario planeta también suprimir diversas atribuciones de las dependencias, entre las más graves están todas aquellas relacionadas a las políticas públicas y acciones vinculadas en la entidad con el cambio climático.

La supresión de la Secretaría de Pueblos Indígenas generó malestar en dicho sector, el cual a lo largo de los últimos años ha avanzado por el camino legal en el reconocimiento de sus derechos con casos como Cherán y Pichátaro.

Por lo que toca a la deuda pública estatal, durante el mandato de Silvano Aureoles Conejo ésta ha crecido con las instituciones financieras en casi cuatro mil millones de pesos, ya que a finales del 2015 cuando Salvador Jara Guerrero dejó la gubernatura el monto total de la deuda bancaria era de 17.6 mil millones de pesos, mientras que para marzo de 2017 ya sumaba 21.4 mil millones de pesos.

Los pasivos en Michoacán –incluida la deuda bancarizada- actualmente ascienden a 31 mil 267.7 millones de pesos.

En materia de seguridad el resurgimiento de grupos delictivos ha evidenciado su fuerza en los últimos meses con ejecuciones, bloqueo de carreteras y quema de vehículos.

El propio mandatario estatal ha reportado la cooptación de alcaldes por parte de la delincuencia, y nombres como Los Viagra, Los H3, y el Cártel Jalisco Nueva Generación vuelven a ocupar primeras planas en la prensa local.

Los excesos de los cuerpos de seguridad también han sido la constante, el caso más relevante fue en abril pasado en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen con la irrupción de elementos de seguridad so pretexto de rescatar autobuses secuestrados por normalistas, lo que derivó en la ejecución de tres comuneros entre ellos un menor de edad, caso por el que se prevé en fechas próximas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una recomendación.

Otro caso relevante en materia de violaciones a derechos humanos se dio en abril pasado, cuando en Morelia la Secretaría de Seguridad Pública del estado realizó redadas para detener personas por su tipo de vestimenta y enviarlas al Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación de las Adicciones sin su consentimiento y sin notificar a sus familiares, lo que generó el repudio social y el cierre de dicho centro.

En mayo pasado se registraría el caso de la detención de la activista y defensora de derechos humanos, Cristina Paredes Lachino por un comando policiaco, ella fue objeto de tortura y agresión sexual por parte de los elementos de seguridad.

Un tema reciente que ha generado atención mediática local y nacional, es el de la desaparición del comunicador Salvador Adame Pardo el pasado 18 de mayo, lo que ha derivado en acciones legales y movilizaciones por parte del gremio periodístico estatal sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

El asesinato del padre de la diputada local Rosa María de la Torre en mayo pasado, propició un desencuentro del Ejecutivo con el Poder Judicial, luego de que se comprobara la fabricación de un culpable por parte de las autoridades estatales y el inculpado fuera puesto en libertad al evidenciarse serias inconsistencias en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado. La propia legisladora acusaría en la tribuna del Congreso al gobierno silvanista de fabricar culpables en vez de ponerse a trabajar.

Como respuesta Aureoles Conejo optó por acusar al Poder Judicial “por liberar delincuentes”, sin reconocer las deficiencias en la operación de la Procuraduría estatal.
Teñida además por escándalos subterráneos de gabinete por líos amorosos, parejas sentimentales que encuentran acomodo en espacios de primer nivel, rencillas políticas y excesos económicos, la administración estatal verá partir en octubre próximo a Aureoles Conejo quien, aspira ofertar a los mexicanos a través de la candidatura presidencial del PRD su muy particular forma de gobernar.

Léase también: Silvano Aureoles dejará la gubernatura en octubre

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