Publicado en línea el Miércoles 28 de junio de 2017, por Jose Luís García Marcos

Recientemente las directivas de las entidades de titularidad pública, Bankia y BMN (Banco Mare Nostrum), han anunciado las condiciones del proceso de fusión previamente acordado. El fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) va a perder más de 1.100 millones de euros por el deterioro en la valoración de sus activos en BMN, pérdida que se enmarca dentro de los enormes costes que ha supuesto la reestructuración bancaria para el erario público (ayudas por más de 122.122 millones de euros según los cálculos del Tribunal de Cuentas), de los cuales el Banco de España reconoce como irrecuperables al menos 60.000 millones.

Nos oponemos a los objetivos por los que se está realizando la fusión:

  • Es evidente que el criterio que ha predominado es realizar la fusión para privatizar Bankia lo antes posible. En el propio comunicado de prensa se fijan las mejoras de rentabilidad esperadas con la clara intención de hacer la entidad más atractiva a los posibles compradores.

  • La venta de la entidad fusionada supondría una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización, que ya ha hecho desaparecer las antiguas cajas de ahorro, y aumentaría la concentración bancaria.

  • La venta supondría, además, un incremento del tamaño de las entidades financieras en un sistema plenamente bancarizado. Si a esto se suma la concentración del sector, puede suponer un encarecimiento de la financiación de los particulares y las empresas.

Todo ello no solo consolidará la socialización de las pérdidas que se han producido durante la crisis financiera y la gestión de la misma por parte del Partido Popular, sino también una renuncia explícita a desarrollar un sistema financiero público. En consecuencia, frente a esta cada vez mayor concentración del sector bancario en unas pocas entidades privadas, resulta fundamental la creación y el desarrollo de una banca pública. Entendemos que, lejos de que desaparezca BMN y de preparar Bankia para que sea privatizada, ambas deben ser el embrión de los servicios financieros públicos que nuestra sociedad tanto necesita. Sus actuales plantillas deben ser mantenidas en condiciones dignas y sus activos y redes de oficinas deben servir para establecer la futura entidad bancaria, que estará al servicio de los derechos y necesidades de la población.

Tanto por las razones expuestas anteriormente como para asegurar la canalización del crédito hacia los sectores y las actividades fundamentales para la transformación del modelo productivo de la economía española; garantizar el acceso al mismo en unas condiciones favorables a las pequeñas y medianas empresas que configuran la mayor parte de nuestro tejido productivo, y evitar la exclusión financiera de las familias, especialmente del entorno rural, pretendemos, en definitiva, instaurar una banca pública bajo control democrático.

Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo
Miércoles, 28 de junio de 2017

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