Publicado en línea el Viernes 26 de febrero de 2016, por Fabiana Arencibia - Red Eco

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - Si pensamos estas cuatro situaciones en clave económica, claramente podemos decir que los ganadores son los “fondos buitre”. Emilio Marín, en una nota del diario La Arena de La Pampa, decía: “¿Quién querrá ser maestro? Mejor estudiar de buitre…”, contrastando cifras que hablan por sí solas. Mientras se le estaría ofreciendo el pago de 6.500 millones de dólares cash a parte de los acreedores (aún no está claro a cuáles ni cuánto terminará siendo el total), los docentes nacionales negociaron elevar un sueldo inicial de 6.060 a 7.800 pesos a partir de febrero, y a 8.500 a partir del primero de julio. 
Con relación al tan comentado “aumento” en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias con el objetivo que a menos trabajadores se les retenga este impuesto, el impacto inicial de esta buena notica que dio el gobierno se fue desinflando a medida que sindicalistas, contadores, economistas, jubilados y trabajadores sacaron sus calculadoras y empezaron a hacer cuentas.
Lo concreto es que los funcionarios dijeron en conferencia de prensa que 180.000 trabajadores iban a dejar de pagar. Pero las cifras muestran que además 220.000 trabajadores y 110.000 jubilados que hasta ahora no pagaban, sí van a empezar a hacerlo. 
El gobierno prometió rápidamente rever el caso de los jubilados luego de que el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentara un informe dando cuenta de esta situación.  
Por otro lado, para morigerar el impacto negativo de estas cifras, la AFIP - organismo recaudador de los impuestos nacionales - emitió una resolución que abarca a trabajadores y jubilados que no pagaban (porque entre enero y agosto de 2013 tenían sueldos brutos iguales o menores a 15.000 pesos) y que ahora estarán alcanzados por el impuesto. La norma determina un PLAN 10 CUOTAS para que ingresen, entre marzo y diciembre de este año, el retroactivo que se les retendrá sobre los sueldos de enero y febrero. Y las retenciones en exceso deberán ser devueltas en forma total a partir del 26 de este mes.
El salario (la jubilación) no es ganancia, con lo cual, más allá de parches, el tema de fondo es la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para desgravar el salario y grabar la renta y la especulación financiera que están exentas.
En medio de este debate los trabajadores estatales nucleados en ATE realizaron este miércoles un paro general con manifestaciones en diversos puntos del país. El reclamo básico es por los despidos realizados desde que asumió la nueva gestión que, según contabiliza el Instituto de Investigaciones Económicas de la CTA-Autónoma, llegan hasta ahora a 28.000, cifra que puede incrementarse porque el gobierno reconoció que están analizando alrededor de “25.000 contratos que se habían iniciado en los últimos tres años”.
Estas medidas apuntan al objetivo manifiesto de la gestión Cambiemos que es recortar el déficit fiscal vía disminución del gasto público, con la expectativa de bajar la inflación.
Pero, además, la baja de la inflación supone, desde la ortodoxia monetarista, la necesidad de bajar la emisión monetaria a la que considera como la principal responsable de la suba de precios.
Ambas medidas (recorte del gasto público y sacar dinero de circulación captándolo con la emisión de nuevos bonos de deuda) se tornan insuficientes para resolver el problema de la inflación y de la situación de estancamiento de la producción.

 

¿Dónde hay un mango?
“Sin ingresos de capitales, de riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local, con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para el 2016 (según previsiones del FMI)”, afirma Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP). “Si las perspectivas de evolución de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que resta es el endeudamiento público”, agrega.
Además de un mercado internacional complejo para las exportaciones argentinas como una de las fuentes de ingresos, el gobierno ha ido relegando otras fuentes de recursos a través de la quita o baja de retenciones al agro, a la industria y a la actividad minera. 
“Dólares para reducir la emisión y bajar la inflación”, afirmó ayer el jefe de la AFIP. Y esta afirmación se entronca con las negociaciones que avanzan con los holdouts.
El licenciado Héctor Giuliano afirma en su nota “La Rendición a los Holdouts” (1) que nuestro país “se encuentra en vísperas de firmar una de las rendiciones financieras más grandes de su historia”, en referencia a los acuerdos que avanzan con los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
El conflicto con los holdouts fue traspasado del gobierno anterior al actual. “Y la administración sucesora Macri - cuya política institucional es gobernar con deuda pública - se muestra declaradamente urgida y ansiosa por liquidar el asunto, a un altísimo costo financiero fiscal, para volver al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en gran escala en el exterior (que era el mismo objetivo buscado con el Megacanje Kirchner-Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou 2008; y que quedó frustrado por el problema de los holdouts)”, continúa Giuliano.
Hemos desarrollado en varias notas cómo la gestión kirchnerista fue canjeando deuda externa por deuda con los organismos públicos del Estado, deuda intra-estado (ANSes, Banco Central y Banco Nación, entre otros). Y que finalizó 12 años de gobierno debiendo más que cuando asumió, luego de dos canjes, del pago al Club de Paris y de juicios al CIADI , del pago indemnizatorio a Repsol y siendo la administración que más pagó a acreedores privados y organismos internacionales.
Giuliano afirma que el kichnerismo “llevó a cabo una estrategia tan errónea como gravosa frente a los holdouts porque se negó a investigar la legitimidad de las deudas reclamadas, aceptó la jurisdicción de tribunales extranjeros – para competencia y ejecución de sentencias – y la condición de los fondos buitre (FB) aceptando los reclamos a Valor Nominal y no a Valor de Compra de los títulos reclamados y engañó a la opinión pública con el falso argumento de una quita con el Megacanje que en realidad era íntegramente compensada con cupones PBI y proclamó el mito del Des-endeudamiento Público”.
Este es el marco que ahora posibilita al gobierno de Macri hablar de “herencia recibida” y de la imperiosa necesidad de darle un corte final al conflicto con los holdouts.
A pesar que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, afirma que no vamos a negociar a cualquier precio, las informaciones que van llegando se asemejan bastante a lo que popularmente se define como “bajarse los pantalones”
Volviendo al artículo de Giuliano, en él afirma que “no se trata tampoco de una terminación sino de una pseudo finalización de la cuestión, ya que el problema no son sólo los holdouts sino la deuda pública en sí misma. Porque, en los hechos, acabar así con el tema de los fondos buitre significa que toda la deuda pública existente, más la deuda que se toma para pagar a los holdouts más la nueva deuda que se tome para financiar las obras públicas y de infra-estructura va a llevar a una nueva e impagable ola de macro-endeudamiento del Estado: toda una serie de nuevas obligaciones fiscales para las que no existe la más mínima capacidad de pago demostrada”.
No se conocen aun datos oficiales concretos sobre los montos a pagar y la deuda total. Primero se habló del pago al contado de 6.500 millones de dólares sobre un total de 9.000 millones. Pero ahora se dice que las deudas ascenderían a 15.000 millones de dólares en bonos y un total general de pagos pendientes de 20.000. Sea cual fuese la cifra, todo se abonará con nuevo endeudamiento a través de la colocación de nuevos bonos cuyas características se desconocen.
Finalmente, para cerrar el acuerdo, el Juez Thomas Griesa y el mediador que designó (Dan Pollack) le exige al gobierno que el Congreso derogue la Ley Cerrojo (2) y la Ley de Pago Soberano (3).
“Sería la primera vez que el parlamento nacional se expida expresa y favorablemente a la convalidación de la Deuda Pública pese a las investigaciones en curso – expedientes virtualmente cajoneados por la Justicia Argentina – sobre su probada ilegitimidad de origen (causas Olmos I – con sentencia del juez Ballestero del año 2000, que el Congreso siempre se negó a considerar – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos sobre responsabilidad de los funcionarios superiores de gobierno)”, afirma el licenciado.
Las decisiones económicas son en primer lugar políticas. En definitiva, siempre quien gobierna decide a quien beneficiar. No hay magia. No se puede, menos aún en una situación de crisis como la que viene sobrellevando Argentina desde hace varios años, estar bien con dios con el diablo. Y todo apunta a que es el infierno que nos está abriendo sus puertas. 

Notas:
(1)  La rendición a los holdouts
(2)  La ley 26.017 (Ley Cerrojo) fue aprobada el 11 de febrero de 2005 y es la que prohibió abrir el Megacanje. Esta ley fue suspendida en dos oportunidades. Lo que pide el juez es que se derogue una ley suspendida.
(3)  La Ley 26.984 (Ley de Pago Soberano) declaró de interés público la reestructuración de Deuda del Megacanje 2005-2010 y reemplazó al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha operación. Además creó la Comisión Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso Nacional para la Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Presidida por el diputado kirchnerista Eric Calcagno, nunca elaboró ni un solo informe. 

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