Publicado en línea el Miércoles 12 de julio de 2017, por amalia

ATTAC, junto al resto de las organizaciones y plataformas movilizadas para exigir un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), ha emitido el siguiente comunicado.

11/07/2017

Las plataformas españolas en favor del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Campaña Tasa Robin Hood, ITF ¡Ya! Paraísos fiscales ¡No! y Plataforma por la Justicia Fiscal) consideramos inaceptable la decisión del pasado 7 de julio de los Ministros de Finanzas de la UE de retrasar nuevamente las negociaciones sobre un impuesto a las transacciones financieras (ITF) hasta diciembre. Los Ministros de Finanzas de diez países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Bélgica y España, debían discutir el impuesto en una reunión en Bruselas el lunes 10 de julio, pero desgraciadamente parece que las negociaciones han sido pospuestas por enésima vez.

Después de las alentadoras noticias de finales del año pasado, cuando se anunció un acuerdo sobre los elementos generales del diseño del impuesto, este retraso es un nuevo revés para la sociedad civil europea y las arcas de sus países. Cada día que se retrasa la introducción del Impuesto a las Transacciones Financieras, se pierden decenas de millones de euros. Según la última estimación de la Comisión Europea, un ITF generaría un ingreso anual de hasta 22.000 millones de euros. Eso son 60 millones de euros al día; 2,5 millones de euros por hora; más de 40.000 euros por minuto. Este dinero se necesita con urgencia para cumplir con los compromisos internacionales e invertir en educación, salud global y lucha contra el cambio climático.

En estos momentos, no hay problemas técnicos o económicos que impidan el acuerdo, es la decepcionante falta de voluntad política que los líderes europeos están mostrando la que está dilatando este proceso. Es por ello que exigimos a los 10 países involucrados en la negociación que y se pongan del lado de la ciudadanía. De esta forma dejaríamos de perder miles de millones de euros que serían de extrema utilidad para atender necesidades sociales en España y financiar bienes públicos globales como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza y el cambio climático.

 


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