Publicado en línea el Jueves 20 de julio de 2017, por amalia

Plataforma por la Justicia Fiscal

En casi todos los casos de corrupción que vamos conociendo y afectan a miembros y dirigentes del Partido Popular se dan circunstancias que dificultan que se pueda perseguir la corrupción, juzgar y condenar a las personas corruptas.
Cada vez que hay un nuevo caso, a pesar de las excusas, de negar lo evidente, de señalar a terceras personas y de acusar a los medios de comunicación de orquestar campañas… en fin, a pesar del recurso a la llamada ‘posverdad’ (que es engaño), sale a la luz como se adjudican obras millonarias por cantidades de dinero muy considerables y empresas grandes y pequeñas se enganchan a la telaraña de la corrupción. El rechazo a la corrupción se generaliza en el país, aunque parece que eso afecta muy poco a los votantes. Además, hay burladeros donde esconderse, pues los corruptos disponen de tres parapetos que el gobierno no parece tenga intención de eliminar. Parapetos que protegen, que permiten escapar.

Parapeto de las guaridas fiscales

Las cuentas receptoras de las ilegales comisiones de los corruptos se esconden en paraísos o ‘guaridas’ fiscales. Ahí se ocultan al fisco en cuentas difíciles de conocer y más difíciles de controlar. Ese dinero corrupto está en los mismos bancos donde esconden sus fondos los terroristas, narcos, traficantes de personas y todo tipo de criminales. Un lugar donde los políticos corruptos no tienen inconveniente alguno en coincidir con lo peor de cada país. Con la existencia del primer parapeto no sorprende que tras la Amnistía Fiscal no se den a conocer quienes son los corruptos beneficiados por la misma.

Parapeto de la falta de medios de la Agencia Tributaria

Algunas personas corruptas han sido descubiertas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica Fiscal de la Policía Nacional), por la UCO (Unidad Central Operativa de policía judicial de la Guardia Civil) y por esforzados jueces y tenaces fiscales. ¿Cómo parece actuar el gobierno en tal situación de afrontar la corrupción? Pues sin proporcionar los recursos necesarios que precisa la Agencia Tributaria ni las personas precisas que investiguen y persigan el gran fraude. De 2010 a 2016 los empleados de la Agencia Tributaria son casi tres mil menos. Teniendo en cuenta que el volumen de fraude fiscal en España es un 23%, (el doble que en Alemania, Bélgica, o Francia), en España hay menos de la mitad de empleados de Hacienda que en esos países y menos que la media de la UE-28 en la proporción de empleados de Hacienda respecto a la población. Además no se han convocado plazas en los últimos años. No aumentan los medios de inspección ni las personas que investigan, aunque el fraude sea enorme y a pesar de que ha aumentado la dificultad de inspeccionar grandes empresas y fortunas. Y para colmo el 40% de la Agencia Tributaria se jubilará en diez años. Se jubilará el personal con más experiencia. Esta situación impide que sean investigadas grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude fiscal en este país, con la interposición de múltiples sociedades y otros trucos y trampas contables que convierten en ardua gesta el descubrir a corruptos y defraudadores.

Parapeto del funcionamiento deficiente de la administración de justicia

A pesar de parapetos y burladeros, en ocasiones se descubre a los corruptos, son acusados y van a juicio. Y ahí surge un tercer parapeto como el nombramiento por el gobierno de fiscales anticorrupción no muy dignos de confianza que son reprobados por el Congreso de Diputados. Además de ser designados algunos jueces muy cercanos al gobierno. Otrosí, por falta de medios materiales, en ocasiones de personal y otras razones, los juicios se prolongan 5, 10 o más años y es sabido que justicia retardada es justicia denegada.
La muestra del interés real del gobierno por resolver este panorama inquietante es que el presupuesto del Ministerio de Justicia de 2008 fue de 3.904 millones de euros, pero en 2016 solo era de 3.948 millones que, ponderada la inflación, resulta ser un 10% menos que ocho años atrás. Y, mientras en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España solo hay 11, poco más de la mitad.
Tal escenario, más las sabidas prácticas de los abogados del mundo, logra que los corruptos actúen de hecho con impunidad considerable. Panorama que hace imprescindible que el Gobierno y los partidos se propongan en serio acabar con la corrupción, yendo contra los Paraísos Fiscales (verdaderas guaridas de corruptos), aumentando recursos y funcionarios de inspección de la Agencia Tributaria y proporcionando más medios a la administración de Justicia. Solo así habrá un sistema fiscal y judicial equivalente al de los países europeos de nuestro entorno que elimine la corrupción o la reduzca de modo considerable.


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