Publicado en línea el Sábado 27 de febrero de 2016, por ANRed - L (redaccion@anred.org)


En apenas 48 horas, tres noticias vinculadas a crímenes de estado contra la clase obrera nos sacudieron. Dos de ellas vinculadas al ataque criminal que costó la vida al compañero del PO Mariano Ferreyra; la otra, al asesinato, también en la represión a una protesta, del docente Carlos Fuentealba. Tres botones de muestra de la hora que nos toca transitar, y un mismo mensaje. Necesitamos más unidad, más organización, más, mucha más lucha. Por Correpi.

El jueves al mediodía empezó a circular la noticia de la salida de prisión del burócrata José Pedraza, asesino de Mariano Ferreyra, gracias al privilegio -sistemáticamente negado a la enorme mayoría de presos pobres, viejos o enfermos, con o sin condena- que le otorgaron dos jueces subrogantes del Tribunal Criminal nº 21, de irse a su casa con menos de un tercio de la pena impuesta cumplida.

El único fundamento objetivo de la resolución es que Pedraza engordó 10 kilos desde su detención, y que, por las complicaciones naturales de la edad (72 años), necesita hacer dieta, ejercicio y tener controles médicos. Nada, como dictaminaron los profesionales del Cuerpo Médico Forense, que no pueda hacer en prisión.

Pero su médico personal, ofrecido como perito de parte, resultó más convincente para los jueces Liliana Barrionuevo y Horacio Barberis, y la fiscal Luz Jalbert. Contra toda lógica normal, le dieron su bendición para que vaya a vivir bajo el cuidado de su esposa, Graciela Coria, en su lujoso piso 35 de la torre de la calle Bulnes entre Libertador y Cerviño, en pleno Palermo Chico.

Casi al mismo tiempo que nos empezábamos a indignar por el descarado privilegio que sólo alguien como Pedraza (empresario, amigo del poder, burócrata enriquecido a costa de los trabajadores ferroviarios) obtiene de un juez, llegaba desde Neuquén el segundo botón de muestra. La causa conocida como “Fuentealba II”, en la que se debían investigar las responsabilidades políticas por el asesinato del maestro, más allá de la autoría material del policía Poblete, fue cerrada por la aplicación de una norma interna del poder judicial neuquino, que establece un plazo de caducidad de dos años para las acciones penales iniciadas antes de la última reforma procesal. Cuestión de dilatar un poco el trámite de las causas que molestan, y listo.

Cuando volvíamos de repudiar frente a los tribunales el beneficio extraordinario concedido a Pedraza, nos encontramos con la tercera novedad, en la llamada “Causa Coimas”, esa que se desprendió de la investigación del crimen de Barracas cuando las escuchas telefónicas develaron la trama para comprar la impunidad de la patota, al módico precio de u$s50.000.

Como si fuera el guión de una película mala, se mezclaban en el argumento un ex juez federal devenido defensor particular de la patota; un secretario de la Cámara Criminal, de doble apellido ilustre con dos o tres generaciones en los despachos judiciales; un enigmático agente de inteligencia que se presentaba como “asesor de la Presidencia de la Nación”, tres jueces de la Cámara de Casación, el tesorero del Belgrano Cargas, el propio Pedraza y su secretaria.

El plan era sencillo: se había dictado el procesamiento de los primeros siete imputados en el crimen de Mariano Ferreyra, el sicario “Harry” Favale, el burócrata de la Línea Roca Pablo Díaz y parte de la patota de la Unión Ferroviaria. Los defensores habían interpuesto recurso de apelación, que sería sorteado en la Cámara para ver qué sala tocaba. El traficante de influencias y funcionario del poder ejecutivo, Juan José Riquelme, se contactó con el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, abogado de la UF, para venderle la llegada a una sala “permeable” que, por unos pesos (no pocos, por cierto), revocaría el procesamiento y la prisión preventiva. La plata la ponían los directivos del Belgrano Cargas, Ángel Stafforini y Susana Planas, con la bendición de Pedraza. El asunto incluía al secretario de Cámara Luis Ameghino Escobar, apodado en los diálogos teléfónicos “el señor de las teclas”, porque era el encargado, teclado de computadora mediante, de hacer magia en el sorteo, para que fuera a la sala integrada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Mariano González Palazzo y Wagner Gustavo Mitchell, los “permeables”.

Todos están camino al juicio oral, con procesamiento firme, menos los camaristas federales. Mitchell falleció muy oportunamente. Hoy, el juez federal Norberto Oyarbide, el de la corta estatura y la larga historia, decidió sobreseer tanto a Riggi como a González Palazzo, porque entendió que las llamadas telefónicas del “intermediario” Riquelme con el juez Riggi eran simples contactos sociales, y en realidad él y su camarada de sala no sabían nada del dinero que les estaba destinado, que fue encontrado en un sobre en la caja de seguridad del estudio de Aráoz de Lamadrid.

Un arresto domiciliario, una causa cerrada sin responsabilidades políticas, dos camaristas libres de toda mácula.

Tres botones de muestra de la renovada impunidad, tres motivos más para profundizar la lucha, organizados y en unidad de acción.


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