Publicado en línea el Domingo 28 de febrero de 2016, por Agencia Andar/CPM

ANDAR en Ezeiza

(Agencia/CPM) Durante una inspección a la Comisaría 1ª de Ezeiza, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató el registro de 83 niños, niñas y adolescentes detenidos entre enero y octubre del año pasado. La mayoría —el 84 % de los casos— eran detenciones por averiguación de identidad, averiguación de ilícito, entrega de menor, disturbio en la vía pública, infracción de tránsito e infracción del Decreto Ley 8031/73. Como viene denunciando la CPM, la Policía de la provincia de Buenos Aires recurre habitualmente a la utilización de estas figuras arbitrarias e ilegales bajo el amparo del poder político y sin el debido control del poder judicial.

Si bien el acuerdo Nº 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, prohíbe el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en la actualidad se constata la existencia de una práctica naturalizada de alojamiento –aún momentáneo o provisional- de niñas, niños y adolescentes en dependencias policiales, que permanecen ajenas al control judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño.

Rige también la resolución 2672/11 del Ministerio de Seguridad, que ordena que “los funcionarios policiales de la totalidad de las dependencias de la provincia de Buenos Aires deberán abstenerse de materializar cualquier tipo de privación de libertad y/o traslado a comisarías y demás elementos policiales de niños, niñas o adolescentes con fundamento en situaciones de desamparo, o con la finalidad de disponer su entrega a los progenitores o mayores de edad responsables y por otro, que en los supuestos de presuntas infracciones al Decreto/Ley 8031/73 y en los del artículo 15 de la ley 13.482, queda vedado el traslado a comisarías o demás dependencias policiales, salvo orden judicial expresa”.

Recientemente, la CPM se reunió con la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y entregó un documento con los puntos centrales de la agenda actual de derechos humanos; uno de los ejes observados con preocupación es, precisamente, niñez y adolescencia. En el documento se advierte sobre el desfinanciamiento y vaciamiento del sistema de promoción y protección de los derechos de los niños (Ley 13298): “La infancia y adolescencia vulnerable no está siendo protegida por el Estado, al contrario, es víctima preferencial de las fuerzas de seguridad. El fuero penal juvenil se aproxima cada vez más al de adultos, la habitualidad del juicio abreviado y la prisión preventiva son dos ejemplos de ello”.

La resolución del juez de Garantías en lo Penal Juvenil Nº 1 de Lomas de Zamora, Ángel Maciel, es un llamado de atención para las fuerzas de seguridad, los operadores judiciales y los responsables políticos. El fallo, que hace lugar al habeas corpus colectivo y preventivo presentado por la CPM, ordena —por intermedio del Ministerio de Seguridad provincial— a la Coordinación de Policía de Ezeiza que se abstenga de continuar con la aprehensión de niños, niñas y adolescentes cuando la detención se justifica por figuras arbitrarias.

En su fundamento, el juez Maciel también invoca que se respete “la prohibición de que sean conducidos a dependencias policiales y proceder a su traslado a organismos de menores por intermedio de la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires”.

Desde la CPM expresaron que “la habilitación de este tipo de intervenciones y prácticas policiales son las condiciones de posibilidad para que se produzcan hechos graves de violencia policial. Este fallo es un contrapunto notorio con lo resuelto recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma, que habilita y promueve las detenciones sin orden judicial para averiguar antecedentes”.


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