Publicado en línea el Miércoles 20 de septiembre de 2017, por Agencia Comunica

Las VI Jornadas de Antropología Social del Centro, realizadas el 18, 19 y 20 de septiembre en la FACSO, son organizadas por el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) y el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NuRES). Durante la primera jornada, Juan Carlos Radovich, Doctor en Antropología, Profesor Titular Regular en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) e Investigador Principal del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA), brindó la conferencia “Tensiones y debates en torno a la cuestión indígena en la antropología argentina”, donde puntualizó en los debates que existen a la territorialidad de los pueblos indígenas en nuestro país. Radovich mencionó, además, el interés que expresan los investigadores del campo en relación a esta problemática. “Hay muchos jóvenes que están asumiendo compromisos con las comunidades y organizaciones con las que trabajan, compartiendo espacios de discusión y de formación. A veces, produciendo materiales en cuestiones vinculadas a desmitificar prejuicios y estereotipos que se hacen sobre los pueblos indígenas del país. En otros casos, han realizado trabajos que tienen que ver con la capacitación de acuerdo a lo que demandan las comunidades, relativas por ejemplo a la recuperación de la lengua”, contó en entrevista con Radio Universidad.

En cuanto a la legislación estatal, la ley Nº 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan habitantes originarios del país, sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, dejará de estar en vigencia desde el próximo 23 de noviembre. Se trata de una ley de emergencia territorial que evita los desalojos de comunidades indígenas en todo el país y ordena el relevamiento de las tierras que ocupan. “Esta ley es imprescindible para llevar a cabo políticas públicas y si no se logra que el parlamento apruebe la prórroga nos vamos a encontrar con muchos hechos de violencia, ocupación, desalojo y usurpaciones. Por eso debemos exigir al parlamento que trate la prórroga de la ley de una manera inmediata”, remarcó Radovich. La ley deberá ser prorrogada por su condición de ley de emergencia. La jurisprudencia establece un determinado plazo de finalización que, en este caso, fue de 3 y 4 años respectivamente en cada prórroga. “Hay rumores de que ahora la puedan prorrogar sólo por seis meses... lo que es muy poco debido a las dificultades de los relevamientos. Cada provincia tiene su especificidad y han habido conflictos entre gobiernos provinciales y organizaciones por no ponerse de acuerdo en cuanto a la modalidad para llevar a cabo el relevamiento”, explicó el doctor en Antropología.

En relación al relevamiento que forma parte de la ley, se trata de un registro que reúne distintos aspectos de cada comunidad. Puede ser utilizado, también, como salvaguarda ante conflictos que deban enfrentar los pueblos originarios que forman parte. “Algunas comunidades no cuentan con reconocimiento a nivel provincial o nacional y eso les permite tener una forma de defensa ante ciertos conflictos territoriales que en la mayoría de las provincias existen. No quiere decir que esto sea suficiente porque por otro lado las tierras que ocupan son mínimas en general; por eso es que existe un 70% de población viviendo en pueblos y ciudades”, reflexionó Radovich, quién hizo hincapié, además, en la necesidad de que se trabaje en el parlamento una ley definitiva. “La ley permite conocer y tener información económica, histórica, cultural, identitaria a través de este relevamiento, pero no es una solución definitiva. Sí puede tomarse como punto de partida para sancionar en un futuro una ley de propiedad comunitaria; que es la demanda mayoritaria de las comunidades y organizaciones. Una ley de este tipo permitiría la salvaguarda de estos territorios de una manera más efectiva y permanente”, subrayó.

De cara al futuro, el antropólogo planteó la necesidad de que el Estado indague respecto a situaciones mediante las cuales diversas comunidades perdieron sus tierras. “Estas cuestiones deberían verificarse a través de investigaciones intersectoriales y pluridisciplinarias, para luego restituirlas a través de mecanismos que la legislación debe establecer”, especificó. Por último, Radovich planteó que la antropología no debe quedar ajena a estos reclamos. “El desafío de la antropología es involucrarse en forma comprometida con las comunidades y con aquellos reclamos que realicen. Debemos aportar información que pueda ser utilizada por las personas con las que trabajamos para llevar a cabo algo que los beneficie”, concluyó.


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