Publicado en línea el Miércoles 2 de marzo de 2016, por ANRed - S (redaccion@anred.org)


El lunes 29 de febrero, después de tres jornadas de juicio, el tribunal oral nº 1 de Quilmes condenó al subcomisario Alfredo Veysandaz, de la policía bonaerense, a la pena de 21 años de prisión por el asesinato de David Vivas y Javier Alarcón, y la tentativa de homicidio de Marcelo Lúquez. Aunque consideraron el agravante por el uso de arma de fuego, y computaron los tres hechos como homicidio, frustrado en un caso, se negaron a aplicar la figura calificada por la condición de miembro de una fuerza de seguridad estatal del homicida, castigada con prisión perpetua. Por CORREPI

“Hace tres años, los diarios titulaban que un ‘justiciero’ había ‘abatido dos hampones y herido un tercero’. Hoy, gracias a la lucha organizada, tres juezas tuvieron que reconocer que el subcomisario Veysandaz es un asesino, que fusiló a los chicos, y que debe seguir preso”, dijo nuestra compañera María del Carmen Verdú cuando terminó la lectura del veredicto, y comenzó el festejo sobre la avenida Yrigoyen, en pleno centro de Quilmes, frente a los tribunales.

Desde varias horas antes, convocados por CORREPI, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible y una gran cantidad de organizaciones que se sumaron a la campaña por perpetua para el subcomisario asesino, se congregaban en el lugar, igual que durante las audiencias anteriores, compañeros y compañeras como Cachito Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Carla Lacorte, sobreviviente del gatillo fácil y militante del CeProDH-PTS, HIJOS La Plata, la agrupación Hombre Nuevo, Izquierda Revolucionaria, el Partido Obrero, Marcha Guevarista del Pueblo, la Coordinadora Antirrepresiva del Sur y muchos otros.

Beti y Gladys, las madres de David y Javier, salieron del edificio con los brazos en alto, rodeadas por los compañeros familiares de otros chicos asesinados por la policía y organizados con ellas en CORREPI, algunos venidos de zonas tan apartadas de Quilmes como Moreno y José C. Paz. Ellas fueron las que iniciaron la pelea, cuando supieron secarse las lágrimas para salir a cortar una autopista y denunciar que el policía estaba prófugo. Así lograron, a fuerza de lucha organizada y movilización, que se lo detuviera y enjuiciara.


La alegría por la condena no nos impide señalar que, una vez más, la justicia del sistema se anima a condenar al asesino, pero se esfuerza en preservar al aparato represivo del estado. Por eso, aunque admitieron el planteo de nuestra querella, de que fueron tres homicidios (uno tentado) y no dos homicidios y una lesión leve, como pretendía el fiscal, rechazaron nuestra acusación por homicidio calificado por la condición de policía del asesino, que hubiera permitido la condena a prisión perpetua, y eligieron, en cambio, el homicidio simple agravado por el uso de arma, con pena máxima de 25 años.

La sistemática resistencia de los tribunales para aplicar a los policías la figura del homicidio calificado por la pertenencia a una fuerza de seguridad, no es un debate jurídico fundado en interpretaciones técnicas del código penal, sino un claro posicionamiento político que busca disimular la responsabilidad del estado, y de los gobiernos que lo administran, cuando el que mata es parte de su brazo armado.

Por eso, mientras celebramos esta condena a 21 años de prisión, que suma un ladrillo a la pared que venimos construyendo contra todas las variantes de la represión estatal en democracia, seguimos diciendo:

· No es un policía, es toda la institución.

· No es una institución autogobernada, es el brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno.

· El gatillo fácil, las torturas, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, son parte de la política represiva estatal.

· El crimen policial es un crimen de estado.

Contra la represión, ¡unidad, organización y lucha!


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