Publicado en línea el Sábado 4 de noviembre de 2017, por Univision

Por: Alejandra Vargas Morera

Publicado: nov 01, 2017 | 12:07 PM EDT

Manifestación en recuerdo de Berta Cáceres Orlando Sierra - Getty Images

El asesinato de la ambientalista hondureña Berta Isabel Cáceres "no fue un hecho aislado”. La evidencia sugiere la existencia de un complot contra la activista que duró meses elaborar y en el que estarían implicados numerosos agentes estatales y altos ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), compañía hondureña que tiene la concesión de la represa a la que Cáceres se oponía.

Esa es la denuncia que hicieron este martes cuatro abogados expertos en derecho penal internacional y derecho penal comparado quienes investigaron por un año el caso de forma voluntaria e independiente.

La denuncia se hizo pública este martes mediante un reporte titulado Represa de Violencia. El documento advierte que "se violentó el derecho de la consulta previa, libre e informada del pueblo indígena lenca para realizar esta hidroeléctrica". También explica que “la Secretaría de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA y, por otro lado, omitió proteger a la líder, pese que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores”.

También revela que “DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico y que, a causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a Berta Cáceres”.

Entre los miembros de este equipo legal llamado el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) destaca Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Derecho de los Derechos Humanos en la Universidad de California, Berkeley; Dan Saxon, un exfiscal de crímenes de guerra y Liliana María Uribe Tirado y Jorge Molano Rodríguez, dos fiscales colombianos que han juzgado casos de derechos humanos.

40,000 páginas de mensajes de texto

Aunque la investigación del gobierno hondureño permanece abierta, el grupo independiente de abogados denuncia que no hay señales de que hubiera progresado más allá de la aprehensión de ocho sospechosos que están bajo custodia, pero que estos no son los autores intelectuales de la muerte de la activista.

Entre los detenidos está incluido Sergio Rodríguez Orellana, el gerente social y ambiental de la compañía DESA y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado del ejército hondureño que fue director de seguridad de DESA hasta mediados de 2015.

DESA ha negado repetidamente cualquier participación en la muerte de Cáceres o cualquier conexión con actos de violencia e intimidación. Sin embargo, entre la evidencia figuran mensajes de texto que fueron recuperados por investigadores del gobierno hondureño desde tres teléfonos celulares: uno incautado en las oficinas de DESA, uno usado por Rodríguez y el otro, por Bustillo.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos revisaron toda la evidencia disponible. Realizaron cuatro viajes a Honduras, entrevistaron a más de treinta personas, consultaron 10 procesos penales por denuncias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y tuvieron acceso parcial a la prueba contenida en el proceso seguido por el asesinato de Cáceres.

Los abogados también analizaron un total de 40,000 páginas con mensajes de texto intercambiados entre los detenidos. Ellos aducen que en este intercambio se observa cómo los dos hombres permanecieron en contacto frecuente con tres ejecutivos de alto rango de DESA mientras rastreaban los movimientos de Berta Cáceres y otros miembros de su organización COPINH.

Según los abogados, entre los mensajes de texto se encuentran órdenes de amenazar a miembros del Consejo Cívico y de sabotear sus protestas. Estas indicaciones provenían de ejecutivos de DESA quienes, además, ejercían influencia sobre las fuerzas de seguridad en la zona pues pagaban el alimento, hospedaje y equipo de radio de las unidades policiales.

Roxanna Altholz, miembro del grupo de abogados, dijo a The New York Times que esta estructura criminal “compuesta por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes estatales y bandas criminales, utilizaron la violencia, las amenazas y la intimidación”.

Cáceres, de 44 años, fue asesinada en marzo de 2016. Antes de la medianoche dos hombres patearon la puerta de su casa en la comunidad La Esperanza. Tras pasar por la cocina, uno de ellos abrió la puerta de su habitación y le disparó seis veces. La ambientalista murió sólo unos momentos después.

Ella era internacionalmente reconocida y galardonada por liderar a su comunidad indígena Lenca contra una represa eléctrica prevista para ser construida en su tierra. Su muerte, además de engrosar la enorme lista de ambientalistas asesinados en este país centroamericano, catapultó su asesinato como un crimen emblemático que mantiene la atención de diversos grupos internacionales de derechos humanos como Global Witness y CEJIL.

Otros tres activistas indígenas que se opusieron al proyecto de esta represa también fueron asesinados. Sus cuerpos se encontraron con indicios de tortura y descuartizados.

Lea el informe Represa de Violencia aquí
https://www.gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf

Un país peligroso para ambientalistas

No es la primera vez que se señala al gobierno hondureño por la impunidad ante asesinatos a ambientalistas. Un informe de la organización internacional Global Witness difundido en enero de este 2017 asegura que fueron asesinados "por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo". Desde 2010, han muerto más de 120 personas que se opusieron al desarrollo de represas eléctricas, minas, tala o agricultura en sus tierras.

“El nuevo informe de los abogados pone en evidencia claramente lo que todos hemos sospechado desde la muerte de Berta Cáceres. Que altos funcionarios de la empresa DESA, junto con agentes estatales, parecen estar involucrados en su asesinato. Ahora, por fin, es tiempo que el estado hondureño actúe”, dijo a Univision Billy Kyte, jefe de campañas para Global Witness.

Y agregó: “Todos sabíamos que la investigación por parte del estado hondureño nunca iba a ser parcial porque está comprometida. Por eso solicitamos una investigación internacional independiente. Y ahora tenemos las pruebas concretas de la ineficacia y la posible corrupción del sistema judicial hondureño”.


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