Publicado en línea el Miércoles 2 de marzo de 2016, por Mdp Punta Querandí

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Pidieron la paralización de las obras en los barrios y clubes privados
que se encuentran sobre el Río Luján y en el Delta del Paraná

Interviene el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez

La causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los
peligros de esas construcciones en el medio ambiente. Luego, se amplió a raíz
de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron la evacuación
de miles de personas, pérdidas de vidas humanas, cortes de rutas y gran cantidad
de daños materiales. Con el aporte de expertos en la materia, el fiscal Domínguez
pudo precisar que las obras causaron graves consecuencias.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó a la juez de
esa misma jurisdicción, Sandra Arroyo Salgado, una medida cautelar para que
se ordene la paralización precautoria “de toda obra que se lleve a cabo en los
barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján
y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos
en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.

El pedido, manifestó, se debe “a las graves consecuencias que causan esos desarrollos
en el medio ambiente y su incidencia en las inundaciones de vastas zonas territoriales”.
Asimismo, solicitó que se exhorte a las autoridades nacionales, provinciales
y municipales “para que instauren un plan integral de contingencias con el propósito
de disminuir y/o prevenir los extensos daños provocados por las intensas precipitaciones
que pudieran producirse”. A su vez, solicitó que se ordene la realización de
distintos estudios de impacto ambiental y de evaluación de la incidencia de
las construcciones en las diversas inundaciones que afectaron parte de la Provincia
de Buenos Aires y que ello se haga teniendo en cuenta la totalidad de las urbanizaciones.

“Para hacer efectivo el expreso mandato constitucional que dispone que ‘Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo’ y en miras de la protección del interés general, considero que
la Sra. Juez -como directora del proceso cuyo objeto es al daño ambiental y
el estrago seguido de muerte, además de daño agravado e incumplimiento de los
deberes de funcionario público- deberá ordenar en una primera instancia, la
clausura inmediata y la prohibición de innovar, de todos aquellos proyectos
que fueran debidamente identificados en la instrucción, para que las obras no
comenzadas no se ejecuten; que las que se están construyendo se paralicen; que
las ya consolidadas no se amplíen, todo ello hasta tanto se adecuen a las necesidades
de la zona, ello con el objeto de cesar todo efecto del ilícito y disminuir
las consecuencias negativas de las ya llevadas a cabo”, precisó Domínguez.

Según se desprende del escrito, “se ha demostrado, prima facie […] que la construcción
de barrios cerrados y clubes privados asentados en la planicie de inundación
del río Luján y en el Delta del Paraná […] no sólo han afectado al medio ambiente,
sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños
a la propiedad pública y privada, afectando a todas aquellas personas que sufrieron
el anegamiento de sus casas y terrenos, provocando también la pérdida de vidas
humanas y un impacto que se hace cada vez más intenso”.

La causa se originó en 2012, a partir de la extracción de testimonios de la
presentación efectuada por el abogado querellante Enrique Fereccio Altube en
el marco de la causa por el daño ambiental que habría producido el emprendimiento
inmobiliario “Colony Park”. Allí, el letrado sostuvo que los barrios y emprendimientos
enumerados en la denuncia “habría sido construidos en forma ilegal, por cuanto
los terrenos en ciernes serían bienes inmuebles del ‘dominio público natural’”.
Los denunciantes sostuvieron además que “las urbanizaciones cerradas sobre el
valle mayor de inundación del río Luján generaron un efecto acumulativo por
el endicamiento de miles de hectáreas, impidiendo el normal escurrimiento de
las aguas, lo cual ocasionó la inundación que tuvo inicio el día 30 de octubre
de 2014, perjudicando a la población que habita la zona que colinda con la cuenca
y provocando el fallecimiento de Daniel Quintana en el Municipio de San Fernando
y de Nahuel Reyes en el Municipio de Luján”. Luego de las inundaciones producidas
el 6 de agosto del año 2015, los denunciantes formularon una nueva presentación
de las mismas características que la anterior, en la que también se consignó
el fallecimiento de, al menos, dos personas.

Como fundamento del dictamen, Domínguez citó los testimonios de distintos expertos
y expertas en la materia. Entre ellos, Fabio Kalesnik –biólogo, científico del
CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires- manifestó que el Delta
del río Paraná “es uno de los humedales más importantes del mundo y es uno de
los pocos que conforman un estuario de agua dulce”. A su vez, indicó que “con
las construcciones mega inmobiliarias en las zonas de los humedales, se produce
una eliminación total de los sistemas de humedales, causando un daño irreversible
en el ambiente, y que los emprendimientos hechos sobre la ribera aluvial del
río Luján […] impiden que el agua fluya en forma normal por el área, provocando
inundaciones en las áreas vecinas fuera de los terraplenes”. El experto sugirió
que se realice un estudio en la laguna central de uno de los proyectos, a fin
de determinar si se había procedido a su salinización, lo que podría traer aparejado
la contaminación de una de las principales fuentes de agua dulce del mundo.
Todos los expertos manifestaron la necesidad de que se paralicen las obras y
se proceda a la recomposición del ecosistema a través de equipos interdisciplinarios.

Una perspectiva de derechos humanos

En su dictamen –y a partir del trabajo conjunto con la Dirección General de
Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, a cargo de la secretaria
letrada Andrea Pochak-, Domínguez resaltó la grave afectación de derechos humanos
consagrados en distintos instrumentos internacionales, con jerarquía constitucional.
A su vez, destacó el deber estatal de garantizar una tutela judicial efectiva
urgente “que justificaría la procedencia de la medida cautelar intentada”.

Específicamente –y con respecto al derecho a un ambiente saludable- destacó
que la protección del medio ambiente “resulta ser una garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales –tales como el derecho a un nivel de vida
adecuado, el derecho al agua y el derecho a la salud- pero también de derechos
civiles y políticos, pues sin un ambiente sano y saludable resulta difícil ejercer
plenamente otros derechos…”. Así, manifestó que “la relación entre la afectación
del medio ambiente –las inundaciones provocadas por la construcción de urbanizaciones
cerradas en humedales- y la afectación de derecho a la salud de pobladores que
habitan la cuenca del Río Luján y el delta del Paraná, resulta evidente”.

Fuente: https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/pidieron-la-paralizacion-de-las-obras-en-los-barrios-y-clubes-privados-que-se-encuentran-sobre-el-rio-lujan-y-en-el-delta-del-parana/

Recopilación de imágenes: Naturaleza
de pie por los Humedales

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