Publicado en línea el Jueves 14 de diciembre de 2017, por AGD-UBA, Ileana Celotto

Macri dio la orden el 30 de octubre en el CCK: “No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos y sólo 600 firmen paritarias anuales”, dejando en claro cuál era la condición para “sobrevivir”.

Todo un apriete. El ajuste del gobierno, los gobernadores y la CGT requiere de sindicatos obedientes que firmen paritarias a la baja y convenios flexibles, como el de la UOM Tierra del Fuego, con congelamiento salarial hasta 2020, y que fue rechazado por la asamblea obrera.

Ahora, el patronal Triaca avanzó. El 6 de diciembre, en el Boletín Oficial, se publica la disposición 17-E/2017, que arremete contra sindicatos simplemente inscriptos y con personería gremial que no hayan cumplido con las obligaciones estipuladas en la ley 23.551, de asociaciones sindicales, cuya base es la injerencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), favoreciendo al unicato como forma de control del Estado y de la burguesía sobre las organizaciones de trabajadores.

Se habla de 450 sindicatos que se darían de baja, pero no se publica ninguna nómina, lo que puede facilitar “mechar” varios de genuina existencia, entre otros sin vida sindical real. En la mira está el Sitraic (construcción), sindicato de clase y democrático desarrollado desde las obras, que logró alcance nacional contra el sindicalismo empresarial de la Uocra de Gerardo Martínez, amparado por el gobierno K y el actual. También está AGTSyP (subte), otro sindicato surgido contra la burocracia sindical, a quien este gobierno le quitó la personería gremial, un regalo para la UTA.

La lista apuntaría a los “simplemente inscriptos”, en condición de mayor fragilidad, en lo que es otro favor a las cúpulas sindicales. El MTESS otorga la categoría de personería gremial o de inscripto en base a quien detenta más afiliados, competencia cuyo resultado se adjudica a discreción el ministerio. Un ejemplo es el de Aduba, el sindicato del Rectorado de la UBA y con personería gremial, que sistemáticamente afilia inconsultamente a docentes para no perder alguna diferencia con el sindicato clasista AGD-UBA, simplemente inscripto y real canal de lucha y de organización de la docencia, con comisiones electas en 15 unidades de la UBA. Así se alimentan “sindicatos de padrón”, por encima de genuinas organizaciones obreras.

Reforma laboral y unicato

Este decreto apareció en el artículo 120 de la primera propuesta de reforma laboral, facultando al MTESS a actualizar el Registro Nacional de Asociaciones Sindicales de su ámbito. Una ofrenda a los gordos de la CGT y al unicato, uno de los motivos de casta o de “mafia” que explica el apoyo a la ley flexibilizadora.

Las trabas y demoras en la reforma laboral determinaron al gobierno a apurar este decretazo del MTESS: es la tendencia al estado de excepción en el campo sindical.

El ministerio, juez y parte

Es potestad del MTESS la homologación de estatutos, de convenios colectivos y acuerdos salariales, certificación de autoridades, memorias y balances, rúbrica de libros, autorización de descuentos de la cuota sindical, entre las principales.

La resolución de “regularización” apunta a gremios que durante tres años no hayan demostrado “efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales”. Pero resulta que, inscriptos o con personería, todos dependen del MTESS para cumplir las obligaciones que fija el propio MTESS. Si éste no cumple con su obligación, obliga a los sindicatos a estar “irregulares”.

Es así que no se homologan estatutos o sus reformas cuando apuntan a profundizar la democracia sindical en la vida interna, la participación de minorías o las facilidades para ser candidato. Incluso el ministerio ha observado estatutos por plantear como causal de desafiliación la condena por delitos de lesa humanidad -una cobertura a los Gerardo Martínez- o por violencia de género.

Otra extorsión a los que no se disciplinan es la demora en la certificación de autoridades, impidiendo el normal funcionamiento de los sindicatos y dejando sin inmunidad gremial,a merced de las patronales, a sus comisiones directivas. Igual papel tiene no autorizar el cobro de las cuotas sindicales o no entregar libros rubricados, exigidos por el mismo MTESS.

El mecanismo es simple. El ministerio exige lo que el propio ministerio no entrega. Aprietan a los que no aceptan los topes salariales (aceiteros), a los que se rebelan contra el unicato, a los que se organizan en base a la democracia sindical (en independencia de las patronales y los gobiernos de turno), a los que cuestionan el encuadramiento (subte) y así de corrido. La disposición publicada en Boletín Oficial es transparente cuando en uno de sus párrafos expresa que las obligaciones que se le exigen a las asociaciones sindicales responden a “resguardar el orden público y permitir la tarea de control o regulación de parte de los órganos administrativos competentes del Estado”.

Contra la injerencia del ministerio y las reformas antiobreras

El Estado argentino, y el macrismo en particular, conciben a los sindicatos como organizaciones de contención y regimentación del movimiento obrero, el fin contrario a su función histórica de clase.

Al igual que este decreto, que es parte de la reforma laboral, la defensa de nuestros sindicatos es parte de la lucha contra el plan de guerra de Macri y los gobernadores y que cuenta con la complicidad de la CGT.

A partir de una iniciativa de AGD-UBA, hace 15 días, Sitraic, Sipreba y Adunlu, entre otros sindicatos inscriptos, comenzamos a reunirnos para enfrentar juntos la ofensiva del ministerio, a la vez que nos sumamos a las movilizaciones contra las reformas laboral y previsional.

El próximo paso será presentar nuestros reclamos en organismos internacionales el 21 de diciembre. Vamos por la defensa de nuestros sindicatos, por la derogación de la ley 23.551 y por la independencia de las organizaciones gremiales del Estado.reforma-


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