Publicado en línea el Domingo 24 de diciembre de 2017, por amalia

Carlos Martínez – Consejo Científico de ATTAC España

Hace ya unos años que los ayuntamientos y corporaciones locales del estado español, sufren la intervención del Gobierno central y han visto recortadas sus esferas de competencia y sobre todo la autonomía local, mermada de forma contundente a partir de 2013, teniendo menos democracia ciudadana real.

Los ayuntamientos sufren además una pinza entre todas las esferas de gobierno, tanto central como autonómico (en todas las comunidades sin excepción) al objeto de controlarlos, tutelarlos, hurtarles competencias y aprovecharse de ellos para diferentes negocios administrativos y en beneficio de su propia gestión. Curioso que los ayuntamientos a pesar de los problemas que ha habido en muchos de ellos y la corrupción que también les ha afectado de forma sustancial durante la época del ladrillo y el endeudamiento de algunos, son de lejos las administraciones mejor gestionadas, que menos despilfarran y a las que más acuden las ciudadanas y ciudadanos para reivindicar problemas de toda índole.

Pero sin embargo las corporaciones locales han sido en el plano político los entes públicos que más han sufrido las políticas de austeridad de la Troika y la UE en su afán de recortar gasto público, es decir robar fondos a las clases populares para rescatar bancos y disminuir democracia en la gestión pública. El objetivo ha sido disminuir ayuntamientos y obligarlos a privatizar sus servicios o recortarles competencias. Los ayuntamientos en la crisis capitalista de 2008 han sido las dianas preferidas para el recorte de sus competencias o la lisa y llana liquidación de muchos de ellos, en Grecia, Portugal y España de forma muy significativa.

El PP en su afán recentralizador ha comenzado por los ayuntamientos y así entre la LARSAL y la aplicación del “techo de gasto” los ha intervenido de forma miserable y contundente. Las comunidades autónomas, ni siquiera con el 155 en Cataluña, han sufrido tanta limitación de competencias como la dictadura impuesta por Montoro y el PP contra el poder local, siguiendo los dictados Troika.

Esa es la clave, el PODER LOCAL. Durante los años gloriosos del municipalismo en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y hasta que llego el “aznarato” hubo una encendida lucha por la defensa del poder local y hoy volvemos a necesitar ese espíritu, al objeto de:

  1. 1. Exigir financiación adecuada y por tanto volver a exigir la distribución 50-25-25, es decir el 50% o algo menos para las competencias estatales que incluyen caja de las pensiones y muchas prestaciones sociales. El 25% para las comunidades autónomas y el 25% para los GOBIERNOS LOCALES, EL PODER LOCAL. Las CCLL (ayuntamientos principalmente) sin embargo no reciben más allá del 10 o el 13% en el mejor de los casos.
  2. Principio de subsidiariedad. Es decir quien presta el servicio recibe la financiación. Reparto reglado de competencias. Es decir no a las duplicidades y a los inventos autonómicos de constantes nuevas administraciones superpuestas y todo para perjudicar a los municipios o bien incrementar las redes clientelares autonómicas, tan abultadas y escandalosas como inútiles en muchos casos, pues la realidad social, como los municipios nadie la conoce.
  3. Defender la autonomía local que en suma es más democracia y más posibilidad de control ciudadano de las inversiones y servicios públicos. Los municipios desarrollan numerosas actividades sociales, culturales y de vivienda y empleo que ahora el gobierno del PP y el señor Montoro a través de la LARSAL les ha prohibido y que a pesar de ello muchos por sentido de la responsabilidad y la decencia siguen ejerciendo y por tanto hay más insumisión de lo que parece y se sabe. Todo esto, a pesar de que muchos de ellos tienen superávit. Pero esa resistencia hay que organizarla y reagruparla políticamente. Pues los municipios son entes políticos de primera magnitud y son estado. La Constitución del 78 dice claramente que son ESTADO y sus competencias en lo suyo no son menores ni a las de las autonomías y naciones ni a las del estado. Por cierto, tienen más competencias que las CC.AA,
  4. Hay que romper de raíz con la corrupción y los favoritismos y las redes clientelares locales. Hay que devolver la dignidad a los ayuntamientos, mancomunidades y Diputaciones. Hay que fortalecer el PODER LOCAL y para ello el Techo de Gasto la ley de armonización y regulación de las administraciones locales (LARSAL) y las políticas de austeridad contra las clases populares deben desaparecer.

Finalmente, que nadie siga engañando y colaborando con el régimen y el PP, pues con la legislación que tenemos cualquier programa municipal es mentira. Los ayuntamientos y otras corporaciones, no lo pueden cumplir, a riesgo de ser intervenidas, a pesar de lo cual inventan formulas muchos de ellos y lo hacen. Pero eso nadie se lo va a regalar a las personas, vecinas y vecinos, ni a los ediles. La autonomía local la vamos a tener que reconquistar desde la base, desde la base democrática local. El parlamento estatal en estos momentos está controlado por el Gobierno y el PP, por tanto hay que organizar ya la resistencia y se puede y debe hacer, pues así no se puede seguir. Apoyar a ediles que se opongan (no cesarlos) y sobre todo no admitir las condiciones de los Planes Financieros que el Ministerio de Hacienda impone al objeto de facilitar un negocio de usura a los bancos y prohibir las remunicipalizaciones de servicios protegiendo los intereses de los grandes contratistas y concesionarios que son quienes hoy mandan en el estado español. El régimen del 78negando su propia legislación, oprime a los ayuntamientos, sobro todo en estos mismos instantes.

Carlos Martínez es politólogo. Ex Teniente de Alcalde y ex Diputado provincial. Del Comité de Enlace de U. SOCIALISTAS


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