Publicado en línea el Viernes 4 de marzo de 2016, por Red Eco Alternativo

(Red Eco) Argentina – Una comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles realizó una inspección sorpresiva hace pocos días en el Complejo Penitenciario Federal, ex Unidad 2 de Villa Devoto.

Fue en el marco de una serie de monitoreos que sin aviso realiza el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Estuvieron presentes jueces, fiscales de distintas unidades, como Litigio Estratégico y Procuraduría contra la Violencia Institucional, además de representantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y de la Procuración Penitenciaria. Durante el recorrido se registraron gravísimas deficiencias en las condiciones de detención de los presos, como falta de alimentación y agua potable, hacinamiento, ausencia de higiene, e incluso la presencia de cucarachas y roedores.

Según informaron desde la comitiva, se manifestó la necesidad de realojar con urgencia a los internos que estaban en retenes, es decir que se encontraban alojados sin camas, ni baños, sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad, tampoco recibían comida ni contaban con posibilidad de realizar actividades de estudio, laborales o de recreación física o mental.

Además, se indicó que varios sectores de la cárcel funcionaban sin provisión de agua corriente, luz eléctrica, solo con un leve ingreso de luz solar, sin camas, cocina ni baño.

En este marco, los jueces, fiscales y defensores exigieron que los internos tengan “prestaciones de asistencia médica, 4 comidas adecuadas en calidad, cantidad y horarios”.

Desde ya, la situación en la ex Unidad 2 de Villa Devoto no es una excepción. Familiares de las personas detenidas en la Alcaidía de Procesados, Unidad Penal 6 de San Cayetano, Corrientes, denunciaron faltante de agua durante una semana. Según información del personal penitenciario, se habían roto las tres bombas que extraen agua; aunque de todos modos las familias aclararon que desde la inauguración del Penal en 2005, nunca hubo un acceso adecuado a este servicio. Durante esos días solo un pequeño tanque de agua externo, provisto por los bomberos, aportaba agua a los 350 detenidos y los penitenciarios con temperaturas de 34-36 grados y térmicas que alcanzaban los 40. En las celdas debían abastecerse con un bidón de agua diario ya sea para beber, higienizarse, y lavar sus utensilios y prendas.

En tanto, en Río Negro un grupo de 20 presos del Pabellón Nº IV de la Unidad de Ejecución Penal Nº II de General Roca interpuso un habeas corpus colectivo correctivo ante el juez de turno, Maximiliano Camarra, en el que denunciaban el agravamiento de sus condiciones de detención.

Respecto a la comida, señalaron que es escasa la alimentación que reciben del Servicio Penitenciario de la provincia, además de ser de mala calidad y en más de una oportunidad haber encontrado cucarachas en los platos. También se refirieron a la ausencia de atención médica y psicológica. En este punto, solicitaron la asistencia de médicos y no de enfermeros: “muchos de nosotros sufrimos lesiones y dolencias a diario y nunca recibimos la adecuada atención médica, nuestros pedidos para ser ‘sacados a médicos externos’ nunca son escuchados, recurriendo siempre el personal del Penal a suministrarnos la pastillita mágica Paracetamol”, afirmaron los detenidos.

Tampoco son controlados respecto a si alguna patología tanto corporal como psicológica, se agrava en el contexto de aislamiento. En este sentido, refirieron la ausencia de vidrios en las ventanas, frazadas en cantidades insuficientes, además de los efectos que ocasionan los colchones antimotines y el deficiente estado general de las celdas. Agregaron que tampoco tienen seguimiento psicológico ni contención.

En el habeas denunciaron a su vez la falta de limpieza de los tanques de agua, por lo que sospechan la posible presencia en su interior de animales muertos como ratas y palomas. Los detenidos tampoco poseen calefacción, ni luz artificial suficiente y segura: “por el contrario la escasa iluminación da cuenta de los graves riesgos a los que nos vemos sometidos diariamente los detenidos ya que en todos los casos se observaron los cables colgando sin protección ni cobertura alguna y una única bombita absolutamente insuficiente, la cual es suministrada por las familias”, expresaron.

En la presentación además se da cuenta de que el establecimiento carece de un programa educativo que abarque escuela primaria, secundaria y universitaria. Tampoco existe la posibilidad de tomar talleres que proporcionen herramientas de trabajo para el momento de obtener la libertad. Solo se realiza un taller de carpintería al que accede “una escasísima porción de la población carcelaria”.

Finalmente, las personas privadas de su libertad solicitaron que se subsane una práctica habitual, sistemática y generalizada en el penal, que es la reubicación automática en el pabellón de Separación del Área de Convivencia (“buzones”) de aquellos internos que resultan procesados en el marco de actuaciones disciplinaria, agravando de esta manera las condiciones de detención. En este sentido, recordaron lo sucedido en la celda 7 de este penal el 2 de diciembre pasado: “algunos integrantes de la celda 7 del Pabellón IV de la Unidad II fueron golpeados y llevados a ‘buzones’ (celdas de castigo), situación que con posterioridad fue informada a cada juez de ejecución. Como es lógico, la medida es apelada por los internos quienes meses después de la sanción obtienen el fundado sobreseimiento sobre la causa interna que el Servicio Penitenciario le pretendió montar, pero como siempre la sentencia absolutoria de parte de la justicia llega tarde dado que los detenidos ya sufrieron las consecuencias lógicas del aislamiento, por caso, frío, hambre, golpes, incomunicación, etc. Este proceder es una constante de los servicios penitenciarios quienes sancionan a su libre albedrío sin tener en cuenta la letra de la ley la cual sostiene que la medida sancionatoria debe aplicarse en base a una resolución definitiva emanadada del órgano judicial que tiene a su cargo al detenido”.

A los pocos días de su presentación, el juez Maximiliano Camarra le dio curso al habeas corpus colectivo presentado. Sin embargo, la experiencia indica que las condiciones de encierro no se modifican sin una voluntad clara por parte del Estado, ya sea nacional como el de las distintas provincias, voluntad que aún brilla por su ausencia.

Fuentes: Agencia para la Libertad / Procuración Penitenciaria de la Nación


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