Publicado en línea el Viernes 4 de marzo de 2016, por Fabiana Arencibia - Red Eco

(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - Este miércoles 2 de marzo, el juez norteamericano Thomas Griesa levantó la “Pari Passu” que figura en la mayor parte de las emisiones de deuda soberana. Esta cláusula significa que ningún bonista que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió rechazar la oferta, también lo haga. Por aplicación de esta claúsula fue que, en 2012, Griesa le ordenó a la Argentina que pague al fondo buitre NML Capital al mismo tiempo o antes que a los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010. Ese fue el inicio del conflicto con los holdouts.
Sin embargo, Griesa exige dos condiciones para efectivizar esta medida. Una es que el Congreso de la Nación derogue la Ley Cerrojo (1) y la Ley de Pago Soberano (2). La otra es que antes del próximo 14 de abril el gobierno argentino le pague a los holdouts que aceptaron (antes del 29 de febrero pasado) la oferta que les presentó a principios de ese mes.
Según manifestó el magistrado, Argentina ha firmado acuerdos con demandantes que representan a la gran mayoría de los reclamos. “El total acordado asciende ahora a por lo menos 6.200 millones de dólares, potencialmente la resolución de más de 85 % de los créditos demandantes”, precisó. Esto significa una quita de 25% sobre los 9.000 millones de dólares de reclamos judiciales. Dentro de este monto, los fondos NML, de Elliot Mangement, Aurelius Capital, Dadivon Kemper y Bracebridge Capital recibirán 4.653 millones de dólares.
El pago se realizará en efectivo, con el dinero que el gobierno espera conseguir a través de la colocación de bonos en el mercado con los buenos y muy interesados oficios de la JP Morgan Chase, Goldman Sachs, USB.
Se estima que el total de la deuda a pagar a los acreedores que no entraron a los canjes 2005 y 2010 rondaría los 14.000 millones de dólares. Por eso el equipo económico del presidente Mauricio Macri prevé una emisión de entre 15 y 20 mil millones de dólares en bonos.
Esta nueva deuda externa serviría solamente para cancelar deuda. El objetivo manifiesto es volver a obtener crédito en el mercado internacional. Algunos economistas afirman que el nuevo endeudamiento para, según dice el gobierno, reactivar la economía podría ser cercano a los 7.000 millones de dólares.
“El pago a los buitres es el principio y la justificación de una nueva política de deuda, que viene a ser la misma de siempre, ya que no se trata de una opción distinta a las conocidas. Es lo que ha seguido el país: pagar deuda vieja con la emisión de deuda nueva”, afirmó Alejandro Olmos Gaona, investigador y especialista en el tema deuda pública. 

La ruta de la deuda
Para no perder de vista qué es lo que se está pagando, es necesario hacer un ejercicio de memoria. El origen de la deuda pública es la última dictadura cívico-militar-empresaria; deuda que fue creciendo con cada gobierno constitucional mas allá de la sangría de miles de millones de dólares pagados, de canjes y reestructuraciones.
“Los bonos, cuyo pago reclaman los ´fondos buitre´ tiene su origen en el fraude, y eso no se modifica por más que la deuda inicial haya sido convertida, Plan Brady de 1992 mediante, en bonos de deuda pública, en un intento de desligarla de su origen delictivo. Posteriormente son esos mismos bonos los que en 2002 cayeron en default y que luego fueron adquiridos por los denominados fondos buitre, a muy bajo precio”, recuerda la organización ATTAC de Argentina en un documento de rechazo al inminente acuerdo.
El punto en que hoy nos encontramos es de una deuda heredada luego de 12 años de kirchnerismo de casi 300.000 millones de dólares - de la que casi el 60% es intra Estado - a la que se le sumaron los títulos y bonos emitidos en estos pocos meses de gestión macrista y que recibirá ahora una nueva masa de endeudamiento externo.

Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano
Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa, advierte sobre el debate parlamentario que se aproxima para aprobar el acuerdo con los fondos buitre y para anular estas dos leyes a exigencia del Juez Griesa.
“Esta instancia de tratamiento parlamentario constituye un arma de doble filo porque si el Congreso -como parece seguro- aprueba el arreglo con los holdouts, no sólo allanaría el camino a la citada nueva política de macro-endeudamiento Macri, sino que a la vez tal aprobación sería usada para tratar de hacer callar para siempre las críticas sobre ilegitimidad, insolvencia y responsabilidades por los delitos e irregularidades del sistema de la Deuda”, afirma.
Giuliano reflexiona sobra una posible variante en la que podría estar pensando el gobierno para obtener la aprobación parlamentaria del acuerdo con los holdouts, aun sin que se conozca la letra chica de su contenido. Como la toma de nueva deuda ya fue aprobada por la Ley de Presupuesto 2016 no sería necesario que el Congreso autorice al Ejecutivo para endeudarse. Por lo tanto solo debería obtener la anulación de ambas leyes para cumplir con Griesa.
Sin embargo, lo que debería exigir el Parlamento es que el Poder Ejecutivo presente el texto completo de los documentos pactados, un listado con los nombres, el detalle de los títulos, el valor nominal y lo que se va a pagar por capital e intereses, honorarios, gastos, la forma de pago, de cada uno de los acreedores.
Estos son los datos mínimos con que, según plantea Giuliano, deberían contar los parlamentarios. Agrega a su vez como condición para la aprobación, contar con un Informe Especial de la Auditoría General de la Nación conteniendo todas las observaciones, comentarios y recomendaciones necesarias para que los legisladores puedan entender los acuerdos y decidir su voto.

No honrarás las deudas
Alejando Olmos Gaona recuerda que en 1893 el ministro de Hacienda, Juan José Romero, le dio instrucciones al ministro argentino en Londres Luis Domínguez para que pidiera una moratoria por diez años. Entonces le advirtió que ni pensara en pedir nuevos préstamos para pagar lo que se debía porque pagar deuda vieja con nueva deuda “es ir derecho a la bancarrota”.
Si el Parlamento nacional da luz verde a este acuerdo, los fondos buitre, que compraron bonos depreciados por el default, recibirán a cambio una ganancia de entre 400 y 1000 %. 
Claramente hablamos de una estafa, de un fraude que sería convalidado por un nuevo gobierno constitucional.
“Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será el punto de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumos para beneficio de una elite empresarial que usufructúa el trabajo social”, afirma Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.
Las propuestas para dejar de auto convencernos de que es bueno “honrar las deudas” y una virtud ser “pagadores seriales”, estuvieron y sigue estando vigente.
La suspensión de los pagos de la deuda pública hasta tanto una auditoría integral de la misma demuestre qué parte es legal y cuál no lo es, sería el inicio de una muestra de soberanía. 
No partimos de cero. Los funcionarios y parlamentarios deberían buscar la “Causa Olmos” que probó la existencia - entre 1976 y 1982 - de más de 470 operaciones delictivas de endeudamiento. “Hay un fallo de la justicia federal que fue ignorado por la Procuración del Tesoro que nada hizo para accionar contra los responsables y que es la base de cuatro investigaciones que tramitan morosamente en la justicia federal, donde se ha probado minuciosamente todo el endeudamiento ilegal, hasta el default del año 2001”, recuerda Olmos.
Buscar el dinero que se necesita para las inversiones, en las grandes ganancias especulativas que siguen reproduciéndose, en las rentabilidades de las multinacionales mayoritariamente extranjeras que manejan la economía, en el dinero que se llevaron al exterior por la fuga de capitales, es una decisión política.
Si no, seguiremos en el mismo camino de siempre, pagando y pagando para siempre seguir debiendo. Y en ese camino sabemos quiénes ganan y quiénes perdemos.

Notas:
(1)  La ley 26.017 (Ley Cerrojo) fue aprobada el 11 de febrero de 2005 y es la que prohibió abrir el Megacanje. Esta ley fue suspendida en dos oportunidades. Lo que pide el juez es que se derogue una ley suspendida.
(2)  La Ley 26.984 (Ley de Pago Soberano) declaró de interés público la reestructuración de Deuda del Megacanje 2005-2010 y reemplazó al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha operación. Además creó la Comisión Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso Nacional para la Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Presidida por el diputado kirchnerista Eric Calcagno, nunca elaboró ni un solo informe. 


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