Publicado en línea el Miércoles 10 de enero de 2018, por amalia

Santiago González Vallejo – Plataforma por la Justicia Fiscal

España tiene un diferencial de siete puntos de presión fiscal respecto a los países de la eurozona

Dado que la reducción del déficit público tiene que realizarse pagando los intereses de una deuda pública de casi el mismo valor que el PIB que supone más del 2% del PIB, el margen que queda es atemperar el crecimiento de gasto en otras partidas presupuestarias

Eurostat ha constatado que España ha reducido en el año 2016, 4 décimas su presión fiscal (la suma de impuestos y cotizaciones sociales dividida por el PIB), hasta llegar al 34,1% del mismo, estando 7,2 puntos por debajo de la presión fiscal de la eurozona.

Ha ocurrido por dos razones: un crecimiento del 3,3% del Producto Interior Bruto, que actúa de denominador, y unos cambios normativos fiscales que han impedido poder recaudar más de 6.000 millones de euros según cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Eso, sin entrar en el fraude fiscal. Las decisiones de reducir ingresos fiscales se toman cuando España aún sigue teniendo un déficit estructural (ingresos menos gastos descontando intereses de la deuda) no corregido. Eliminarlo es imprescindible para reducir el tamaño de la deuda pública. Es necesario para tener margen de maniobra para cuando haya un cambio de ciclo o cambien algunos aspectos de la coyuntura beatífica exterior, tipos de interés bajo, política monetaria laxa, tipo de cambio euro-dólar reducido, precio del petróleo relativamente soportable o una excelente demanda turística.

El Gobierno y sus aliados parlamentarios confían en la inercia del crecimiento económico para reducir el déficit excesivo por el que nuestro país está en la lista de países europeos bajo especial observación de la Comisión Europea. Y, aún más, tener margen para alguna de sus prioridades, como bajar impuestos. Pero dado que la reducción del déficit público tiene que realizarse pagando los intereses de una deuda pública de casi el mismo valor que el PIB que supone más del 2% del PIB, el margen que queda es atemperar el crecimiento de gasto en otras partidas presupuestarias. Y también mantener unos criterios normativos restrictivos de gastos que afectan a muchos ciudadanos, por ejemplo, el acceso a las prestaciones de desempleo o la revalorización de pensiones.

Nos encontramos, pues, en una situación de recuperación parcial de datos macro-económicos, con un PIB e ingresos públicos nominales similares a los anteriores a la crisis, pero otros datos muestran que la crisis no se ha superado.

Todos somos conscientes del déficit de la Seguridad Social y cómo las listas de espera quirúrgica no se reducen, así como de la falta de refuerzos en educación para reducir el fracaso escolar.

Hay una necesidad de facilitar de forma sostenible gastos públicos no cubiertos. Ciertas partidas presupuestarias tienen un significado claro de calidad y esperanza de vida. Este sería el caso de la dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales ha reconocido que de 2012 a este año han muerto unas 200.000 personas dependientes, en listas de espera, sin disfrutar de una atención que por ley tenían derecho.

Por todo esto, desde un planteamiento querido por la ideología de la estrecha estabilidad europea, hasta un planteamiento más social y contrario a la creciente desigualdad, la reducción del déficit no debe ser sólo por crecimiento económico, o que provenga de un limitado crecimiento de gasto social por mantener restricciones, por el sacrificio de listas de espera o desatenciones corregibles.

La política de cohesión europea debe construirse con cooperación, armonización y fortalecimiento del tejido productivo donde la distribución del gasto público sea en función de pertenecer a la ciudadanía europea y no del país de nacimiento. España tiene un diferencial de siete puntos de presión fiscal respecto a los países de la eurozona. Pero, hasta hoy la política de estabilidad sólo ha priorizado la reducción del déficit y ralentizar el gasto público para alcanzarlo. Ahora, parece que se quiere incluir un Pilar Social en la estabilidad, que debe incluir la seguridad de cumplimentar las prestaciones sociales. Por eso, que la senda de ingresos públicos sea estable y acorde al crecimiento de las rentas y riqueza es tan importante. Una lectura de cuan coherente sea la política de estabilidad europea es la persecución efectiva de la elusión fiscal de las multinacionales y si se dota de unos mínimos impositivos en las rentas y riquezas de su ciudadanía, aspectos en los que los rectores de la actual construcción europea no han sido muy eficientes.

Pero, volviendo a lo nacional, teniendo en cuenta la falta de coberturas sociales o de inversión y el diferencial de presión fiscal en perjuicio de la ciudadanía española, no se entiende que se quiera aprovechar el crecimiento económico para reducir normativamente los impuestos, eliminando progresividad fiscal. Al respecto, véase la carrera de ciertos gobiernos autonómicos y partidos políticos por reducir el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones o IRPF, mientras sobrecargan las rentas del trabajo (ya sea en cotizaciones o IRPF) frente a las rentas de capital y riqueza.

Eurostat muestra desnudo al rey. Sin conseguir la reducción del déficit público al que se ofrecían todos los recortes, independientemente de cómo se lograba, sin lograr alcanzar coberturas sociales en personas vulnerables, con carencias inversoras, se ha reducido la presión y progresividad fiscales, contra una política de estabilidad y mejora de la cohesión y equidad sociales.

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