Publicado en línea el Miércoles 10 de enero de 2018

Madrid.- Amnistía Internacional ha colocado hoy una señal de advertencia de peligro sobre el techo de algunos de los coches eléctricos de alquiler por minutos que Renault ha lanzado estos días en la capital española a través del servicio llamado Zity. La organización ha querido así exigir a la empresa que se asegure de que en la cadena de suministro de cobalto, material empleado en las baterías de estos coches, no se esconden violaciones de derechos humanos como el trabajo infantil o la explotación.
Dos años después de que Amnistía Internacional revelara en una investigación que las baterías que usan en sus productos algunas compañías como Renault, Samsung Electronics o Microsoft, podrían estar vinculadas al trabajo infantil en la República Democrática del Congo (RDC), la organización recuerda mediante esta acción que Renault sigue sin investigar si existen riesgos en su cadena de suministro. 
“Hemos puesto esta señal de advertencia en los vehículos para que Renault investigue, y para que las personas que alquilan coches a través de Zity se pregunten cómo ha sido el proceso de extracción del cobalto que emplean en estos coches. Queremos recordar a esta empresa que ninguna cadena de suministro debe esconder violaciones de derechos humanos”, ha declarado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Empresas en Amnistía Internacional España. “Si no actúa con la debida diligencia a la hora de demostrar que no son cómplices de violaciones de derechos humanos Renault está incumpliendo con sus obligaciones internacionales”, asegura.
En su investigación de noviembre de 2017, Amnistía Internacional documentó cómo menores y adultos extraen cobalto en RDC en minas con estrechos túneles excavados a mano, en condiciones que violan derechos humanos y que han provocado accidentes mortales y graves enfermedades pulmonares. Asimismo, rastreó el cobalto de estas minas hasta una empresa de transformación china llamada Huayou Cobalt, cuyos productos acaban en las baterías que se usan para artículos electrónicos y vehículos eléctricos.
“No nos sirven más excusas. Las grandes empresas de vehículos eléctricos siguen sin hacer lo suficiente para demostrar que no se están aprovechando del sufrimiento de las personas que trabajan en la minería en terribles condiciones”, ha denunciado Esteban Beltrán, director de AI España. “Renault tampoco puede escapar de su obligación de identificar, evitar y, en su caso, abordar y hacerse responsable de los abusos contra los derechos humanos cometidos en la fabricación de todos los productos que utiliza, así como de reparar a las personas por los daños sufridos”, señala.
La organización lamenta la existencia de esta cara oculta de la tecnología sostenible, después de que ninguna de las empresas mencionadas en su informe haya tomado las medidas adecuadas para cumplir con las normas internacionales y que muchas de ellas ni siquiera se hagan las preguntas básicas acerca de la procedencia de sus productos.
Más informaciónEn diciembre de 2016, Renault informó a Amnistía Internacional que había solicitado a la compañía LG Chem (empresa que le provee de las baterías de litio) que investigara su cadena de suministro de cobalto y concluyó, basándose en los resultados de esa investigación, que no existía un “vínculo entre el cobalto utilizado para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos de Renault y el cobalto de las minas a las que se refiere AI en su informe”. Sin embargo, es bastante probable que sí que lo exista. Y es que más de la mitad del cobalto (componente fundamental de las baterías de iones de litio) de todo el mundo procede de la República Democrática del Congo. El 20% de esa cantidad se extrae a mano.
Además, la compañía, a pesar de pertenecer a la Alianza de Renault-Nissan-Mitsubishi, bajo la cual una disposición les exige proceder con debida diligencia para la adquisición responsable de minerales, la compañía no ha proporcionado detalles de ninguna acción de mitigación o reparación que haya tomado con respecto a los riesgos o abusos de cobalto en su cadena de suministro.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para que empresas como Microsoft y Renault se responsabilicen por la extracción de las materias primas que hacen sus productos lucrativos y para que los consumidores así lo exijan a la hora de adquirir sus productos y servicios.


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