Publicado en línea el Lunes 22 de enero de 2018, por Jose Luís García Marcos

Hoy se reúne el Eurogrupo con una agenda que incluye el debate acerca de la profundización en la Unión Económica y Monetaria y que tendrá como elemento fundamental la formación de un Fondo Monetario Europeo (FME).

Tras despejarse incógnitas como la formación del Gobierno alemán (con la posible reedición de la Gran Coalición) o el acuerdo para un brexit blando, la Unión Europea (UE) está pasando a una fase de revisión de su modelo de gobernanza económica con el objeto de «estabilizar la zona euro».

En este contexto, la propuesta de la Comisión Europea (CE) para modificar la arquitectura institucional y financiera de la UE pretende profundizar en la disciplina fiscal y el ajuste estructural. La CE ha propuesto un periodo de 18 meses para un acuerdo entre los Gobiernos que siente las bases para la creación de un organismo orientado a paliar las posibles crisis bancarias. Este se construiría a partir del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y supeditaría su ayuda financiera a la aplicación de reformas económicas neoliberales. Sería el Fondo Monetario Europeo.

Las élites y el modelo de Fondo Monetario Europeo

Alemania y Francia marcan el paso de este debate y representan modelos que se diferencian sobre todo por los mecanismos de aplicación que pretenden impulsar. Por un lado, la vertiente federalista-tecnocrática de Macron propone un fondo de depósitos europeo, un sistema de prestación por desempleo europeo y la creación de un organismo que promueva la inversión pero supeditado a la lógica de la competitividad.

El modelo representado por los conservadores alemanes, el ordoliberal, rechaza con rotundidad el endeudamiento directo y los seguros de desempleo, a la par que recela del fondo de depósitos. Los conservadores alemanes se conformarían con un instrumento que contribuyese a la estabilidad fiscal del euro, pero sin recurrir a transferencias interiores que supusiesen algún tipo de distribución. Frente a estas posturas, la CE no contempla el seguro de desempleo, pero sí el fondo de depósitos.

El Fondo Monetario Europeo tendría capacidad de apalancamiento y financiación hasta 500 millones de euros. Esta financiación vendría a través de la emisión de bonos respaldados por garantías públicas aportadas por los Estados miembros. Los fondos se dirigirían a países con riesgo bancario sistémico o que desearan acceder al euro, y estarían condicionados a la aplicación de políticas de austeridad acordes al espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Entre otras funciones, el FME respaldaría al Fondo Único de Resolución Bancaria y actuaría como prestamista de último recurso. También podría operar como mecanismo estabilizador de las inversiones en caso de crisis. En este sentido, se propone una reconversión parcial (de al menos el 6%) de los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión, así como el establecimiento de reglas que los vinculen a la aplicación de las reformas y que serían comunes para los Fondos de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Así, fondos que tenían características compensadoras condicionarían su desembolso a la implementación de medidas de austeridad.
Otro de los cambios propuestos en la gobernanza es la creación de la figura del ministro europeo de Economía y Finanzas. Este cargo sería también vicepresidente de la CE y presidente del Eurogrupo, el auténtico órgano de gobierno económico del euro y que, una vez bajo los tratados europeos, tendría mayor capacidad de imponer medidas a los Estados miembros.

Crítica y alternativas

Además de potenciar la capacidad financiera de las instituciones europeas y estabilizar el sistema bancario, el FME supondría ganar eficacia en la aplicación de las políticas de austeridad. Una vez más, la gobernanza económica de la UE se encomienda al desarrollo de instrumentos financieros y no al fortalecimiento del presupuesto de la Unión. El fondo propuesto impondría fuertemente la disciplina fiscal y podría convertirse en un vehículo para la socialización de las deudas.

Hasta hace poco, eran los mecanismos de desajuste entre ingresos fiscales y gasto público nacional los que explicaban la enorme conversión de deuda privada en deuda pública. Con este nuevo órgano, las propias instituciones europeas promoverían un fondo destinado a cargar sobre las y los contribuyentes el esfuerzo y el riesgo, ya que las garantías y los avales serían recursos públicos dirigidos en última instancia a respaldar operaciones fallidas. Además, no se descarta que, tras el préstamo de fondos a un Estado, las reestructuraciones bancarias recaigan, además de en accionistas y acreedores, en las arcas públicas.

Una política alternativa a lo anterior debe establecer mecanismos que persigan al mismo tiempo la redistribución de los recursos económicos y el impulso de un plan de inversión socioecológico. Es necesaria una regulación bancaria que acabe con los privilegios del sistema financiero privado, que exija la devolución de los rescates, que garantice su utilidad social y que abra la puerta a la creación de un polo bancario público.

Para conseguir una mejor redistribución de recursos, hay que aumentar el presupuesto de la UE hasta el 8% del Producto Nacional Bruto comunitario. Este objetivo requeriría, además, un régimen fiscal progresivo a partir de contribuciones que se determinarían en función de la capacidad económica de los países. También son necesarios nuevos impuestos europeos sobre los beneficios empresariales y el patrimonio de las grandes fortunas, ecotasas e impuestos sobre las transacciones financieras. Por último, para una redistribución justa es imprescindible la firme persecución de la evasión fiscal, lo cual conlleva como prerrequisito la armonización fiscal al alza con el establecimiento de un tipo mínimo efectivo europeo.

Por otro lado, la inversión europea, además de incrementar su dotación, tendría que orientarse a la creación de empleo en actividades que propicien el abandono de la dependencia de las energías fósiles, priorizando así medidas para una transición justa hacia un cambio de modelo productivo basado en energías renovables.

Secretaría de Europa de Podemos
22 de enero de 2018

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