Publicado en línea el Jueves 25 de enero de 2018, por amalia

María Cristina Rosas - ALAI, AMÉRICA LATINA en movimiento

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El ingreso básico universal (IBU) es una propuesta que ha pululado en el ambiente desde hace varias décadas, impulsada inicialmente por fuerzas políticas de centro-izquierda como una manera de combatir las consecuencias económicas y sociales derivadas del declive industrial, el cual generó un enorme desempleo en los mercados laborales. A través del UBI se buscaba que las personas desempleadas, estudiantes, ancianos, etcétera, recibieran una retribución, a cambio de una suerte de trabajo voluntario.

Para personas como Mark Zuckerberg, Bernie Sanders, Stephen Hawking y otras celebridades, el UBI es necesario como un instrumento promotor de la equidad, la inclusión, la dignidad y, claro está, como herramienta para reactivar las economías. Ciertamente en economías deprimidas o estancadas, el incorporar a compradores de bienes y servicios a través de un ingreso, propicia una demanda agregada que generaría, al menos en teoría, un círculo virtuoso que a su vez reactivaría la producción y daría lugar a más empleos y al crecimiento.

Sin embargo, el UBI en la actualidad, no responde a una mentalidad progresista. Sus defensores generalmente se ubican en el espectro político de centro-derecha y, a juzgar por la experiencia piloto de Finlandia, no constituye una iniciativa tan revolucionaria como se le pensaba en un primer momento. Claro que tiene sus virtudes. Pero hay que ir por partes y el caso a analizar aquí, es Finlandia.

El país nórdico cuenta con una población de 5. 5 millones de habitantes y un producto nacional bruto (PNB) de 240 billones de dólares (equivalente a la cuarta parte del de México). En los índices de desarrollo humano ocupa la 23ª posición, con un nivel muy alto. Finlandia también es reconocido por ser el país con uno de los mejores niveles educativos en el planeta. El país tiene un sistema político semi-presidencial donde el Presidente, como tal, tiene atribuciones muy acotadas, en tanto el Primer Ministro es quien encabeza al gobierno. En la actualidad, el Primer Ministro es Juha Petri Sipilä, empresario perteneciente al Partido del Centro y que encabeza a una coalición de centro-derecha. Sipilä asumió la jefatura del gobierno finlandés el 29 de mayo de 2015. Todos estos datos son relevantes para entender el sentido del experimento emprendido a partir de enero de 2017 en torno al ingreso básico universal.

El IBU en Finlandia es un programa piloto pactado a dos años. Consiste en entregar 660 dólares mensuales sin ninguna condición ni trámites engorrosos a dos mil personas desempleadas cuyas edades oscilan entre los 25 y los 58 años de edad. A diferencia de los programas de seguridad social, quien recibe el IBU no tiene la obligación de buscar un empleo y si acaso lo hiciera y lo consiguiera, seguiría siendo beneficiario del IBU hasta que termine el período de prueba -diciembre de 2018. El costo total del programa para el gobierno de Finlandia es de 24 millones de dólares, cantidad que no es onerosa en una sociedad donde el ingreso per cápita es de 43 545 dólares.

Este experimento obedece a varias razones. En primer lugar, se busca demostrar si las personas que lo reciben, se sienten motivadas a buscar un empleo. Dado que en Finlandia existe un sistema de bienestar social financiado a través de la recaudación tributaria, para quienes trabajan, la tasa tributaria deduce de sus ingresos un monto considerable. Por ello, muchas personas prefieren no trabajar y recurrir directamente al sistema de seguridad social, dado que, si trabajaran, los descuentos a su salario, los dejarían con un ingreso neto cercano al monto que recibirían por concepto del seguro de desempleo. Evidentemente las autoridades finlandesas desean terminar con este círculo vicioso, de manera que valorarán cuántos de los beneficiarios del IBU buscan empleos remunerados y si, al término del IBU decidan regresar voluntariamente al desempleo.

Por supuesto que no todos los desempleados han optado por dejar de trabajar debido a los impuestos sobre sus ingresos. El desempleo es multifactorial. Hay personas que deben cuidar de sus padres -hay que recordar que, en Finlandia, la esperanza de vida es de 80.8 años y con tasa de fertilidad de 1. 57- en una nación que envejece y donde la mitad de los electores rebasa los 50 años de edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener padecimientos y enfermedades que requieren determinados cuidados. En este sentido, el IBU les permite a los más jóvenes, cuidar de sus padres sin tener la presión o urgencia de buscar un empleo que de todos modos no podrían hacer compatible con las necesidades familiares. En este sentido, el IBU también podría ser una herramienta para mejorar la salud de los desempleados, muchos de ellos aquejados por ansiedad y/o depresión, lo que a su vez reduciría los gastos médicos del Estado.

El IBU ha recibido críticas porque muchos consideran que intenta desmantelar el sistema de seguridad social de Finlandia. Dicho sistema es caro y el gobierno actual quiere reducir los costos del mismo. Asimismo, se busca combatir la persistente tasa de desempleo del 8 por ciento que aqueja al país. Igualmente, la burocracia asociada a un sistema que incluye unos 40 beneficios sociales se pretende que se reduzca y el experimento del IBU podría generar elementos de juicio. Es innegable, sin embargo, que el sistema de seguridad social de Finlandia y otras naciones altamente desarrolladas requiere una reestructuración. Parecen lejanos los tiempos en que los trabajadores contaban con empleos de tiempo completo. Hoy cada vez más los mercados laborales privilegian los empleos de tiempo parcial, por obra, por contrato, por honorarios, etcétera, lo que hace muy difícil sostener un esquema de seguridad social como el hasta ahora imperante.

En México, el IBU está siendo puesto en la mesa -de manera similar a Finlandia, por las fuerzas políticas de centro-derecha- y ciertamente está generando polémica. Claro que hay una notable diferencia demográfica, económica y social entre México y Finlandia, siendo quizá la más notable, la baja tasa de recaudación tributaria existente en el primero, como para financiar de manera sustentable los programas sociales que millones de mexicanos requieren. Baste mencionar que Finlandia es, entre los socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el cuarto país con la mayor recaudación tributaria respecto al PNB -asciende al 43 por ciento- en tanto México figura en el último lugar con apenas un 15 por ciento. En este sentido, quienes postulan que México necesita un IBU deberían acompañar esta propuesta de otra más referente a una profunda reforma económica y tributaria, porque sin ellas, simple y llanamente sería inviable. Y vale la pena también echar un vistazo a los resultados que arrojará el experimento del IBU -los resultados serán publicados en 2019- e iniciativas similares como las que se están desarrollando en Barcelona, Kenia y Canadá. Cada país es distinto pero la desigualdad parece avanzar a pasos agigantados en el mundo del siglo XXI, por lo que tanto el combate a la pobreza como la distribución de la riqueza deben ser debatidos a profundidad en aras de generar iniciativas viables que promuevan la equidad y la justicia social más allá de los discursos electoreros.

María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

 


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