Publicado en línea el Sábado 5 de marzo de 2016, por El Tiempo

7:21 p.m. | 4 de marzo de 2016

El campo de Hocol en Puerto Gaitán (Meta) será cerrado hasta que se termine el estudio de la Corte Constitucional.

Foto: Efe

En un auto del 23 de febrero pasado, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional frenó de manera provisional otro proyecto petrolero en Puerto Gaitán (Meta), y protegió los derechos de la comunidad del resguardo indígena Awalibá, de la etnia Sikuani.

El proyecto mantuvo el año pasado una producción de 16.000 barriles diarios de petróleo.

La Corte falló a favor de una tutela que interpuso el Defensor del Pueblo del Meta, en representación de dicho resguardo indígena, considerando que con el proyecto petrolero se podrían vulnerar los derechos fundamentales de la comunidad a la libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas a la consulta previa, a la vida digna y al medio ambiente sano.

La Corte tomó esta medida cautelar mientras profiere una decisión de fondo sobre la tutela. La suspensión provisional se dio teniendo en cuenta que “los miembros de la comunidad accionante, entre ellos menores de edad, podrían sufrir consecuencias graves e irreparables en el ejercicio de sus derechos fundamentales a la consulta previa, la identidad étnica y cultural y al ambiente sano”.

Por esta razón la Corte ordenó suspender las actividades de perforación y extracción que lleva a cabo la empresa Hocol S.A. en el campo Ocelote-Guarrojo, medida que se mantendrá hasta que magistrados delegados terminen de realizar una inspección judicial en el resguardo.

En ese análisis se busca comprobar si los trabajos de la petrolera perjudican efectivamente las costumbres de los indígenas, si el ruido afecta a la comunidad, y la extracción contamina el río, e imposibilita que realicen ritos sagrados.

“Luego de llevada a cabo la misma y después de determinarse con certeza cuáles son las afectaciones e implicaciones del caso, se decidirá acerca del levantamiento o no de la suspensión de las actividades en el Campo Ocelote”, dijo la Corte.

El resguardo, según la tutela, fue constituido en 1991 y tiene una extensión de 20.795 hectáreas, y su principal fuente de agua es el río Guarrojo, en el que los indígenas realizan sus ritos ancestrales y actividades de pesca.

Pero desde el 2002 la empresa Hocol S.A., filial de Ecopetrol, inició procesos de exploración para determinar si existía petróleo en el subsuelo, actividad para la que no fueron consultados, según la comunidad Sikuani, del resguardo Awalibá.

Hocol obtuvo la licencia en el 2008 para desarrollar el proyecto petrolero Campo Ocelote-Guarrojo y su actividad se expandió hasta tener 30 plataformas multipozos.

Según la tutela de los Sikuani, “la zona en la cual se está efectuando la explotación petrolera es de vital importancia ancestral, cultural y ambiental para la comunidad, la cual, por encontrarse en la zona de influencia del proyecto, se ha visto afectada, entre otras, por la resequedad y la contaminación que este último ocasiona”.

Ante esos argumentos, la Corte Constitucional aseguró que, por la probabilidad de que la explotación de Hocol S.A. ponga en peligro la existencia de la etnia Sikuani “y la base de los recursos naturales de los que hace uso el resguardo y la comunidad indígena, se hace absolutamente necesario que la Corte proceda a tomar las medidas requeridas para evitar que una situación de tal naturaleza exponga a la parte accionante”.

La Corte Constitucional ha tomado otras decisiones que afectan los intereses de las petroleras. En junio del año pasado frenó dos pozos petroleros en Orito (Putumayo), y hace un mes tumbó una parte del campo Quifa, en Puerto Gaitán (Meta), también por afectaciones a comunidades indígenas de los Sikuani, pero del resguardo Vencedor Pirirí.


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