Publicado en línea el Miércoles 28 de febrero de 2018, por amalia

 Julio Rodríguez - ATTAC Madrid

La cuestión radica en cómo Bankia puede aportar más a la economía, bien como banco público o bien privatizándolo buscando recuperar una parte de lo aportado.

Una vez materializada la absorción del Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia en diciembre de 2017, sólo queda este último como residuo accidental de lo que fue un importante segmento de banca pública en España. De forma paralela, se ha acrecentado la concentración bancaria en España, de forma que unos cinco bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), concentran más del 80% de los activos bancarios en el sistema crediticio español. Se trata de analizar, intentando dejar de lado la ideología, si tiene interés para el propio sistema financiero y para la economía española que Bankia siga siendo un banco controlado por el gobierno del Estado.

La banca pública propiamente dicha, esto es, las cuatro entidades oficiales de crédito –BC Agrícola, BC Industrial, BC Local y Banco Hipotecario– más el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros fueron privatizados en un proceso que se inició en mayo de 1991. Todo ese segmento del sistema crediticio se integró en Argentaria, que después fue absorbida por el Banco Bilbao Vizcaya, para desembocar en el actual BBVA.

La privatización, decidida por el gobierno socialista a propuesta del entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afectó incluso a las estafetas existentes en las oficinas de Correos. Las pymes, los ayuntamientos y los promotores de viviendas protegidas echaron de menos una buena temporada a los bancos públicos absorbidos por el segundo banco privado español.

Las cajas de ahorros se crearon en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria. Estas entidades eran fundaciones de carácter privado, con una fuerte presencia pública y sindical en sus órganos de gobierno. Con la creación del Estado autonómico, apoyado en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía, la tutela de las cajas pasó a las comunidades autónomas. Estas administraciones actuaron con las cajas como si fuesen bancos al servicio de sus objetivos políticos.

El empujón de actividad aportado a las cajas desde las autonomías fue evidente. Sin embargo, la desprofesionalización de los gestores y la concentración crediticia excesiva en el segmento inmobiliario llevó a numerosas cajas a situaciones de insolvencia. La salida de la situación fueron las fusiones frías, los SIP, que terminaron convirtiéndose en bancos, no en cajas de ahorros de mayor dimensión.

En el proceso de saneamiento bancario ha subsistido Bankia, banco resultante de integrar a unas once cajas de ahorros, con mayoría estatal en su accionariado. El tope formal para su privatización acaba en diciembre de 2019. Bankia podría permanecer bajo control público de decidirlo así el Gobierno de España. La cuestión radica en cómo Bankia (balance de 214.000 millones de euros a 31.12.2017 y cartera de crédito de 128.800 millones) puede aportar más a la economía, bien como banco público o bien privatizándolo buscando recuperar una parte de lo aportado.

La contribución real a una mayor competencia en el sistema crediticio, la actuación clara en contra de la exclusión financiera, el freno a un más acusado oligopolio bancario, la financiación de la creación de un parque público de viviendas de alquiler social, la actuación como banca de proximidad, podrían ser objetivos del todavía banco público, atento a su cuenta de resultados y a su solvencia. La gerencia de Bankia debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno. El modelo de gestión debería estar bastante más próximo a lo que fueron las extintas entidades oficiales de crédito que a lo que fueron las también desaparecidas cajas de ahorros.


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