Publicado en línea el Sábado 17 de marzo de 2018, por Adriana Meyer / Página|12

Durante aquel procedimiento represivo a la Machi, prima de Nahuel, los uniformados la obligaron a comer tierra y a pesar de tener 16 años la arrestaron. Todo el grupo mapuche quedó imputado por usurpación, de modo que la ONG solicitó una medida cautelar. “Para los mapuches, es una figura ‘sagrada’ a ser protegida, dado que las medidas impuestas por el poder judicial como lo son la exclusión absoluta del lugar elegido por ella, en razón de órdenes espirituales ancestrales representa un daño irreparable y de extrema gravedad, que urgentemente necesita ser reparada, ya que anula su ser mapuche”. En la nota enviada a la sede de la CIDH, en Washington, el coordinador de Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, indicó que “la decisión de Parques Nacionales lejos de la capacidad de diálogo dispuso un desalojo, violando la ley 26.160 que suspendió todos los desalojos de las comunidades indígenas, generando una nueva situación de riesgo de vida como lo fue con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”. Y también mencionó como parte del hostigamiento a las comunidades mapuche la querella que le inició el Estado a él y su colega, Carlos González Quintana “en la que se pretende criminalizar nuestro rol de defensores de derechos humanos y deslegitimar el reclamo mapuche, ante toda la opinión pública”.

A pedido de la Comisión, Cabaleiro informó respecto de la represión del 18 de diciembre contra quienes rechazaban en las calles la reforma previsional que “el universo de personas que componen los colectivos varía según cada manifestación, lo cual hace imposible individualizar a cada una de ellas. En el listado de personas que adjuntamos en la petición solo se encuentran quienes fueron víctimas, siendo detenidas, y muchas de ellas procesadas y aún permanecen encarceladas”. El abogado agregó que “el riesgo que crea el Estado Argentino al imponer la fuerza estatal dispuesta a disparar balas de goma como regla y también la violencia física y realizar detenciones en lo que denominamos cacerías policiales acompañadas de una judicialización de la protesta social, tiene un efecto expansivo y coloca como víctima a cualquier persona que participe en una manifestación social, pública y popular”. Cabaleiro destacó que “hubo ausencia total de funcionarios de enlace, las autoridades asumieron un rol desafiante, provocador y sin ánimo de diálogo con los manifestantes”. Y advirtió que “se ha observado policías vestidos de civil, aparentando ser militantes”. De esa modalidad, “altamente agresiva, fueron víctimas también diputadas y diputados, y periodistas que se encontraban ejerciendo su labor”.

Respecto del próximo acto del 24 de marzo, alertó a la CIDH que el hecho de que la Plaza de Mato se encuentre en plena obra y no disponible para realizar la tradicional manifestación provocará “un hecho de fuerte tensión social”.


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