Publicado en línea el Martes 8 de marzo de 2016, por Mario Hernandez

Los despidos en el Estado hoy son lo más visible, pero los procesos productivos ya han comenzado a ajustar terriblemente vía suspensiones, despidos y más precarización laboral. Hoy, el ejemplo claro es Acindar, que decidió parar su producción por 10 días en marzo, anticipando un ajuste mayor que se descarga sobre los metalúrgicos y sus familias.

Paraná Metal (Villa Constitución) la mayor autopartista del país ha cerrado sus puertas dejando a cientos de Trabajadores en la calle por falta de producción. General Motors, a pocos kilómetros, compra estas autopartes en el mercado brasileño.

El kirchnerismo, para terminar con 34 días de corte de la Autopista Rosario-Buenos Aires, promovió la compra de la empresa a Cristóbal López, quien no invirtió un solo peso en mejorar el sistema productivo y que pasada las elecciones presidenciales del 2015, cerró la planta dejando a todos los trabajadores y sus familias en la calle.

En la fábrica Bambi (línea blanca), la patronal sin ningún aviso previo despidió a decenas de patronal muy extendida en estas empresas, hecho que constituye un verdadero fraude laboral.

El panorama económico sumó otra luz roja en el cordón industrial santafesino. La fábrica de electrodomésticos Electrolux, con sede en Rosario, desactivó uno de los dos turnos de la línea freezer, decisión que afectó las tareas de unos 70 trabajadores. La mayoría del personal fue reubicado y el resto aceptó el retiro voluntario ofrecido por la patronal y renunció. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Donello reveló que actualmente la empresa "no tiene producción" y que sólo por la misión de generar stock es que no llegó al extremo de parar las dos líneas de montaje. El próximo mes de mayo será clave para dilucidar el futuro de los empleados. "Están esperanzados con que el negocio arranque en ese momento", explicó el gremialista.

Respecto de la industria de capitales suecos que fabrica electrodomésticos de línea blanca, los portales de negocios de la región informaban entusiasmados el año pasado: "Electrolux, en tanto, que adquirió a la ex empresa argentina Gafa (Frimetal SA) por 700 millones de dólares, ya destinó 60 millones de pesos para producir cocinas". Había "muchas empresas en proceso de inversión y otras que están tomando personal", tanto como los 1.200 trabajadores que emplea la firma de origen sueco. Desde el 2013 amplió la capacidad productiva de la fábrica ubicada en Battle y Ordoñez al 3400, hasta convertirse "en la planta de refrigeración de mayor capacidad del país". Su superficie productiva aumentó hasta los 25.000 metros cuadrados.

La semana anterior, la delegación Rosario de los metalúrgicos recibió la visita del titular nacional del gremio y de la CGT Balcarce, Antonio Caló, precisamente en el marco de esta situación, la liberación de las importaciones que atentan contra la industria nacional y el mismo día en que Acindar dispuso licenciar a la fuerza a 400 trabajadores de su acería en Villa Constitución.

La particularidad de Electrolux se replica en "un montón" de empresas de la zona. "Estamos preocupados, estamos negociando en varias y hay muchas cosas que no se mueven", lamentó Donello, quien destacó la "pérdida" del poder adquisitivo del trabajador, que "compra cada vez menos y solo lo necesario".

Por otra parte, las energías de la UOM están depositadas con mayor énfasis en el control de la situación de las dos plantas (Navarro y Heredia) que la siderúrgica Acindar posee en Rosario. El conflicto se estiró por varios meses y aún no tiene solución. La empresa decidió "bajar" uno de los tres turnos y pretende despedir empleados contratados. "Estamos hablando de 30, 40 personas". El sindicato ya inició conversaciones con el Ministerio de Trabajo para impedirlo, pero la situación nos tiene "muy preocupados", cerró Donello.

La empresa agroindustrial Ricedal Alimentos SA, con planta industrial en la localidad santafesina de Chabás, a 80 kilómetros de Rosario y con sede administrativa y de ventas en Venado Tuerto, produce aceite y harinas de soja y trigo, alimentos balanceados para animales y fertilizantes orgánicos. Este lunes la policía apostada en el ingreso de la planta entregó en mano a 24 operarios aceiteros y 4 molineros una nota de aviso que llegarían los telegramas de despido.

El delegado gremial de la planta Fabio Barreto declaró a los medios que: “no es la primera vez que pasa esto, es la tercera vez. Siempre que hay una paritaria en camino empiezan con esto como para atajarse". El motivo de los despidos según los telegramas, es por razones de índole económica y financiera pero los trabajadores indican que es una maniobra meramente especulativa porque actualmente se presenta un mercado favorable para el sector.

Los trabajadores iniciaron una medida de protesta con quema de cubiertas y denunciaron el accionar de la empresa en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, al tiempo que alertan ante el intento de reprimir la huelga para hacer entrar los camiones de la patronal y advierten la presencia de efectivos de grupos especiales de la Policía Provincial de Santa Fe apostados en Casilda.

El miércoles se realizó en la puerta de Pepsico Snacks un acto contra el vaciamiento que lleva adelante la empresa. Dos líneas de producción están cerradas y, por otro lado, el depósito tiene la mitad de la capacidad vacía de mercadería.

“El vaciamiento es político”, denuncia Camilo Mones de la Comisión Interna, “porque acá los trabajadores y la Comisión Interna, dirigida por la lista Bordó (oposición de la lista Verde de Daer), estamos organizados y hacemos respetar todos los derechos que tenemos y avanzamos en conquistas que no tienen las mayorías de las fábricas de la alimentación. Por ejemplo, acá se respetan todos los permisos por enfermedad, licencias, ART, los supervisores y jefes no pueden maltratar a la gente, hace más de diez años que no hay ningún despido, se ha logrado un plus que nos tienen que pagar todos los fines de año, se han logrado categorías para las compañeras, se respetan los tiempos de descanso. Es decir, que nosotros hemos avanzados en nuestros derechos. Por eso la empresa está optando: no quiere despedir porque saben que sería un conflicto muy grande y sería una “mala imagen” para su marca que es muy conocida, por lo que decidieron, de a poco ir vaciando las líneas, es decir que las paran. Mientras que la producción se la llevan a otro depósito. En relación con esto han ofrecido retiros voluntarios y esos puestos que quedan vacantes no los cubren con nuevo personal.”

Desde el domingo 29 a la tarde los más de 800 trabajadores del Frigorífico Ciaber (ex-Finexcor) de Bernal Oeste ocupan las instalaciones contra el plan de ajuste que intenta aplicar la empresa. La patronal, que está embolsando enormes ganancias gracias a las medidas del gobierno, porque les sacaron las retenciones, tienen el dólar flotando arriba de los $16 y se eliminaron los ROE, que son los permisos para exportar, intenta llevar adelante una rebaja salarial. Ante el rechazo de los obreros confirmó 100 despidos y extorsiona con ir a la quiebra.

Presentó un preventivo de crisis que fue aprobado de forma ‘express’ por el Ministerio de Trabajo de Triaca, el cual le permite imponer el ajuste. Este conflicto se suma a los despidos de municipales de la mano de Martiniano Molina, en las metalúrgicas como Eitar y Raimat, en la Cervecería Quilmes y en la Universidad Nacional de Quilmes (entre otros) que están convirtiendo a Quilmes en un verdadero laboratorio del ajuste del gobierno y las patronales.

Cervecería Quilmes comunicó a sus trabajadores que en el lapso de los meses que siguen la Central de Servicios Compartidos que actualmente brinda servicios no sólo en nuestro país sino también en Paraguay, Chile, Perú y Bolivia se trasladará a la India y México, como resultado de lo cual quedarán sin ocupación el 90% de sus trabajadores, unas 250 personas.

Según relataron desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, Siderca ya envió algo más de 300 telegramas de despido. Unos 70 fueron para el personal contratado a través de la firma Loginter y algo más de 230 para los contratados a través de Comau.

Por ello el lunes avanzaron en un corte en la rotonda de ingreso al puente Zárate para reclamar que la empresa, propiedad de Paolo Rocca, dé marcha atrás con la decisión y reincorpore a todos los trabajadores.

El plan de achique de Siderca había comenzado en abril del año pasado cuando se anunciaron suspensiones del personal que se extendieron todo el 2015. Los suspendidos, a través de un acuerdo de la firma con el gremio, cobraban el 80% de sus salarios.

Con una asamblea y un paro total de actividades los trabajadores de Atucha respondieron a las 600 notificaciones de despidos que en las últimas horas le llegó al personal de esa planta nuclear el viernes 26 de febrero y continuaban siendo enviados el lunes pasado.

Los primeros avisos de despidos llegaron para capataces, supervisores, administrativos y técnicos, que por ley deben recibir la notificación con 30 días de anticipación, mientras se especulaba que en los próximos días podrían llegar los despidos de unos 2.200 operarios afiliados a la UOCRA.

“Los contratos se renovaban cada tres meses y ésta era la primera vez que le tocaba renovar al Gobierno de Mauricio Macri. Vencen el 31 de marzo, pero el Estado le avisó a las empresas que no los van a renovar, entonces empezaron a despedir la gente”, advirtió Facundo Ocampo, abogado de la seccional Zárate de la UECARA (Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina).

Los trabajadores son contratados de las empresas Vialco SA, Masuero Carmini, DHL, Indigo, Ociba y Dezacor.

Los despedidos estaban afectados a las obras de construcción de la cuarta central nuclear de la Argentina, Atucha III, un mega proyecto de más de 3 mil millones de dólares realizado con financiación de Canadá, Rusia, Francia y principalmente China.

La Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, tras una asamblea realizada este jueves, con los trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina en ATUCHA (I y II) definieron, que de no haber respuestas a viejos reclamos, el lunes próximo iniciarán un cese de actividades y quite de colaboración durante tres horas, hasta el miércoles 10 de marzo.

Más de 22 gremios se plegaron el miércoles al primer paro general de la CGT de San Lorenzo por la reapertura de la planta ArZinc en Fray Luis Beltrán, que aporta el 25% a las arcas de municipio. Hubo cortes en la Ruta 11 y frente a los portones de la empresa. Hacía 10 años que el cordón industrial de San Lorenzo no hacía un paro por pérdidas de puestos de trabajo.

ArZinc es la única productora de ácido sulfúrico y zinc electrolítico en el país y emplea a 1.200 trabajadores. Luego del paro el gobierno nacional ofreció poner el dinero para la puesta en marcha de la fábrica y también para los Repro. La CGT Regional dio un plazo de dos semanas para esta negociación y si la solución no aparece decretará una medida de fuerza de 48 horas.

El paro de la CGT fue total y afectó a empresas como Cargill, Terminal 6, Bunge, Nidera y Celulosa, las multinacionales del cordón.

Comenzó la segunda ola de despidos masivos en el Estado

Con cesantías en el INADI, ANSES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Seguridad y en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el lunes 29 comenzó la segunda etapa del plan de despidos masivos de estatales con más de 1.400 cesantías. Es que tras la primera oleada en diciembre/enero, que alcanzó a más de 8.000 empleados de la Administración Pública Nacional y llegó a más de 24.000 en todo el país, se lanzó una segunda instancia que ya afecta fuerte a las distintas dependencias del estado central.

El viernes 26 por la noche, empleados del INADI habían sido notificados por correo electrónico que estaban despedidos del organismo. El total de cesanteados en ese Instituto llegó a 60.

Todavía en estado de asamblea permanente, por los despidos injustificados, los y las trabajadoras del INADI convocaron el jueves 3 a realizar un abrazo al organismo para defender las políticas de Derechos Humanos ante las embestidas del gobierno por desmantelarlas.

En estos momentos los y las trabajadoras del INADI siguen sin recibir ninguna respuesta oficial del Interventor Javier Buján y, por lo tanto, sostienen el paro que iniciaron el 29 de febrero, hasta tanto los reciban y les garanticen la reincorporación.

Por la mañana del lunes, con policía en la puerta y una lista que les prohibía el ingreso, 205 trabajadores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) fueron informados de su despido. Sin motivo aparente, en los tres edificios de la SRT (Moreno, Reconquista y Mitre) hubo despedidos y áreas enteras fueron desmanteladas.

También en el Ministerio de Agroindustria llegó una nueva tanda de telegramas. Manteniendo el ritmo de dos docenas de despedidos semanales, a 23 trabajadores les comunicaron su despido y se les prohibió el ingreso a realizar sus labores.

En ANSES, por su parte, comenzaron a llegar los telegramas de preaviso. Según informaron desde ATE, unos 120 empleados recibieron la información de que desde el 1° de marzo les darían de baja a sus contratos o sus puestos de planta interina en el organismo de seguridad social.

También en el Ministerio de Salud hubo conflicto. Es que las autoridades de la cartera de salud informaron que darían de baja los contratos que tenían con las universidades por lo que unos 400 empleados se quedarían sin empleo este mes y llegarían a 1.000 en abril. Los delegados de ATE y los empleados mantuvieron ocupado pacíficamente el edificio pidiendo que se revea la decisión.

Frente a esta medida el Ministro de Salud, Jorge Lemus, escribió al Jefe de Gabinete para solicitar la continuidad de los contratos por convenios con la Universidad. Si bien la medida de la permanencia fue levantada, siguen en “estado de alerta y movilización” por los despidos en la Dirección Nacional de Salud Mental que suman alrededor de 30 trabajadores.

Por su parte en el Ministerio de Seguridad se contaron unas 20 cesantías nuevas. Aunque se espera que puedan ser más, la cartera que maneja Patricia Bullrich había despedido 420 empleados en enero.

A menos de tres semanas de haber asumido funciones, las nuevas autoridades del organismo antilavado (Unidad de Información Financiera) dejaron en la calle a 45 técnicos con sólida trayectoria en materia de investigación y fiscalización.

Mariano Federici y María Eugenia Talerico fueron designados en sus cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente el 26 de enero de 2016. Tan solo una semana más tarde comenzó a cundir el pánico en el staff de la Unidad de Información Financiera mientras Federici viajaba a Mónaco para participar del plenario del Grupo Egmont.

Primero llegó el turno de algunos coordinadores y jefes de áreas operativas. A ellos previamente se los había entrevistado, se les había requerido informes y se los había elogiado por su predisposición e idoneidad para ocupar sus puestos. Sin embargo, apenas dos o tres días más tarde fueron despedidos sin previo aviso y sin causa por funcionarios que se habían incorporado recientemente al área de recursos humanos y que ni siquiera, a la fecha, han sido nombrados oficialmente.

La Secretaría de Comercio despidió a 300 trabajadores que se suman a otros 130 desafectados en enero por Miguel Braun, jefe de la oficina dependiente del Ministerio de Producción.

Los trabajadores pertenecían a las áreas de Consumo Protegido, Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia, Comercio Exterior y el call center que recibía denuncias sobre incumplimientos en el programa Precios Cuidados. Los despidos en esta última oficina la dejaron prácticamente vacía.

El jueves por la mañana, los estatales marcharon hacia la sede de la Secretaría en Julio Argentina Roca, donde realizaron una asamblea y una ruidosa protesta.

Cambiemos sigue avanzando sobre los puestos de trabajo del Senado de la Nación. Tras la primera oleada de fines de diciembre que arrasó con unos 2.000 empleados, ahora llegó la segunda tanda de cesantías y en esta oportunidad se trata de unos 400 despidos.

Por su parte, desde los afectados, se siente el malestar con los gremios. Es que la resolución que formaliza las cesantías dice que se cuenta con el aval de los tres gremios: ATE, APL y UPCN.

Los 70 trabajadores del programa Conectar Igualdad, que depende del Ministerio de Educación, fueron despedidos. “No sabemos qué va a pasar con el programa pero lo que sabemos es que no quedó ningún trabajador vinculado al programa nacional”, explicó Javier Castrillo, coordinador de investigación y desarrollo del programa que repartía netbooks en las escuelas.

Mientras los trabajadores despedidos organizaron junto a ATE Capital una concentración frente al Ministerio, Castrillo aseguró que “lo más probable es que entreguen el programa a alguna corporación, pero vamos a seguir luchando”.

Posteriormente, el Ministro Bullrich negó los despidos en un comunicado oficial, pero admitió que los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital pasaron a ser coordinados por Educar.ar en reemplazo de la Secretaría de Educación.

Los trabajadores de la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia del Municipio de Quilmes se encontraban bajo medida de fuerza debido a que no tienen asegurada la continuidad laboral.

El viernes 26 la subsecretaría de Niñez y Adolescencia les informó que todos lxs trabajadorxs del Área de Niñez tenían la continuación asegurada, siendo que al 29 de febrero caducaban los contratos de trabajo.

Al día de la fecha se encuentran sin comunicación institucional pertinente a la continuidad laboral, sin contrato y sin cobertura de ART.

Tras el paro y la masiva movilización que encabezó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio reiteró el pedido de audiencia y la convocatoria urgente de paritarias al Ministerio de Trabajo de la Nación.

“La fuerza y el compromiso que nos brindaron los trabajadores en el paro y movilización del 24 de febrero ni lo vamos a dilapidar ni lo vamos a traicionar, al contrario, multiplicaremos nuestro esfuerzo para recuperar a todos los despedidos y exigimos la inmediata reapertura de la paritaria para discutir salario y terminar con la precarización laboral”, remarcó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE.

Continúa el ajuste en los medios

A pesar de que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, Cristóbal López no la acató e impidió el ingreso de los trabajadores de CN23 que se presentaron a trabajar. Esto pasa luego de los 136 despidos que realizó la empresa, siguiendo el proceso de vaciamiento del Grupo 23. Hubo un acto encabezado por el Sindicato de Televisión.

Recordemos que estos despidos masivos en CN23 son parte del proceso de vaciamiento que comenzaron los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel con todos los medios del Grupo 23. El canal de noticias fue adquirido hace muy poco tiempo por el conocido Cristóbal López del Grupo Indalo. Sin embargo, Szpolski y Garfunkel siguen teniendo una parte minoritaria de acciones del canal.

Desiré Cano -militante de La Cámpora y novia (a días de casarse) con Hernán Reibel, quien bajo el gobierno de Cristina Fernández fuera el hombre que manejaba la relación con los medios y la entrega de la pauta oficial-, fue la encargada de efectivizar los 136 despidos realizados el lunes 29 de febrero en el canal CN23.

Notable paradoja, ya que hace apenas algunas semanas Andrés “El Cuervo” Larroque asistía a las movilizaciones contra los despidos en el Grupo 23 mientras que hoy una de los suyos -ex jefa de prensa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, de cercana relación con Agustín Rossi y que ofició como gerenta general de Producciones Periodísticas del grupo Indalo- se transformó en el brazo ejecutor del ajuste en la señal noticiosa de cable.

La cesantía constituye el despido más masivo en años en un medio de comunicación y provocó que el lunes no se emitiera programación durante todo el día.

El sector de medios es uno de los más afectados por los despidos y el ajuste.

Crónica TV, Crónica Diario, BAE, Infojus, son otros ejemplos. “El lunes 29 hicimos una conferencia de prensa en la puerta de la radio con organizaciones políticas, sociales y sindicales para que nos acompañen en la marcha del jueves 3 a la Jefatura de Gabinete, en Plaza de Mayo. Queremos que intervenga el gobierno, directamente Mauricio Macri junto con Marcos Peña, y nos den una solución. La radio es una frecuencia del Estado, con lo cual habiendo desaparecido el supuesto comprador Mariano Martínez y el supuesto vendedor Szpolski, el Estado debería hacerse cargo de la frecuencia con los trabajadores adentro”, declaró Sol Morano de Radio América que lleva 60 días de lucha.

El jueves, luego de cortar la 9 de Julio y marchar a Plaza de Mayo, en una acción de solidaridad, los periodistas acreditados en Casa Rosada lograron forzar una reunión con Jorge Grecco, secretario de Medios y parte del equipo dependiente de la Jefatura de Gabinete, quien comunicó que la gestión continuaría a través de Ezequiel Sabor, número 2 de la cartera laboral.

Al cierre de esta edición, se realizaba una radio abierta con la participación solidaria de Alejandro Dolina, Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda y Juan Pablo Varsky.

Además, Hugo Moyano, Antonio Caló, Hugo Yasky y Pablo Micheli rubricaron un texto dirigido al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para que la cartera laboral abone los Repro (Programa de Recuperación Productiva) a los trabajadores del diario Tiempo Argentino, que siguen sin cobrar el salario de varios meses y el aguinaldo.

La acción convergente de los secretarios generales de los dos CGT y de sus pares de las CTA apunta a “sobrellevar la urgencia económica” que atraviesan los trabajadores de prensa tras el vaciamiento de la publicación por parte del Grupo 23, encabezado por los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Szpolski, señalaron.

En una “Carta abierta a los compañeros del gremio de prensa”, la asamblea de trabajadores del mencionado diario denunció que “la nueva patronal encabezada por Mariano Martínez Rojas, del Grupo M Deluxe, luego de prometer la cancelación de la deuda salarial que mantiene con nosotros y con los compañeros de Radio América, optó por desconocer todos los acuerdos e incumplir sus compromisos y, desde el viernes 5 de febrero, dejó de imprimir el diario generando una situación de lock out”.

El lunes por la tarde, los trabajadores y trabajadoras de La Mañana de Córdoba, realizaron un corte en la calle Maipú frente a la redacción del periódico. Continúan luchando contra el vaciamiento del medio y denunciando que se les adeudan 6 meses de obra social, aportes previsionales y salarios. Son 60 los puestos de trabajo que están en peligro.

Las clases empezaron en las calles

El lunes 29 de febrero fue el inicio del ciclo lectivo, pero la jornada incluyó medidas de fuerza y movilizaciones de docentes de Córdoba, Mendoza, Misiones, Ademys de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, en reclamo de condiciones salariales y de trabajo.

En Neuquén, el gremio ATEN aseguró que el nivel de adhesión al paro provincial fue cercano al 100%.

En Mendoza, el sindicato docente salió a las calles a expresarse en contra del "ítem Aula" con una movilización con más de 10.000 compañeros y compañeras. La adhesión fue del 94 % según indicaron desde el gremio.

En Rosario, la columna docente integrada por maestros de diversas localidades, salió de Plaza 25 de Mayo, acompañada por una delegación de ATE Rosario, del Sindicato de Aceiteros de Rosario y despedidos de la metalúrgica Bambi. Se unieron afiliados al SIPRUS y ATE del sector salud que se manifestaban frente a la sede local del Ministerio de Salud. Más de 3.000 personas marcharon hacia Plaza San Martín. Allí, una columna del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) y del Movimiento Sindical Rosarino, se sumó al acto. Los gremios de la CTA Autónoma reclamaron un salario mínimo de $15.677. Desde el Siprus, piden un básico de $20.000, muy lejano a la oferta salarial más baja que ofreció la provincia (26%).

En Entre Ríos, el paro de Agmer continuaría hasta el martes. En Santa Cruz los docentes están de paro 48 horas y, conjuntamente, se cumple el mismo tiempo de paro por parte de ATE-CTA(A). En Chubut, en el marco del paro docente, una movilización de ATECh recorrió las calles de Comodoro Rivadavia. Allí, el sindicato está denunciando que la Policía provincial del gobernador Mario Das Neves, recorrió escuelas pidiendo el listado de los docentes que se adherían al paro.

En Tierra del Fuego, el SUTEF se movilizó a la Legislatura, en reclamo de las modificaciones al Fondo Solidario y al Impuesto Inmobiliario, y ya ha lanzado el paro desde el miércoles 2 de marzo como parte de la lucha salarial y el pedido de reincorporación de los docentes exonerados, entre otras.

También, cerca de 7.000 docentes y estatales se movilizaron por el centro de la ciudad de Córdoba. En la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, miles de estatales junto a los docentes de los Suteba combativos se movilizaron en el marco del paro provincial convocado por ATE y las seccionales Multicolor opositoras a Baradel. El masivo rechazo a la oferta del gobierno, que expresaron miles de docentes bonaerenses a lo largo de la Provincia, mostraba que si la conducción de SUTEBA se hubiese puesto a la cabeza de la lucha, rompiendo la tregua con el macrismo, se hubiese ido a un no inicio de clases más potente, que era la pesadilla de Macri y Vidal.

En la Ciudad de Buenos Aires, cientos de docentes nucleados en Ademys y la Lista Multicolor en UTE-Ctera se movilizaron al Ministerio de Educación de la CABA.

En la primera reunión de Secretarios Generales de CONADU de este 2016, COAD (universitarios de Rosario) llevó la propuesta de denunciar el último acuerdo salarial, para así obligar a la contraparte, el Gobierno Nacional, a la convocatoria de las paritarias en marzo.

Proponen dirigirse a ambas federaciones y al conjunto de las Asociaciones de base sosteniendo que si el 15 de marzo no hay fecha de convocatoria a negociación salarial, el 16 de marzo se dé comienzo a un plan de lucha, con paro u otras medidas de fuerza, coordinado en el orden nacional.

El Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y la Corriente Pueblo Unido realizaron el jueves una jornada nacional de protesta con movilización al Ministerio de Desarrollo Social ante la falta de respuesta de la Ministra Carolina Stanley, a quien le pidieron que dialogue con las organizaciones populares con el objetivo de dar respuesta a la grave situación económica que están viviendo los/as trabajadores/as informales, de la economía popular y los sectores más humildes de nuestro pueblo.

Movilizaciones similares se realizaron en Córdoba capital, en San Miguel de Tucumán, la localidad rionegrina de Cipolletti, Chaco y Necochea.

Aptash-Fesprosa (trabajadores de la salud del Chaco) resolvió un cese de actividades para los días jueves 3 y viernes 4 de marzo ante la “falta de respuestas” del Ejecutivo provincial al pedido de un 40% de aumento salarial a partir de enero.

"No al ajuste, sí al salario, sí al presupuesto". Bajo esta consigna, los profesionales de la salud bonaerense, nucleados en CICOP, realizaron este lunes 29 de febrero el segundo paro desde que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal. Exigen ser convocados a la paritaria sectorial de salud donde reclaman un incremento del 40%.

El paro de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) se dio en el marco de la continuidad del Plan de Lucha comenzado el 17 de febrero pasado con una Jornada de Protesta, que continuó con la adhesión al paro nacional de estatales realizado el pasado 24 de febrero en conjunto con la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), ATE nacional, CONADU Histórica y la Federación Judicial Argentina. Las próximas acciones gremiales serán decididas en un nuevo Congreso de Delegados el sábado 5 de marzo.

El martes una multitudinaria marcha de trabajadores convocada por la CTA Autónoma Santa Cruz, ATE, ADOSAC, SOEM y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero se hizo presente en la Cámara de Diputados para rechazar el discurso inaugural de Alicia Kirchner.

Represión y aprietes

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denunció este jueves “el secuestro y desplazamiento en un automóvil durante cuatro horas del hijo de la secretaria de Organización de la entidad gremial, Silvia León, en un verdadero intento de intimidación ante las acciones que realiza el gremio”.

Los dirigentes gremiales ofrecieron una conferencia de prensa en la sede sindical nacional de la Avenida Belgrano al 2.500, ocasión en la cual subrayaron que “estas personas se manejaron con absoluta impunidad, con autos de apoyo, recorriendo calles de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pasando por lugares que tienen cámara de video como peajes o la propia casa de León que ve frente a una entidad bancaria”, puntualizaron.

“Ante tanta impunidad y operativo puesto en escena, evidentemente la intención no era robar. En defensa y protección de las personas secuestradas y de León, la ATE reclama a las autoridades nacionales y provinciales la investigación y castigo de los responsables del hecho”, concluyeron.

Esta denuncia se agrega a la presencia policial en la entidad gremial denunciada por Ademys (CABA), la detención arbitraria de un docente denunciada por ATEN (Neuquén) y las amenazas a través de sus hijos al Secretario General del Suteba.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dio curso a la denuncia contra el Estado argentino por el encarcelamiento de Milagro Sala, que había sido presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Ahora el Estado nacional debe responder ante la Organización de las Naciones Unidas por la detención de la referente de la agrupación Tupac Amaru.

En Santiago del Estero fue reprimida una movilización de 4.000 docentes cuando se dirigían a la Casa de Gobierno por reclamos salariales.

Además, mientras el presidente Mauricio Macri abría las sesiones del Congreso Nacional, los trabajadores bancarios, luego de una anunciada movilización contra despidos, fueron reprimidos cerca de las 12:00 al llegar a la Av. 9 de Julio y Av. de Mayo.

En Mendoza, el gobernador Cornejo denunció al Secretario General de ATE, Roberto Macho, la Secretaria de Acción Política, Raquel Blas, y al Secretario General del Sindicato de los Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), Federico Lorite, por entorpecer el tránsito durante la movilización del 24 de febrero pasado. La fiscal Orieta Chaler decidió procesarlos por violar el artículo 194 del Código Penal.

Fuentes: La Izquierda Diario, www.agenciacta.org, www.mariajuliaolivan.com.ar, Infogremiales, Anred, Resumen Latinoamericano, Página 12, Aporrea.org, RosarioPlus, sl24.com.ar, Diario Conclusión, www.ctarosario.org.ar, www.vianoticias.com.ar


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