Publicado en línea el Sábado 21 de abril de 2018

Inti Ocon/AFP/Getty Images Las autoridades de Nicaragua deben dejar de reprimir inmediatamente a los manifestantes y proteger su derecho a protestar, dijo Amnistía Internacional después de que al menos 10 personas murieran y varias otras resultaran heridas o permanecen sin ser localizadas tras una aterradora represión de la disidencia el viernes.
 “La respuesta burda y violenta de las autoridades a estas manifestaciones tiene implicaciones profundamente preocupantes para los derechos humanos en Nicaragua. La matanza de manifestantes, incluidos varios jóvenes estudiantes, que salieron a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica será recordada como uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la nación,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En vez de sembrar terror y demonizar a los manifestantes, el gobierno debe entablar un diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidas las víctimas de la represión estatal, para encontrar una solución pacífica a esta grave situación. El presidente Ortega no puede seguir gobernando sin diálogo, consulta y respeto por los derechos humanos del pueblo nicaragüense.”
Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron el 18 de abril en respuesta a las reformas del sistema de seguridad social. En un discurso de radio nacional el jueves, la vicepresidenta Rosario Murillo habría denunciado a los manifestantes como "vampiros que necesitan sangre para alimentar sus agendas políticas".
La represión estatal de las manifestaciones aumentó el viernes, y Amnistía Internacional recibió reportes de que las fuerzas de seguridad del Estado atacaban a manifestantes en varios lugares, incluida la capital, Managua, y habían rodeado a un grupo de estudiantes en una universidad local.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos nueve periodistas han resultado heridos desde que comenzaron las manifestaciones y al menos a dos les han robado su equipo, mientras que la tranmisión de cinco cadenas de televisión independientes que cubrían los hechos ha sido bloqueada.
Amnistía Internacional llama a las autoridades nicaragüenses a iniciar una investigación expedita, exhaustiva e independiente por parte de las autoridades civiles sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier presunto delito cometido por agentes no estatales. Además, todos los sospechosos de responsabilidad criminal deben ser llevados ante la justicia en juicios justos. El Estado también debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; y generar las condiciones necesarias para garantizar los derechos del pueblo a la libertad de expresión, reunión pacífica y acceso a la información.


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