Publicado en línea el Jueves 26 de abril de 2018

ADEM ALTAN/AFP/Getty Images Una represión sostenida y creciente ha limitado el trabajo fundamental de quienes defienden los derechos humanos en Turquía, y ha dejado a sectores enteros de la sociedad en un estado de miedo constante. Así lo ha revelado un nuevo informe de Amnistía Internacional.
El informe, titulado Weathering the storm: Defending human rights in Turkey’s climate of fear, revela lo escasas que son las áreas de la antaño dinámica sociedad civil independiente de Turquía que no se han visto afectadas por el actual estado de excepción. La represión nacional ha dado lugar a detenciones y destituciones en masa, al vaciado del sistema jurídico y al silenciamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos mediante amenazas, acoso y encarcelamiento.
“Aunque es posible que el encarcelamiento de periodistas y activistas haya ocupado los titulares, el profundo impacto que la represión ha tenido en la sociedad turca en general es más difícil de cuantificar, pero no menos real”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.
“Al amparo del estado de excepción, las autoridades turcas se han dedicado deliberada y metódicamente a desmantelar la sociedad civil, encerrar a quienes defienden los derechos humanos, cerrar organizaciones y crear un asfixiante clima de temor.”
El estado de excepción, declarado en julio de 2016 como medida excepcional temporal tras el golpe de Estado fallido, se renovó por séptima vez la semana pasada. Bajo su imposición, los derechos a la libertad de expresión, a la libertad y seguridad de la persona y a un juicio justo se han visto diezmados. Con ello, se ha roto la última línea de defensa de toda sociedad sana: el trabajo de quienes defienden los derechos humanos.
Las prohibiciones generales de las reuniones públicas en ciudades de toda Turquía han limitado el derecho a la libertad de reunión y asociación. Mientras tanto, más de 100.000 personas se han enfrentado a investigaciones penales y al menos 50.000 han sido encarceladas en espera de juicio. Se ha destituido sumariamente a más de 107.000 empleados y empleadas del sector público.
Procesamiento y detención
Muchos de los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos más destacados del país, entre ellos Taner Kılıç, presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, han sido encarcelados por cargos infundados de “terrorismo”. Sin embargo, sus detenciones son sólo la punta del iceberg.
Se han utilizado leyes antiterroristas y cargos falsos relacionados con el intento de golpe de Estado para atacar y silenciar la disidencia pacífica y legítima. A figuras destacadas del periodismo, del mundo académico, de la defensa de los derechos humanos y de otros sectores de la sociedad civil las han detenido arbitrariamente, las han procesado y, cuando han sido declaradas culpables en juicios injustos, las han condenado a largas penas.
En febrero, los periodistas Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan y Mehmet Altan recibieron penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por “intentar derrocar el orden constitucional”, simplemente por llevar a cabo su labor periodística. El abogado de derechos humanos y columnista Orhan Kemal Cengiz podría ser condenado a la misma pena por formular críticas en las redes sociales, en actos oratorios y en sus columnas. Está previsto que la decisión sobre su caso se anuncie el 11 de mayo.
La Dra. Şebnem Korur Fincancı, defensora de los derechos humanos, dijo a Amnistía Internacional: “En casa tengo una bolsa siempre preparada” por si la detienen. Osman İşçi, secretario general de la Asociación de Derechos Humanos, dijo a Amnistía Internacional: “El objetivo es mantener el clima de temor. Es arbitrario. No es predecible. No se puede impugnar en la práctica, así que la situación es de impunidad”.
Intimidación y silenciamiento de la disidencia
La represión de la disidencia ha tenido un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión en todo el país. Tal como contó a Amnistía Internacional la abogada y defensora de los derechos humanos Eren Keskin, que se enfrenta a 140 procesamientos diferentes, una prohibición de viajar y penas de prisión pendientes de apelación: “Intento expresar mis opiniones libremente, pero también soy muy consciente de que tengo que pensármelo dos veces antes de hablar o escribir”.
Cuando, el 20 de enero de 2018, comenzó la ofensiva del ejército turco en Afrín, en el norte de Siria, cientos de personas que expresaban su oposición a la intervención fueron blanco de ataques. Según el Ministerio del Interior, hasta el 26 de febrero, 845 personas habían sido detenidas por publicar mensajes en las redes sociales, 643 estaban sometidas a procedimientos judiciales, y 1.719 cuentas de redes sociales estaban siendo investigadas en relación con Afrín.
Un activista de derechos humanos, Ali Erol, estuvo cinco días bajo custodia policial después de publicar en Twitter una imagen de un olivo junto a etiquetas contra la guerra. Se enfrenta a una investigación penal por “propaganda de una organización terrorista” y por “incitar a la gente al odio y la enemistad”.
En marzo, más de 20 estudiantes fueron puestos bajo custodia policial por participar en una protesta contra la guerra organizada en el recinto universitario. Diez de ellos fueron posteriormente enviados a prisión en espera de juicio.
Cierre de ONG y marginación de grupos
Más de 1.300 ONG han sido cerradas de forma permanente en virtud del estado de excepción por vínculos no especificados con organizaciones “terroristas”. Entre ellas hay organizaciones que realizaban una labor fundamental en apoyo de grupos tales como las personas supervivientes de violencia sexual y otro tipo de violencia de género, personas desplazadas y menores de edad.
Zozan Özgökçe, de la Asociación de Mujeres de Van, dijo a Amnistía Internacional: “Ahora mismo existe una enorme brecha en la prestación de asesoramiento y apoyo a las personas supervivientes. Realmente me parte el alma”.
La organización, que estaba excepcionalmente situada para ayudar a las mujeres de comunidades rurales difíciles de alcanzar en el este de Turquía, ayudó a dar a conocer los abusos sexuales infantiles y a proporcionar formación en liderazgo y economía a estas mujeres. Ahora está clausurada.
Las organizaciones LGBTI hablan de que la prohibición, en varias ciudades, de eventos públicos como desfiles del orgullo gay o festivales de cine las está volviendo “invisibles”.
Un activista contó a Amnistía Internacional: “Hoy, la mayoría de las personas LGBTI de Turquía viven con más miedo que en ningún otro momento de nuestra historia. Con la represión general de la libertad de expresión, las personas LGBTI sienten que el espacio donde pueden ser ellas mismas se está reduciendo drásticamente”.
“Las medidas extraordinarias se están normalizando cada vez más en Turquía; sin embargo, pese a los ataques violentos, perniciosos y deliberados contra personas y grupos, en Turquía aún queda gente valiente dispuesta a ponerse en pie y hacerse oír”, ha manifestado Gauri van Gulik.
“La comunidad internacional debe ponerse en pie con ella y pedir a las autoridades turcas que levanten las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, que pongan fin a la represión de las libertades y que eliminen el clima de temor e intimidación.”


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