Publicado en línea el Jueves 26 de abril de 2018

© Amnesty International/Gustavo Luis Pereira Verly
Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“Quienes alzan su voz con valentía para defender sus tierras y el medio ambiente son atacados a menudo por su labor. Estos ataques tienen un impacto devastador en su bienestar físico, mental y emocional, así como en el de sus familias y comunidades”, dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de Perú y Paraguay deben dejar inmediatamente de usar indebidamente sus sistemas de justicia penal para perseguir a personas defensoras de los derechos humanos, obstruir su labor y asustarlas para que guarden silencio. En lugar de criminalizar a personas por defender sus tierras y recursos naturales, ambos Estados deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlas”.
Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay documenta cómo las autoridades utilizan el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación para menoscabar y obstruir los esfuerzos comunitarios dirigidos a proteger sus derechos a la tierra o sus recursos hídricos.
La mayoría de las amenazas y ataques que ha documentado Amnistía Internacional en los últimos años contra las personas que defienden los derechos humanos en las Américas se dirigieron contra comunidades u organizaciones dedicadas a los derechos medioambientales, al territorio y la tierra.
El informe revela que las autoridades de Paraguay someten a líderes de las comunidades a difamación, desalojos forzosos y procesos judiciales infundados para impedir que lleven a cabo su trabajo por los derechos humanos y disuadir a otras personas de denunciar injusticias. También documenta cómo la policía de Perú estigmatiza a las personas defensoras ambientalistas y de los derechos relacionados al acceso a la tierra, recurriendo incluso al uso de fuerza excesiva contra quienes se manifiestan contra proyectos de minería.
El informe destaca casos emblemáticos como el de Raúl Marín, abogado de derechos humanos paraguayo que sufre a menudo acoso y estigmatización debido a su trabajo. El 13 de enero de 2016, la policía lo detuvo arbitrariamente mientras prestaba asistencia letrada a personas desplazadas forzosamente de la comunidad urbana de San Lorenzo. Tras permanecer detenido un mes, estuvo más de dos años bajo arresto domiciliario por presunta “obstrucción a la justicia”.
Raúl, que también está acusado desde 2015 de dos delitos de invasión de inmueble ajeno ha denunciado varias trabas a su derecho a la defensa, entre ellas la denegación de acceso a su expediente durante meses. Tras examinar el caso que se sigue contra Raúl, Amnistía Internacional no encontró ninguna prueba que respaldara los cargos. A la organización le preocupa que las autoridades paraguayas estén haciendo un uso indebido de la ley para obstaculizar el trabajo de Raúl en favor de familias y comunidades cuyos derechos a la tierra se están violando.
El informe documenta otro caso emblemático en Perú, donde la policía detuvo el 26 de abril de 2013 a 16 dirigentes comunitarios que hacían campaña para proteger sus tierras y recursos hídricos frente al proyecto minero de Conga, en la región septentrional de Cajamarca. La fiscalía los acusó de secuestro y coacción, y solicitó penas de más de 30 años de prisión.
Amnistía Internacional concluyó que los fiscales basaban sus argumentos en testimonios contradictorios e indirectos, y que no presentaron ninguna prueba de los presuntos delitos durante las vistas públicas a las que asistió la organización. El 28 de marzo de 2017, un tribunal sobreseyó la causa por falta de pruebas.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Perú y Paraguay que reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de los derechos medioambientales, del territorio y los relacionados al acceso a la tierra; que dejen de usar indebidamente el sistema de justicia para hostigarlos y desacreditarlos; que identifiquen y sobresean todas las actuaciones penales infundadas contra ellos; y que investiguen y pongan a disposición judicial a todos los responsables de ataques contra ellos.
Además, ambos Estados deben incorporar consideraciones de género y etnicidad en las políticas públicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos, y tomar medidas para combatir las causas estructurales de la violencia contra estas personas, incluidas la impunidad, la estigmatización y la discriminación.


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