Publicado en línea el Martes 8 de marzo de 2016, por Servindi

Fotografía: Radio Progreso

En ese sentido, urgió a las autoridades competentes "a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que estos asesinatos hayan estado motivados por las actividades de estos líderes indígenas como defensores de derechos humanos."

Santos Matute, una de las víctimas, era integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 19 de diciembre de 2013.

Esto en razón de las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ por su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa.

A través de un comunicado, el organismo supranacional solicitó al Estado hondureño "adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos."

Desprotección del Estado

Respecto a la medida cautelar otorgada el 2013 a Santos Matute, la CIDH recalcó que con ésta las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba dicha persona.

En ese sentido agregó que "resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma (medida cautelar)."

El organismo finalmente recordó que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia.

Cabe precisar que en un informe de la CIDH, sobre la situación de derechos humanos en Honduras, publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH analizó con preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada.

El informe indica en la publicación que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes.


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