Publicado en línea el Jueves 31 de mayo de 2018, por Mariano Martín

Tridente. Lucas Fernández Aparicio (izquierda), el encargado en Trabajo de neutralizar a los metrodelegados, junto a Pitrau y a Triaca.

La agudización del conflicto en el subte expuso un cambio en la estrategia del Gobierno, que pasó de una tensa pero sostenida negociación con los metrodelegados (Agtsyp) a tomar la determinación de desplazarlos por completo de la actividad. El viraje coincide con la inminente licitación de la operación del servicio y con el ascenso en el Ministerio de Trabajo de un exfuncionario de Transporte, Lucas Fernández Aparicio, que en apenas dos años y medio de gestión de Cambiemos se hizo conocido por todos los gremios aeronáuticos y ferroviarios como gestor de divisiones e intervenciones.

Esta semana quedó en evidencia el volantazo. La concesionaria inició un proceso judicial de exclusión de tutela sindical de tres gremialistas (dos miembros de la Comisión Directiva de Agtsyp y un delegado) a pedido del Ejecutivo con vistas a su despido con causa al relacionarlos con supuestos "incidentes y agresiones" en la protesta con levantamiento de molinetes del jueves pasado. También el Ministerio de Trabajo comenzó a explorar atajos para darle intervención a la Comisión de Garantías para la definición de "servicios esenciales" durante la vigencia de un conflicto de modo tal de ponerles límites a las eventuales medidas de fuerza.

Otro indicio fue que la Subsecretaría de Trabajo porteña, que encabeza Ezequiel Jarvis, no dictase la conciliación obligatoria cuando los metrodelegados decretaron ese mismo jueves un paro de actividades hasta que Norberto Segovia, que había sido detenido a media mañana, recuperase su libertad, lo que ocurrió recién por la noche. En ese sentido tanto la administración de Horacio Rodríguez Larreta como la cartera laboral nacional coincidieron en la necesidad de una profundización del conflicto.

Hasta ese momento los delegados había promovido levantamientos de molinetes circunstanciales (hoy habrá otro en la línea E de 17 a 20) sin interrupciones del servicio y, según admiten funcionarios y gremialistas, con buena recepción por parte de los usuarios. El panorama más favorable a Cambiemos era una medida de acción directa que incluyera la paralización del servicio, lo que se concretó con la detención de Segovia y lo que también preveían los funcionarios con los despidos anunciados por Metrovías.

Los metrodelegados identificaron como nuevo protagonista de la pulseada a Fernández Aparicio, y en el entorno del funcionario reconocieron que asumió el manejo del conflicto. Su desembarco en Trabajo se produjo a instancias del decreto de reordenamiento de ministerios que dictó Mauricio Macri en febrero y que, paradójicamente, le permitió a Jorge Triaca duplicar las secretarías de su cartera. Fernández Aparicio asumió entonces como secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales con amplias facultades que absorbió de sus pares Horacio Pitrau y Miguel Ponte, como el manejo de los subsidios Repro y de oficinas de Empleo en todo el país, entre otros.

El ascenso de Aparicio en la administración pública fue vertiginoso: venía de desempeñarse como subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad social, en la misma cartera, y antes como director de la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte. A las órdenes del ministro Guillermo Dietrich actuó también como administrador general de Ferrobaires, a mediados del año pasado, en un proceso que incluyó despidos de trabajadores ferroviarios y, a principios de este año, el cierre de ese ramal.

Su tarea estuvo desde el inicio de la gestión de Cambiemos ligada al vínculo con los gremios. De hecho Fernández Aparicio se presenta como exdirigente sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con una relación estrecha de años con su titular, Andrés Rodríguez. La conducción de Agtsyp (el sindicato que rivaliza con la Unión Tranviarios Automotor por la representación de los empleados del subte) afirmaron que está en preparación una demanda penal contra los funcionarios señalados como responsables de lo que, entienden, sería un hostigamiento.

Antes de su arribo a Trabajo tuvo dos actuaciones que signaron su relación con el sindicalismo: la más sonada fue su intervención el año pasado en la paritaria del sector aeronáutico, donde varios dirigentes coinciden en que se abocó a romper la unidad gremial para generar acuerdos salariales individuales. No lo consiguió y sólo acercó al Ejecutivo a Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, los tripulantes de cabina), que por esa razón fue excluido del frente conformado por el resto de los sindicatos, los pilotos de APLA y UALA, los técnicos de APTA, el personal superior de UPSA y los empleados en tierra de APA.

La otra fue la intervención de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) que dispuso el Ministerio de Trabajo pero que tuvo en Aparicio a su gestor principal, basada en supuestas irregularidades en el proceso electoral de esa organización. Se trata de un gremio de jerárquicos pequeño pero estratégico por su inserción en el bloque de sindicatos ferroviarios que también integran los maquinistas de La Fraternidad, la mayoritaria Unión Ferroviaria y los señaleros.


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