Publicado en línea el Viernes 1ro de junio de 2018, por Miradas del Centro

En agosto de 2017, en su Boletín de Noticias número 7 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informaba de los cambios en el INAI, en donde, “en el marco de una reestructuración de los equipos de trabajo, la directora nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, licenciada Jimena Psatakhis”, asumía la presidencia del INAI), en reemplazo de Raúl Ruidiaz. Allí mismo se deba cuenta de que “los programas, actividades y políticas públicas del Instituto continúan con su funcionamiento sin ninguna alteración”… Sin embargo, no fue así.

En diálogo con Miradas del Centro, Lisandro Arijón, delegado de ATE del INAI, señaló que “la gestión del Instituto nos comunicó que iban a reducir a 45 trabajadores la planta del Instituto, por una decisión del Ministerio de Modernización, a través de un análisis al que llaman de dotación óptima”. Un análisis del que no saben en qué consiste, de qué manera se lleva adelante ni tampoco los resultados. “Lo que sí sabemos es que, desde hace dos años, el Instituto está paralizado: pasamos del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y estuvimos más de un año paralizados administrativamente”, indicó Arijón.

Luego de ese parate, el INAI tuvo su cambio de presidente, tal lo que transcribíamos del Boletín: de un familiar de Avruj a Jimena Psatakhis, que el día de su llegada al Instituto coincidía llamativamente con el de la desaparición de Santiago Maldonado. Desde ese entonces, “el Instituto no ejecuta el presupuesto y no lleva adelante ninguna de las políticas públicas que las leyes le otorgan como incumbencias”. Desde ATE remarcan que la solución no reside en echar trabajadores, sino por el contrario: “los pueblos originarios y las comunidades de todo el país necesitan más políticas públicas, más trabajadores, más derechos. Esperamos que se reviertan estos despidos, que es lo que estamos buscando todos los trabajadores”.

La delegación de ATE se reunió con Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación (de quien depende políticamente el Instituto), y se comprometió en volver a dialogar con el Ministerio de Modernización para intentar resolver la situación. Bajo el proceso nacional de ajuste –endeudamiento con el FMI, achicamiento del Estado-, los trabajadores del INAI denuncian que “esta gestión de gobierno desfinanció el INAI y subejecuta desde 2016 el bajo presupuesto que quedó asignado al Instituto“. Por su parte, el Ejecutivo alega la necesidad de “una reducción de personal para alcanzar la dotación óptima” como fundamento de los despidos, resultado de ese informe del Ministerio de Modernización del que nada informan desde esa cartera.

Entretanto, miles de comunidades originarias siguen sin tener reconocidos sus territorios. “Mientras los derechos básicos de los Pueblos Originarios sean vulnerados y sigan sin tener acceso al agua potable, la salud, la educación intercultural bilingüe, la vivienda digna, entre otras cuestiones, son necesarios más trabajadorxs a fin de fortalecer las políticas públicas en materia de derecho indígena“, recalcan las y los trabajadores del INAI en un comunicado.

Las y los laburantes del INAI se encuentran en estado de alerta y movilización, y de asamblea permanente desde el mismo día en que fueron informados. Este jueves tendrán una nueva reunión con el equipo de Avruj, “para que nos digan de qué manera van a seguir adelante con el INAI. Si echan a un solo trabajador, el Instituto no va a poder funcionar y las comunidades van a estar peor de lo que están ahora”, indicó Arijón.

El delegado de ATE en el INAI destacó la importancia del apoyo de organizaciones (como el Servicio de Paz y Justicia) y comunidades indígenas de todo el país, “que están expresándose vía comunicados para que no desguacen, no vacíen de presupuesto y no echen trabajadores”. Apoyos por demás gratificantes y reparadores, ya que “son actores de la sociedad que están cerca de las comunidades, que conocen la problemática, y que saben muy bien que si no ejecutan el presupuesto, si no activan las distintas políticas públicas que el INAI lleva adelante y si no revierten los despidos, el conflicto va a ser mucho más grande”.

Uno de esos apoyos fue brindado por la Confederación Mapuche de Neuquén, en un comunicado fechado el 18 de mayo. Titulado ‘Quieren desguazar el INAI’, integrantes de esa confederación enumeran: “Como si la deuda histórica de respetar los derechos indígenas, ya estuviera cumplida. Como si el relevamiento, que es la base para las restituciones territoriales, estuviera finalizado luego de 12 años de vigencia de la Ley 26.160. Como si los pasos hacia un Estado plurinacional ya estuvieran dados. Como si la promesa que hicieron a Félix Díaz de convertir al INAI en Ministerio y que el líder Qom creyó, fuera algo serio… Y muchos etcéteras más”.

Continúan el documento: “El gobierno de Macri, a través del Ministerio de Modernización, decide e informa que va a reducir la planta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en un 25%. De esta manera, un instituto que, desde el arranque, no tiene jerarquía administrativa, autonomía jurídica, un presupuesto a la altura de la tarea de relacionarse con más de 40 naciones originarias del país, será reducido a su mínima expresión, para luego hacerlo desaparecer. El objetivo es transferir su tarea incumplida a las provincias, donde la impunidad, el autoritarismo y el racismo están a la orden día”.

“Los trabajadores y sus sindicatos, ¿permitirán semejante castigo? Somos conscientes que esto es mucho más que un tema sindical, y tiene que ver con un modelo que quiere reducir la capacidad del Estado para dejarlo todo en manos de las corporaciones. Naciones preexistentes y trabajadores juntos en esta resistencia”, concluyen desde la Confederación Mapuche de Neuquén.

¿Qué es el INAI y a qué se dedica?

Según el sitio web del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (http://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos-inai), el INAI es un organismo descentralizado creado por la Ley 23302, en 1985, que implementa las políticas sociales destinadas a los pueblos originarios. Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía y garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75, Inc.17) y normativa vigente Convenio 169 OIT, Ley 24071, destinada a un sujeto colectivo de derecho: las Comunidades Indígenas y los Pueblos Indígenas a los que pertenecen, garantizando a su vez la participación y consulta de los mismos en su diseño y ejecución, y articulando con las provincias en razón de las facultades concurrentes y el federalismo concertado.

El INAI presta atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país para asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa.

Integrado por las direcciones de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas; de Desarrollo de Comunidades Indígenas; y de Afirmación de los Derechos Indígenas, desde el INAI se desarrollan y coordinan políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas. Impulsan la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus formas de organización tradicional y sus valores.

Durante los ‘90, la oficina del INAI articulaba y monitoreaba programas diseñados y subvencionados por organismos financieros internacionales, o bien financiaba otros cuya aplicación y desarrollo corría por cuenta de diferentes ONG. No consolidaba una estructura territorial (planta formalizada con cargos concursados) que abarcara las múltiples realidades y necesidades de los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país.

A partir del 2003, el INAI inició un proceso de crecimiento en su estructura y cantidad de trabajadores, en consonancia con un mayor desarrollo de las políticas públicas orientadas a los Pueblos y Comunidades Indígenas (Decreto N° 410/2006), que se consolida con la sanción de la Ley Nacional N° 26.160 en 2006, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Un avance notable en la política pública y la legislación destinada a los Pueblos Indígenas, inédito e histórico en nuestro país, consolidado por la labor y voluntad de las Organizaciones Indígenas territoriales y de los trabajadores del Instituto.

La magnitud de la tarea se plasmó, entre muchos hechos, en el relevo de más de 800 Comunidades Indígenas y más de 1.456 Comunidades con personería jurídica inscripta en el INAI y en los organismos provinciales competentes, pertenecientes a 38 Pueblos Indígenas diferentes, asentadas en todas las provincias del país. También se cuentan los proyectos socios productivos desarrollados; los trabajos en salud, educación y cultura; y la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI), espacio institucional de consulta y participación de 126 representantes elegidos por las Comunidades Indígenas, por Pueblo Indígena y por provincia.


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