Publicado en línea el Viernes 1ro de junio de 2018, por ANRed

El Gobernador Cornejo envió a cada rincón de la provincia al Secretario de Ambiente, el diseñador gráfico Humberto Mignorance, y a la Directora de Protección Ambiental, la ingeniera Miriam Skalany, a desmentir que el Fracking produce contaminación alguna, priorizando el lobby petrolero por sobre su función de realización de controles correspondientes.

A la salida de unas de esas charlas de promoción de Fracking de los funcionarios ambientales del gobierno, vecinos autoconvocados de San Rafael se concentraron el pasado 22 de mayo y realizaron una protesta. En esa concentración, un policía se tiró de su moto y culpó a los manifestantes pese a que existen vídeos que demuestran que nadie lo agredió y que se cayó sólo. Por esa caída, el vecino Mauricio Guajardo fue denunciado por “lesiones dolosas graves” y se encuentra detenido desde hace una semana.

Esta detención se suma a los más de once imputados en San Carlos por detener el 26 de abril el paso de uno de los camiones que llevaba implementos para el Fracking. En esta acción, participaron estudiantes de un Instituto de Educación Superior, cientos de vecinos de todo el Valle de Uco, representantes de distintos espacios políticos, concejales, funcionarios y hasta el mismísimo intendente del departamento. Solo un puñado de los asistentes se encuentran imputados por el juez federal Walter Bento. Entre los imputados, también hay menores de 16 años que estaban en el colegio y no fueron a la ruta. Todos eran parte de una misma lista de firmas pidiendo una ley contra el Fracking que en ese momento aún no se entregaba en la Legislatura. Los menores fueron obligados a declarar en la Justicia Federal, como los narcotraficantes o tratantes de personas.

Además, otros ocho vecinos se encuentran imputados por manifestarse pacíficamente en una marcha de media calzada, que no interrumpía el escaso tráfico que circula a esa hora en el pueblo la noche del mismo 26 de abril en la Plaza de Tunuyán. Entre los citados a indagatoria se encuentra un Diputado Provincial del PJ y una concejal de su misma fuerza política, quienes hicieron uso de sus fueros.

También en la última semana se efectuaron dos denuncias, promovidas por intendentes, concejales y diputados de Cambiemos: contra la maestra que mandó un audio a su familia contando lo que sabía acerca del Fracking y contra Esteban Servat, el científico que descubrió y difundió la contaminación que produjeron los pozos de Fracking explotados sin reglamentar el año pasado. La denuncia contra Gisela Gauvron fue presentada en la fiscalía de General Alvear porlos diputados de Cambiemos Gustavo Ruiz, Casado de San Rafael, Maricel Arriaga de General Alvear y el concejal Martín Serrano.La causa se abrió para averiguar la posible comisión del delito de intimidación pública, delito cuya pena está prevista de 2 años a 6 años de prisión. Mientras que Esteban Servat fue querellado por el propio intendente de General Alvear, Walter Marcolini, por “caluminas e injurias” ante las declaraciones del biólogo pidiendo “que se ponga al frente del Pueblo en contra del fracking.” La audiencia de conciliación fue realizada el 29 de mayo y el intendente no se presentó a declarar, quizás intimidado por la fuerte presencia de vecinos que se agolparon en la Fiscalía a acompañar al científico.

Todos estos casos evidencian que en Mendoza pronunciarse contra el Fracking significa correr el riesgo de terminar imputado o detenido, lo que claramente es una estrategia de Cornejo para desmovilizar la creciente oleada de organización y protesta del pueblo. En Mendoza, Cornejo y sus secuaces criminalizan la protesta: los paladines de la democracia y la República no toleran las voces disidentes. Por eso, crece desde las asambleas y las distintas organizaciones un reclamo: “Ni una sola persona más presa o judicializada por luchar. Basta de persecución”.


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