Publicado en línea el Sábado 2 de junio de 2018, por Página/12, Tomás Lurkin

El ministro Nicolás Dujovne fue el encargado de hacer el anuncio junto con su par de Modernización, Andrés Ibarra. Imagen: Jorge Larrosa

Congelar la incorporación de trabajadores en el sector público durante dos años y reducir el presupuesto para las empresas públicas son los principales componentes del ajuste en el Estado nacional anunciado desde la Casa Rosada. Las medidas definidas por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como un paquete de “austeridad y transparencia para el ahorro” buscarán recortar el gasto en 20.400 millones de pesos al año. Con la bandera de la reducción del déficit fiscal en alto, el paquete contempla la terminación de, por lo menos, los 7000 puestos de trabajo estatales que están canalizados a través de convenios con distintas universidades nacionales. El ajuste será instrumentado con un decreto que las autoridades darán a conocer la próxima semana en el Boletín Oficial.

“Tenemos que bajar el gasto. Esto tiene que ver con igualar el funcionamiento del Estado con lo que ocurre en el sector privado. Los privilegios del sector público tienen que terminarse”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, que participó del anuncio aunque se retiró de manera anticipada sin responder preguntas. En un intento por legitimar los recortes, los encargados del anuncio enfatizaron que solo podrán viajar al exterior en clase ejecutiva los funcionarios con cargo de ministro. El beneficio, claro está, también será extensivo a la vicepresidenta y el presidente. Las medidas como el congelamiento de las nuevas contrataciones alcanzan también a quienes se les venzan sus contratos a fin de año.

“Puede sonar poco en términos de ahorro: 20 mil millones de pesos al año. Pero es dinero disponible para bajar el déficit. Es gasto improductivo. Es un paso más en el proceso de reforma permanente”, explicó el encargado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que este fin de semana define si viaja a Washington para dar las puntadas finales a las negociaciones para obtener un crédito con el organismo multilateral. Como Dujovne abandonó el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada antes de terminar los anuncios, el encargado de las precisiones fue Ibarra. “No tiene nada que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es importante para darle la señal a los argentinos de cómo vamos a lograr la reducción del déficit”, consideró el funcionario para quien los anuncios forman parte de “un proceso permanente de transformación del Estado, son medidas que tienen que ver con hablar de austeridad y transparencia para el ahorro”.

El anuncio de Dujovne e Ibarra iba a realizarse por la mañana en el Palacio de Hacienda pero las autoridades retrasaron el evento y modificaron la locación cuando ya arrastraban una hora de demora para eludir la presencia de una treintena de trabajadores del ministerio pertenecientes al gremio ATE que cuestionaban el ajuste en esa dependencia (ver aparte). Otros aspectos previstos entre las medidas de ajuste son la suspensión del pago de adicionales para trabajadores estatales y la revisión de la estructura de personal en los organismos descentralizados. Los anuncios incluyeron además una minimización en la flota de vehículos oficiales que, a partir de la próxima semana, solo podrán ser utilizados por los funcionarios con cargo de secretario o superior. El ajuste propuesto sobre los trabajadores estatales y, en menor medida, las erogaciones de los funcionarios jerárquicos comienza a allanar el terreno para la reducción del gasto en materia de obra pública, seguridad social –jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares– y subsidios que acompañará al acuerdo stand-by.

De acuerdo a las promesas de Ibarra, el Estado nacional aplicará una política de “ingreso cero”. Así, a partir de julio, no habrá nuevas contrataciones en la Administración Pública Nacional. Como exención a la regla, el funcionario postuló a la “alta gerencia”, las fuerzas armadas, las policías y el Conicet. Adicionalmente, los ministros destacaron que las contrataciones de trabajadoras a través de convenios de asistencia técnica con las universidades nacionales quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre. La decisión deja a merced de la “decisión de cada ministerio” los puestos de 7000 trabajadores que hoy están empleados bajo esa modalidad. “No quiere decir que esas personas no sigan trabajando. Cada ministerio resolverá la continuidad bajo otra forma de contratación”, consideró Ibarra, que también anticipó la suspensión de “todo tipo de bonificaciones y premios vigentes” para los trabajadores estatales. El “Plan de control y reducción de gastos en la Administración Pública Nacional” prevé además un ajuste sobre las erogaciones fiscales que demandan un conjunto de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Fadea, Radio y Televisión Argentina, Casa de la Moneda y YCRT.

@tomaslukin


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