Publicado en línea el Lunes 4 de junio de 2018, por Agencia Andar/CPM

(Agencia Andar) Marta Pascual, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, tenía bajo su tutela a Federico Zalazar y debía velar por sus derechos mientras cumplía su condena. Fue la jueza que ordenó su traslado al centro cerrado para jóvenes adultos de Virrey del Pino, la que negó cinco veces el pedido de su familia para que vuelva a estar alojado en el Instituto Almafuerte. El día de la muerte de Federico, por orden de Pascual, la familia fue notificada recién ocho horas después, por teléfono y por intermedio de una psicóloga.

A casi dos meses de su muerte, familiares y amigos de Federico Zalazar realizaron una jornada en las puertas de los tribunales de Lomas de Zamora para denunciar la impericia de la jueza Pascual como primer eslabón de una cadena de responsabilidades que terminó el 9 de abril. “No queremos que sea un pibe más, queremos que los jóvenes en el sistema penal juvenil tengan las posibilidades que Fede no tuvo”, dice su tía Karina Acosta.

Federico tenía 19 años, el 9 de abril murió luego de ser agredido por otros jóvenes en el módulo 2 del centro cerrado Virrey del Pino. Su compañero logró escapar y encerrarse en un baño desde donde pidió ayuda a los gritos para que intervinieran los asistentes de minoridad y miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense. “Hoy, su amigo está con resguardo físico pero sigue en Virrey del Pino. Estamos preocupados por él, la justicia tiene que sacarlo de ahí”, agrega Karina.

Desde el 2014, con el desembarco del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando la implementación de las lógicas propias de las cárceles para adultos. Esta carcelización del centro cerrado se tradujo en prácticas de aislamiento permanente que exacerban los pensamientos violentos de los jóvenes, torturas físicas y psicológicas, y la gestión de la violencia como forma de gobierno del lugar. “Fue la crónica de una muerte anunciada, ni la justicia ni el organismo provincial de niñez hicieron nada para prevenirlo. Y ahora tampoco están haciendo nada para investigar las responsabilidades institucionales”, resume Laura Taffetani, abogada de la familia.

La causa por la muerte de Federico tramita en la unidad fiscal especializada en homicidios de San Justo y hay tres jóvenes imputados. En simultáneo, la familia exige que se investigue el rol de los agentes de minoridad y penitenciarios durante el hecho. “El fiscal nos dijo que iba a dar parte a la fiscalía de violencia institucional para que inicie la otra causa, pero todavía no hay nada. Existen hechos concretos en cuanto al rol de los responsables del centro cerrado que ameritan la investigación, ellos tuvieron un rol determinante para que esto suceda”, agrega Taffetani.

“El director del centro cerrado había decidido juntar a pibes de distinto módulos, aun cuando estaba notificado de que existían problemas. El mismo maestro había escrito un informe advirtiendo que había peleas y que no podían juntarlos. Ese día, además, las cámaras no tomaron nada porque habían sido dadas vueltas contra la pared”, señala Karina.

Luego de la muerte de Federico, los jóvenes relataron a las autoridades judiciales que las peleas eran habituales, que existían muchas facas en el lugar, que es habitual el consumo de sustancias estupefacientes y que tienen que estar todo el día luchando para preservar su vida, su integridad y sus cosas. También describieron que los directivos y el personal del Organismo de Niñez y del Servicio Penitenciario Bonaerense estaban al tanto de todos esos problemas y que no hacían nada.

La cadena de responsabilidades está a la vista. Todos los agentes que estaban en el centro cerrado de Virrey del Pino podían prever esta muerte. “Hubo hechos antes y después de la muerte de Fede. La ausencia del Estado es notable y nadie cuida a los pibes en el sistema penal juvenil. La propia mamá había entregado a Fede, confió en la justicia y creyó que este espacio iba a poder resarcir su falta con la sociedad”, lamenta Karina y reclama que el centro sea intervenido, Y que los funcionarios de niñez gestionen estos espacios. “No hay cupos pero siguen entrando pibes, no hay talleres, el servicio penitenciario está copando todo. Y Pilar Molina [directora del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires] nunca respondió un mensaje de la familia”.

En esa misma línea, la CPM reclamó tras la muerte de Federico que se clausure el centro cerrado porque no se respeta la normativa vigente ni el derecho protectorio de los jóvenes, no se implementan políticas y programas para la responzabilización juvenil o su reinserción, no existen dispositivos de tratamiento psicológico o de adicciones ni espacios educativos adecuados.

“El sistema penal juvenil tiene todas las herramientas para funcionar pero no sucede. Y estas madres tienen el coraje de levantar esas banderas. Es importante que la justicia condene a los responsables por la muerte de Federico porque cuando la justicia consagra la impunidad demuestra que la muerte de nuestros jóvenes es una política de Estado”, cerró la abogada de la familia.


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